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El caso Lindsay Clancy: enfermedad mental, responsabilidad personal y el riesgo de convertir al médico en culpable sustituto

 Opinión

El proceso penal contra Lindsay Clancy ha reabierto una discusión necesaria sobre la depresión y la psicosis posparto, pero también ha producido una narración peligrosa: la tendencia a desplazar hacia sus profesionales tratantes la responsabilidad por la muerte de sus tres hijos. Reconocer la gravedad de la enfermedad mental materna y exigir una atención sanitaria competente es indispensable. Sin embargo, ninguna de esas obligaciones autoriza a convertir retrospectivamente un desenlace atroz en prueba automática de mala práctica médica, ni a confundir enfermedad mental con ausencia inevitable de responsabilidad.

Clancy admitió haber causado la muerte de Cora, Dawson y Callan. La controversia penal no se centró en la autoría material, sino en si, al momento de los hechos, una enfermedad mental le impedía apreciar sustancialmente la ilicitud de su conducta o ajustar sus actos a las exigencias de la ley. La defensa sostuvo que padecía psicosis posparto y que actuó bajo el dominio de una voz imperativa. La Fiscalía aceptó que atravesaba una enfermedad depresiva grave, pero argumentó que comprendía lo que hacía, planificó sus actos y conservó capacidad de decisión. El juicio concluyó sin veredicto unánime, no con una declaración definitiva de inocencia, inimputabilidad o culpabilidad.

Este punto es fundamental. Un juicio nulo no demuestra que la defensa tuviera razón, pero tampoco confirma la tesis acusatoria. Significa únicamente que el jurado no alcanzó la unanimidad exigida. Del mismo modo, las demandas civiles presentadas contra los profesionales que atendieron a Clancy no prueban que estos hayan actuado negligentemente. Alegar mala práctica es distinto de demostrarla.

La enfermedad mental no elimina automáticamente la voluntad

Una persona puede sufrir depresión mayor, ansiedad grave, insomnio, pensamientos suicidas e incluso síntomas psicóticos sin que de ello se siga automáticamente la pérdida total de responsabilidad. La pregunta jurídica no es simplemente si estaba enferma, sino cuál era el efecto concreto de esa enfermedad sobre su entendimiento y su voluntad durante los homicidios.

La afirmación de que Clancy escuchó una voz masculina que le ordenó matar a sus hijos debe examinarse con seriedad, pero también con rigor probatorio. Clínicamente es posible que una alucinación aparezca de manera aguda o que una experiencia imperativa ocurra una sola vez. No corresponde negar esa posibilidad por intuición. Sin embargo, que algo sea clínicamente posible no demuestra que haya ocurrido en un caso específico.

La supuesta voz no fue documentada por sus profesionales antes de los hechos y, según los testimonios difundidos, no fue comunicada durante las consultas previas. Su aparición retrospectiva obliga a estudiar la consistencia del relato, su evolución durante las entrevistas y su concordancia con los demás elementos objetivos. Debe diferenciarse una alucinación genuina de un pensamiento intrusivo, una interpretación posterior o una explicación elaborada después del acontecimiento.

También debe valorarse la conducta organizada: Clancy esperó a quedarse sola con los niños, aprovechó una ventana temporal limitada, utilizó bandas de ejercicio, actuó sucesivamente y después intentó suicidarse. Una persona psicótica puede conservar capacidad de planificación instrumental; por ello, estos actos no descartan por sí solos la psicosis. Pero tampoco son irrelevantes. Constituyen indicios razonables de deliberación, selección de medios y orientación consciente hacia un resultado.

Desde una perspectiva creyente, puede hablarse moralmente de tentación, deliberación y consentimiento. Ser tentado no equivale a quedar privado de libertad. Una influencia interior, por intensa que sea, no elimina necesariamente la responsabilidad de quien consiente y ejecuta el acto. No obstante, un tribunal secular no puede determinar la existencia de una tentación espiritual: debe resolver, mediante pruebas clínicas y jurídicas, si existía una enfermedad capaz de anular sustancialmente el entendimiento o la capacidad de autodeterminación.

