Hispania, heredera de Roma y matriz de la Cristiandad hispánica

 Reflexión

Hablar de Hispania desde las categorías de su propio tiempo exige abandonar la imagen moderna de una nación delimitada por fronteras administrativas, dotada de soberanía estatal uniforme y consciente de sí misma según los conceptos políticos nacidos de las revoluciones contemporáneas. Hispania no fue inicialmente un Estado nacional ni una mera denominación geográfica, sino una realidad histórica formada dentro del orbis Romanus: una tierra incorporada al orden de Roma, convertida progresivamente en provincia, patria, comunidad jurídica y espacio cristiano. Su romanidad no consistió solamente en la presencia de legiones, calzadas, acueductos o ciudades, sino en la recepción de una forma completa de civilización: la lengua latina, el ius, la ciudadanía, la organización municipal, la memoria de los antepasados, la disciplina de las instituciones y la concepción de la comunidad política como realidad ordenada por la justicia.

Decir que Hispania fue una de las tierras más profundamente romanizadas de Occidente no significa que todas sus regiones hubieran sido idénticas ni que las poblaciones anteriores desaparecieran. Significa que la vida pública, el derecho, la educación, la administración y la cultura de sus élites llegaron a expresarse dentro de categorías esencialmente romanas. Hispania no permaneció como un territorio exterior sometido provisionalmente por la fuerza, sino que fue incorporada a la misma sustancia civil del Imperio. Sus habitantes obtuvieron la ciudadanía; sus ciudades reprodujeron instituciones municipales romanas; sus juristas, escritores, obispos, soldados y gobernantes participaron de la vida imperial. De Hispania procedieron emperadores como Trajano, Adriano y Teodosio, pero el dato decisivo no es solamente que algunos hispanos alcanzaran la púrpura, sino que ya no eran considerados extranjeros que gobernaban Roma desde fuera: eran romanos nacidos en Hispania.

Roma no debe entenderse aquí únicamente como la ciudad asentada junto al Tíber ni como la voluntad de dominio de una potencia sobre otras. En su sentido más alto, Roma era el orden civil del mundo conocido: la res publica, la ley común, la ciudadanía y la paz que permitía a pueblos diversos participar de una comunidad superior sin que desaparecieran necesariamente sus particularidades. El Imperio se concebía como una universalidad política. No suprimía toda diferencia, pero integraba ciudades, provincias y pueblos dentro de una jerarquía jurídica común. La romanización no fue, por ello, una simple sustitución étnica, sino la incorporación a una forma de vida civil.

El núcleo de esa forma de vida era el ius. Para el romano, el derecho no era solamente el mandato contingente del gobernante ni la expresión arbitraria de quien poseía la fuerza. Era el arte de discernir lo justo y lo injusto, de atribuir a cada uno lo suyo y de ordenar las relaciones humanas dentro de la ciudad. El poder podía corromper la ley, pero no agotaba su significado. Existía una diferencia entre la autoridad legítima y la violencia, entre el gobierno de la comunidad y la dominación del tirano. Esta concepción jurídica, aunque nacida en un mundo todavía pagano y marcada por las limitaciones de su tiempo, preparó una estructura intelectual capaz de recibir la doctrina cristiana de la ley natural, de la dignidad de la persona y del origen divino de toda autoridad legítima.

La conversión de Roma no consistió, por tanto, en la destrucción absoluta de la civilización romana ni en su reemplazo por una realidad enteramente extraña. El cristianismo purificó, juzgó y elevó aquello que en Roma podía ser ordenado a la verdad. Rechazó la divinización del emperador, el culto a los dioses, la exposición de los niños, la crueldad de los espectáculos y la concepción del poder como gloria autosuficiente; pero conservó y transformó la lengua, el derecho, la administración, la filosofía y la idea de universalidad. La Roma pagana había reunido a las naciones bajo el poder de las armas; la Roma cristiana comenzó a comprender esa unidad a la luz de una ley superior al César y de una salvación destinada a todos los pueblos.

Roma fue conquistada para Cristo no por una rebelión armada ni por la sustitución violenta de una clase gobernante, sino por la sangre de los testigos. La palabra griega mártys significa testigo. El mártir no es, en su significado cristiano primero, quien busca la muerte ni quien la convierte en instrumento político, sino quien da testimonio de Cristo hasta aceptar que su propia sangre selle la verdad confesada. Allí donde el poder imperial exigía que el cristiano reconociese como dios al César, el mártir respondía que el emperador podía recibir obediencia como gobernante, pero no adoración como divinidad. Esta negativa no destruía la legítima autoridad civil; la colocaba dentro de sus límites. El cristiano podía orar por el emperador, obedecer las leyes justas y servir al bien común, pero no podía entregar al poder temporal aquello que pertenecía únicamente a Dios.

Así fue vencida la Roma de los ídolos: no por el hierro de un ejército rival, sino por la paciencia de quienes se dejaron matar sin renegar de la fe. La sangre de Pedro y Pablo, la constancia de Ignacio de Antioquía, Policarpo, Justino, Perpetua, Felicidad, Lorenzo, Inés, Cecilia y de una multitud cuyo nombre sólo Dios conoce convirtió los lugares de suplicio en altares. El Imperio que pretendía borrar su memoria terminó conservándola. Las tumbas de los condenados se transformaron en centros de peregrinación; los aniversarios de sus muertes fueron celebrados como nacimientos para la vida eterna; las casas en que se reunían los perseguidos dieron paso a basílicas; y la misma ciudad que había decretado sentencias contra ellos acabó siendo reconocida como la sede apostólica fundada sobre el testimonio de Pedro y Pablo.

En este sentido eminentemente teológico puede llamarse a Cristo Primogénito de los Mártires. No porque san Esteban deje de ser confesado por la tradición como protomártir entre los discípulos, sino porque todo martirio cristiano procede del testimonio primero y perfecto de Jesucristo. Él es el Testigo fiel, quien comparece ante el poder del mundo, confiesa la verdad, acepta la condena injusta y vence no evitando la muerte, sino atravesándola. El mártir cristiano no ofrece un sacrificio independiente del de Cristo: participa en él. Su sangre no inaugura otra redención, sino que manifiesta históricamente la eficacia de la única Sangre redentora. Cristo es, pues, el principio, la medida y la corona de todo martirio; Esteban es el primero de sus servidores que derrama la sangre después de la Pascua.

La Cruz introdujo en la historia una nueva medida del poder. El Crucificado reveló que la autoridad no alcanza su perfección dominando, sino sirviendo; que la victoria puede ocultarse bajo la apariencia de derrota; y que ninguna sentencia humana puede convertir la injusticia en justicia. El César podía disponer del cuerpo del mártir, pero no de su conciencia. Podía decretar la muerte, pero no impedir que aquella muerte se convirtiera en testimonio. La sangre de los santos estableció así una frontera espiritual dentro del mundo romano: el poder temporal no era absoluto, la ley positiva no era la fuente suprema del bien y el gobernante debía responder ante una justicia anterior y superior a su voluntad.

Hispania recibió el cristianismo dentro de este universo romano. Su Iglesia no surgió fuera de Roma, sino en las ciudades, caminos, estructuras y lengua del Imperio. Las primeras comunidades hispanas participaron de la vida de la Iglesia latina y conocieron también la persecución. La memoria de los mártires hispanos —Fructuoso de Tarragona y sus diáconos Augurio y Eulogio, Vicente de Zaragoza, Eulalia de Mérida, los mártires de Córdoba y tantos otros— muestra que Hispania fue incorporada a la Cristiandad mediante la misma sangre testimonial que había conquistado espiritualmente la capital imperial. El cristianismo hispano no fue un añadido tardío colocado sobre una población ajena a Roma, sino la transformación interior de una sociedad ya ampliamente romanizada.

La ciudad romana ofreció a la Iglesia su vocabulario institucional, pero la Iglesia dio a la ciudad una finalidad nueva. La civitas dejó de ser únicamente la comunidad de quienes compartían leyes y magistrados; comenzó a ser comprendida también a la luz de una patria eterna. La ciudadanía terrena conservó su legitimidad, pero dejó de ser absoluta. El cristiano era miembro de una ciudad concreta y, al mismo tiempo, peregrino hacia la Jerusalén celestial. De este modo, la fe no abolió las obligaciones civiles, sino que las subordinó al bien verdadero del hombre.