Tampoco considero demostrado que el móvil haya sido necesariamente la venganza contra su esposo. Esa es una hipótesis posible, especialmente por la elección de las víctimas y las circunstancias, pero requeriría evidencia específica: amenazas, resentimiento explícito, conflicto conyugal o manifestaciones inequívocas de una intención vindicativa. La gravedad de los hechos no autoriza a presentar como probado un móvil que todavía debe inferirse.

La responsabilidad del paciente forma parte de la relación terapéutica

En la discusión pública parece olvidarse que la asistencia médica es una relación de cooperación. El profesional tiene el deber de evaluar, diagnosticar, informar, tratar, documentar y adoptar medidas de seguridad razonables. Pero el paciente también debe proporcionar información veraz y suficiente, comunicar el empeoramiento y los efectos adversos, cumplir las indicaciones aceptadas y buscar atención urgente cuando aparecen ideas suicidas, homicidas, alucinaciones o pérdida de control.

Un psiquiatra no posee acceso directo a la conciencia de su paciente. Si Clancy no informó que escuchaba voces, que pensaba matar a sus hijos o que temía perder el control, esa omisión reducía materialmente la capacidad de cualquier profesional para estimar el riesgo. La ausencia de comunicación no exime siempre al médico: ciertos signos pueden exigir preguntas más directas, corroboración familiar o un cambio del nivel asistencial. Pero tampoco es legítimo exigirle que conozca aquello que no fue comunicado y que no resultaba observable en la entrevista.

Es verdad que Clancy buscó ayuda en más de una ocasión. Consultó a distintos profesionales, recurrió a servicios de crisis, fue evaluada de urgencia y tuvo una hospitalización voluntaria en McLean Hospital. Por tanto, sería inexacto afirmar que nunca procuró otra opinión. La pregunta correcta es más precisa: ¿qué síntomas reveló en cada atención?, ¿qué recomendaciones recibió?, ¿cuáles siguió o rechazó?, ¿comunicó la verdadera magnitud de sus pensamientos?, ¿solicitó una reevaluación presencial cuando consideró que no mejoraba?, ¿participó su familia en la transmisión de los signos que observaba?

Buscar ayuda no convierte al paciente en culpable de enfermar, pero tampoco transfiere automáticamente toda su agencia moral y jurídica al médico. El tratamiento ambulatorio depende de una colaboración efectiva entre el profesional, el paciente y, cuando corresponde, la red familiar.

La telemedicina no es negligente por definición

Personalmente prefiero la atención presencial, particularmente en cuadros psiquiátricos complejos. Permite observar con mayor amplitud el comportamiento, el autocuidado, la interacción y determinados signos no verbales. Sin embargo, una preferencia profesional o personal no constituye evidencia científica de que la telemedicina sea inadecuada.

La atención virtual puede ser más accesible, oportuna y económica. Para muchos pacientes representa la diferencia entre recibir seguimiento o no recibirlo. No debería descalificarse por su sola modalidad. La cuestión relevante es si, dadas las circunstancias particulares, permitía una evaluación suficiente o si surgieron señales que exigían una consulta presencial, una intervención urgente o una derivación a un nivel de mayor complejidad.

El hecho de que la doctora Jennifer Tufts atendiera a Clancy mediante consultas breves por video no prueba por sí mismo una mala práctica. Habría que demostrar que los datos disponibles imponían razonablemente otra conducta y que su omisión se apartó del estándar profesional.

Una escala omitida no decide una demanda

Durante el contrainterrogatorio se insistió en que Tufts no utilizó la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo y no dominaba su puntuación. Esto puede afectar la impresión que el jurado se forme sobre su experiencia perinatal, pero no demuestra automáticamente negligencia. La escala de Edimburgo es una herramienta de cribado; no diagnostica por sí sola psicosis posparto, trastorno bipolar ni riesgo de filicidio.

Tufts utilizó el PHQ-8, un instrumento reconocido para valorar síntomas depresivos. Puede discutirse si era suficiente, sobre todo porque no incluye la pregunta del PHQ-9 relativa a muerte o autolesión. Sin embargo, esa discusión debe reconstruir también la entrevista clínica, las preguntas directas sobre seguridad, las recomendaciones, el seguimiento y el conjunto de los registros. La ausencia de una escala determinada no equivale a ausencia de evaluación.

Algo semejante ocurre con la palabra “deteriorándose” seleccionada en el expediente electrónico. Las historias clínicas contemporáneas contienen campos obligatorios, menús y opciones predeterminadas. El tiempo de consulta debe distribuirse entre escuchar, examinar, decidir, informar y documentar. Una nota breve o una casilla no demuestra indiferencia. Por supuesto, la falta de tiempo tampoco excusa una omisión clínicamente relevante; pero la calidad de la atención no puede juzgarse aislando una palabra de la totalidad del proceso terapéutico.

La mala práctica y la causalidad deben probarse

Para responsabilizar civilmente a Tufts no basta con demostrar que Clancy no mejoró ni que posteriormente ocurrió una tragedia. Debe probarse cuál era el estándar aplicable, cómo se apartó la psiquiatra de él y por qué una actuación correcta habría evitado probablemente el daño.

Este último elemento —la causalidad— es especialmente difícil. Clancy fue valorada por varios profesionales y hospitalizada poco antes de los homicidios. Ninguno documentó una intención de matar a los niños ni una psicosis inequívoca. Si diferentes clínicos, en distintos niveles asistenciales, no recibieron o no detectaron esas manifestaciones, resulta problemático atribuir todo el desenlace a una sola psiquiatra.

La defensa profesional deberá explicar por qué el instrumento utilizado era razonable, cómo se evaluó el riesgo suicida, qué síntomas negó Clancy, por qué no se cumplían criterios de internación involuntaria y por qué el filicidio no era previsiblemente evitable. La parte demandante, por su lado, deberá demostrar con peritos que existieron señales suficientes, que el estándar exigía medidas diferentes y que estas habrían evitado probablemente las muertes. La indignación moral no puede sustituir esa prueba.

Ni estigmatizar al enfermo ni sacrificar al médico

El caso exige rechazar dos simplificaciones. La primera consiste en tratar toda enfermedad mental como simulación y considerar que la planificación excluye necesariamente la psicosis. La segunda consiste en asumir que un diagnóstico psiquiátrico elimina automáticamente la libertad y convierte al profesional tratante en responsable del comportamiento posterior del paciente.

No corresponde estigmatizar a las madres que padecen trastornos perinatales ni desalentar la búsqueda de ayuda. Tampoco corresponde presentar a todo psiquiatra como garante absoluto de que su paciente nunca se hará daño ni dañará a otros. La medicina trabaja con información incompleta, probabilidades y decisiones razonables; no con conocimiento infalible del futuro.

Mi posición no consiste en declarar anticipadamente inocente a Jennifer Tufts ni en negar que su actuación pueda ser examinada. Consiste en exigir que la mala práctica sea probada antes de convertirla en culpable sustituta. Del mismo modo, reconocer que Lindsay Clancy estaba enferma no obliga a concluir que carecía totalmente de voluntad. La pregunta decisiva continúa siendo si la enfermedad anuló sustancialmente su capacidad o si, aun bajo una profunda perturbación, eligió ejecutar actos que sabía mortales.

La muerte de tres niños merece un análisis que conserve simultáneamente la compasión, la verdad clínica y la responsabilidad personal. Ni la presión mediática ni la tragedia retrospectiva deben reemplazar la prueba. Defender la salud mental materna exige mejorar la detección y el acceso a tratamientos especializados; defender la justicia exige no absolver ni condenar a nadie —paciente o médico— mediante narraciones simplificadas.