Cuando la estructura imperial de Occidente se debilitó y finalmente desapareció como unidad política efectiva, Hispania no dejó súbitamente de ser romana. La caída de la autoridad imperial occidental no significó la extinción inmediata del derecho, de la lengua, de las ciudades, del episcopado ni de la memoria de Roma. Los pueblos germánicos que se establecieron dentro de las antiguas provincias no llegaron a un vacío civilizatorio. Entraron en territorios poblados por romanos, gobernados mediante instituciones romanas y evangelizados por una Iglesia que había aprendido a pensar, predicar y legislar en latín. Los reinos postromanos fueron cristianos y conservaron un alto grado de infraestructura, alfabetización y cultura jurídica latinas.

Por ello, afirmar que Hispania sucedió a Roma en Occidente sólo puede sostenerse stricto sensu si se explica adecuadamente el significado de esa sucesión. Hispania no heredó por sí sola la totalidad del Imperio romano occidental ni recibió jurídicamente una traslación exclusiva del poder imperial. Existieron otras continuidades romanas en Italia, la Galia, África y, sobre todo, en el Imperio romano de Oriente. La sucesión hispánica debe entenderse en un sentido civilizatorio y político particular: la antigua provincia romana se convirtió progresivamente en un reino territorial capaz de conservar el ius, la lengua latina, la estructura episcopal y la concepción cristiana de la comunidad pública.

El reino visigodo no fue, en sus comienzos, una creación hispánica plenamente unificada. Los visigodos habían entrado en el Imperio como pueblo federado y habían gobernado inicialmente extensos territorios de la Galia. Su establecimiento definitivo en Hispania fue resultado de un proceso largo, marcado por guerras, pactos, rivalidades y la permanencia temporal de dominios bizantinos en el sur peninsular. Sin embargo, una vez afirmada Toledo como centro político y completada en gran medida la unificación territorial, la monarquía goda comenzó a transformarse. Los gobernantes germánicos no eliminaron la civilización de la población hispanorromana; fueron absorbidos progresivamente por ella, aun cuando también aportaron sus propias tradiciones militares y políticas.

El acontecimiento decisivo fue la conversión de Recaredo y de la aristocracia visigoda del arrianismo a la fe católica en el III Concilio de Toledo del año 589. Aquella conversión no fue un simple cambio privado de devoción. Restableció la unidad religiosa entre la minoría gobernante goda y la mayoría hispanorromana católica, e hizo posible una nueva concepción de la comunidad política. Los reyes visigodos ingresaron entonces plenamente en la comunidad católica del Occidente latino. Desde ese momento, la unidad del reino ya no podía fundarse principalmente en la separación entre godos y romanos, sino en la pertenencia común a una misma Iglesia, un mismo territorio y un orden jurídico progresivamente compartido.

La Hispania visigoda se concibió cada vez más como una res publica Christiana, una comunidad en la que el rey y los obispos debían colaborar para conservar la paz, defender la fe y ordenar el reino conforme a la justicia. Esta colaboración no suponía que la Iglesia y la monarquía fueran una sola potestad. El obispo no se convertía simplemente en funcionario regio ni el rey adquiría autoridad para definir por sí mismo la fe. Existían ámbitos distintos, conflictos y tensiones. Pero ambos poderes se reconocían insertos en un único orden cristiano: el rey debía proteger a la Iglesia y administrar justicia; los obispos debían enseñar la verdad, corregir moralmente y contribuir a la concordia del reino.

Los concilios de Toledo fueron expresión de esa unidad. En ellos se reunían los obispos, pero sus decisiones podían tener también consecuencias para la vida política y jurídica. Allí se trataban materias doctrinales, disciplinares, sucesorias y sociales. Para la mentalidad de la época no existía una separación absoluta entre una esfera religiosa enteramente privada y una esfera política moralmente autónoma. La salvación de las almas y la paz del reino eran realidades distintas, pero no incomunicadas. El pecado del gobernante podía convertirse en causa de ruina pública; la injusticia podía destruir la concordia; la herejía podía ser percibida como fractura del cuerpo social.