Cuando la ideología sustituye el juicio sobre los hechos

Otro aspecto inquietante del caso ha sido su instrumentalización por sectores del feminismo de cuarta ola. En determinados discursos públicos, Lindsay Clancy dejó de ser examinada como una persona concreta que mató deliberadamente a tres niños y pasó a ser presentada casi exclusivamente como víctima: víctima de la maternidad, del sistema sanitario, de los medicamentos, de su esposo, de la psiquiatría o de una sociedad supuestamente indiferente al sufrimiento femenino.

Esta inversión resulta profundamente perturbadora. La legítima defensa de la salud mental materna no exige borrar la individualidad ni la dignidad de Cora, Dawson y Callan. Tampoco autoriza a transformar automáticamente a la autora confesa de sus muertes en símbolo político y a sus médicos en culpables sustitutos. La compasión hacia una madre enferma no debe desplazar la compasión hacia los niños asesinados ni suspender el examen de su responsabilidad personal.

Parte del activismo parece aplicar un criterio ideológico previo: si una mujer comete un crimen durante el periodo posparto, necesariamente debe haber sido determinada por una estructura externa y, por tanto, su capacidad de decisión debe considerarse disminuida o anulada. Bajo ese esquema, la agencia femenina se afirma cuando permite reclamar derechos, pero se desvanece cuando llega el momento de responder por una conducta gravemente dañosa. Esta contradicción termina siendo paternalista: presenta a la mujer adulta como sujeto autónomo para decidir, salvo cuando sus decisiones producen consecuencias moralmente insoportables.

También resulta desproporcionado que algunos sectores hayan convertido el proceso en una causa colectiva centrada casi exclusivamente en Clancy. Las manifestaciones de apoyo, la iconografía y la narrativa de victimización pueden producir la impresión de que los tres niños son elementos secundarios de la historia. Defender mejores servicios de salud mental perinatal es justo y necesario; romantizar o minimizar un triple filicidio no lo es.

La enfermedad mental debe valorarse científicamente. Si una psicosis anuló sustancialmente la capacidad de Clancy para comprender o controlar sus actos, corresponde demostrarlo mediante pruebas clínicas y forenses sólidas. No debe presumirse porque la acusada sea madre, porque el caso pueda utilizarse para denunciar fallas sanitarias o porque determinada interpretación resulte ideológicamente conveniente.

Lo mismo debe decirse sobre Jennifer Tufts. Criticar razonadamente sus decisiones clínicas es legítimo; convertirla en culpable porque el resultado fue trágico no lo es. Una parte del relato activista parece necesitar que alguna estructura o profesional cargue con la responsabilidad que se procura retirar de Clancy. Pero la mala práctica no se demuestra mediante consignas, indignación retrospectiva o preferencia por otra escala diagnóstica. Exige establecer el incumplimiento concreto del estándar asistencial y probar que ese incumplimiento causó probablemente el daño.

La justicia no puede partir de que la mujer acusada debe ser exculpada y que, en consecuencia, otro debe ocupar necesariamente el lugar del culpable. Debe examinar sin prejuicios la enfermedad, la voluntad, la conducta planificada, la información comunicada a los médicos y la causalidad. La defensa de la mujer pierde legitimidad cuando supone invisibilizar a tres niños muertos, negar toda agencia a su madre y sacrificar públicamente a una profesional cuya negligencia todavía no ha sido probada.

Este caso debería impulsar una mejor detección de los trastornos perinatales, mayor acceso a consultas presenciales y virtuales, continuidad asistencial y participación familiar. Pero no debe convertirse en un instrumento para imponer la conclusión de que toda madre que mata durante el posparto es necesariamente inimputable. La compasión sin verdad degenera en sentimentalismo; la justicia sin responsabilidad termina convirtiéndose en propaganda.

Fuentes de referencia

Nota editorial: este artículo expresa una opinión sobre la información públicamente conocida. No determina la responsabilidad penal de Lindsay Clancy ni la responsabilidad civil o profesional de Jennifer Tufts, materias que corresponden a los tribunales.

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