San Isidoro de Sevilla representa de modo eminente esta síntesis hispanorromana y cristiana. En él, la herencia clásica no aparece como un vestigio muerto, sino como materia ordenada al servicio de la fe. Su obra reúne gramática, historia, derecho, teología, ciencias naturales y memoria de la Antigüedad. No pretendía restaurar el paganismo, sino conservar cuanto había de verdadero y útil en el saber antiguo dentro de una comprensión cristiana del mundo. La cultura romana era recibida, purificada y transmitida por la Iglesia.

La monarquía, según esta concepción, no era una propiedad privada del rey ni un poder desligado de la justicia. El soberano recibía autoridad para servir al bien común, proteger a los débiles, castigar el delito y conservar la paz. La obediencia que se le debía no era adoración ni sometimiento ilimitado. Así como los mártires habían demostrado frente al emperador pagano que ninguna autoridad puede exigir lo que pertenece a Dios, la doctrina cristiana recordaba al rey católico que su potestad estaba sometida a la ley divina, al derecho natural y al orden jurídico del reino. El rey era superior dentro de la jerarquía temporal, pero no era la fuente absoluta de la verdad ni del bien.

Este punto es decisivo para comprender la posterior tradición hispánica. El mundo cristiano no entendía la fidelidad como servidumbre. La fidelidad era el vínculo moral por el cual una persona, una ciudad o un reino reconocía una autoridad legítima y cumplía sus deberes dentro de un orden recíproco. El súbdito debía obediencia, pero el rey debía justicia. El pueblo juraba fidelidad, pero el soberano juraba respetar la ley. La autoridad que abandonaba el bien común degeneraba en tiranía; y la orden contraria a la ley de Dios no adquiría obligatoriedad moral por el solo hecho de proceder del gobernante.

La obra jurídica culminante del reino visigodo, el Liber Iudiciorum, manifestó el tránsito desde la coexistencia de estatutos jurídicos diferenciados hacia un derecho territorial común. Durante etapas anteriores, los visigodos y los hispanorromanos habían estado vinculados a tradiciones legales distintas, aunque la interpretación exacta de aquella personalidad jurídica sigue siendo objeto de discusión historiográfica. Con la codificación territorial, el derecho dejó de definirse principalmente por la pertenencia étnica y se orientó hacia la unidad política del reino. El romano y el godo comenzaron a fundirse jurídicamente en el hispano.

Tal unidad no eliminó toda diferencia ni convirtió a la Hispania visigoda en un Estado moderno. Continuaron existiendo comunidades locales, costumbres, aristocracias, jurisdicciones eclesiásticas y relaciones personales de fidelidad. Pero se había formado algo nuevo: una comunidad territorial que reconocía una monarquía, una Iglesia, una tradición jurídica y una memoria común. El elemento godo dejó de designar únicamente a un pueblo conquistador y comenzó a integrarse dentro de la identidad política de toda Hispania.

En este proceso, Roma no desapareció; cambió de asiento histórico. Ya no existía en Occidente un emperador capaz de gobernar efectivamente todas las antiguas provincias, pero persistía la Romanitas: la lengua latina, el derecho, la liturgia, la educación, la jerarquía eclesiástica y la idea de un orden universal cristiano. Hispania no fue Roma en sentido imperial estricto, pero fue una de las formas históricas mediante las cuales Roma sobrevivió después de Roma. Su reino no era el Imperio, pero conservaba en su interior principios fundamentales de la civilización imperial cristianizada.

La sucesión debe comprenderse, pues, no como una sustitución mecánica de una corona por otra, sino como una transmisión. Roma entregó a Hispania el ius, la lengua, la ciudad y la conciencia de universalidad. La Iglesia entregó a esa herencia su alma cristiana, su doctrina sobre la ley natural, su visión de la dignidad humana y la memoria de los mártires. Los godos aportaron la fuerza militar y la forma regia mediante la cual aquella sociedad postimperial pudo organizarse políticamente. De la conjunción de estos elementos nació una Hispania que ya no era sólo provincia, sino reino; no era ya únicamente romana, sino romano-cristiana; y no era meramente una agregación de pueblos, sino una comunidad encaminada hacia una conciencia histórica propia.

Esta Hispania cristiana fue matriz remota de las Españas posteriores. Cuando el reino visigodo fue destruido en el siglo VIII, la memoria de su unidad no desapareció. Los reinos cristianos del norte no se consideraron necesariamente fundadores de una realidad absolutamente nueva, sino herederos y restauradores de un orden perdido. La idea de recuperar Hispania significaba más que conquistar un espacio geográfico: implicaba restaurar una comunidad cristiana cuya legitimidad se remontaba al reino de Toledo y, a través de él, a la tradición romana.

La futura Monarquía Católica encontraría en esta genealogía su núcleo doctrinal. No se comprendería a sí misma como un Estado nacional cerrado, sino como una pluralidad de reinos unidos por un soberano, una fe y una concepción jurídica común. La unidad no exigía uniformidad completa; la fidelidad no significaba esclavitud; y la autoridad no se concebía legítimamente como voluntad absoluta. La Monarquía heredó de Roma la universalidad política, del cristianismo la subordinación del poder a la verdad y de la Hispania visigoda la posibilidad de articular diversos pueblos dentro de una comunidad católica.

La Hispanidad, contemplada desde estas categorías, no comienza con la expansión ultramarina ni con la administración de territorios americanos. Su raíz se encuentra en la transformación de Hispania de provincia romana en cuerpo cristiano y, posteriormente, en reino. Antes de ser una comunidad de naciones, fue una concepción de la civilización: el ius romano bautizado por la fe; la lengua latina fecundada por la predicación; la monarquía sometida en principio a la justicia; la diversidad de los pueblos ordenada a una unidad superior; y la misión universal comprendida no como mera extensión del poder, sino como propagación de la verdad cristiana.

Roma había unificado mediante la espada y la ley; la Iglesia conquistó Roma mediante la palabra y la sangre. Los mártires no destruyeron el Imperio: revelaron aquello que debía morir en él para que pudiera salvarse lo que era digno de perdurar. Murió el culto al César, pero permaneció la autoridad civil. Murieron los dioses tutelares, pero permaneció la ciudad. Murió la pretensión de que la ley humana fuera suprema, pero permaneció el ius, ahora iluminado por una justicia trascendente. Murió la universalidad fundada exclusivamente en la fuerza, pero permaneció la aspiración a reunir a las naciones, elevada por la universalidad de la Iglesia.

Cristo, Primogénito de los Mártires en cuanto fuente y modelo de todo testimonio hasta la sangre, conquistó espiritualmente a Roma desde la Cruz. Sus santos prolongaron esa conquista en los circos, en las cárceles y ante los tribunales. Roma, vencida por aquellos a quienes había condenado, entregó después a la Iglesia sus caminos, su lengua, su derecho y su vocación universal. Hispania recibió esa herencia y la hizo propia. Dejó de ser solamente una tierra gobernada por Roma para convertirse en una tierra capaz de conservar y transmitir la romanidad cristiana cuando el poder imperial occidental ya se había extinguido.

Así puede afirmarse, con la precisión necesaria, que Hispania sucedió a Roma en Occidente: no como única heredera ni como continuadora jurídica exclusiva del Imperio, sino como uno de los principales cuerpos históricos en los que la civilización romano-cristiana sobrevivió, adquirió forma política y fue transmitida a los siglos posteriores. Su herencia no fue sólo territorial ni dinástica. Fue una comprensión del hombre, del derecho, de la autoridad y de la comunidad; una civilización en la cual el rey debía servir a la justicia, la ley debía reconocer una verdad superior, la lengua debía comunicar a pueblos diversos y la fe debía orientar la totalidad de la vida sin reducirse a sentimiento privado.

La Hispania más romana fue, finalmente, la que aprendió que Roma sólo podía alcanzar su plenitud dejando de adorarse a sí misma. La ciudad de los césares fue vencida por el Cordero inmolado; el poder fue juzgado por la Cruz; la ley fue elevada por la justicia; y la sangre de los mártires se convirtió en semilla de una nueva comunidad. De esa Roma conquistada por los santos nació la Cristiandad latina; y de la Hispania formada por el ius romano, la fe católica y la memoria del reino de Toledo surgió la matriz histórica de la Hispanidad.