El regreso del estado de Propaganda
Opinión.
Lo ocurrido con el video viral en el que una alta autoridad del Ejecutivo increpa a gritos a una funcionaria de salud pública no puede analizarse como un hecho aislado, ni como un simple exceso de carácter o una mala gestión comunicacional. Es, en realidad, la manifestación visible de una lógica mucho más profunda: la de un sistema que ha aprendido a funcionar mediante la sobreexigencia, la humillación y la normalización de la vulneración de derechos, especialmente de aquellos trabajadores que sostienen la atención sanitaria cotidiana. Los gritos no son una anomalía; son coherentes con un modelo que, desde hace décadas, administra la salud pública como si el personal fuera un recurso descartable y no sujetos de derecho.
La vulneración de derechos laborales en el sistema público de salud no ocurre porque falte normativa. Ocurre porque la normativa es reinterpretada, distorsionada o directamente ignorada por las propias unidades administrativas encargadas de hacerla cumplir. La Ley Orgánica del Servicio Público es clara en establecer jornadas ordinarias de ocho horas diarias y cuarenta semanales, y reconoce jornadas especiales solo en función de la naturaleza del servicio. Sin embargo, en la práctica, las unidades de talento humano han construido una ficción administrativa según la cual el trabajador debe cumplir “como mínimo” 160 horas mensuales, cifra que en determinados periodos llegó incluso a 168 horas, aun fuera de contextos de emergencia sanitaria. Esta aritmética burocrática no surge de la ley, sino de una reinterpretación interesada que convierte el límite legal en una obligación ampliada, siempre a costa del trabajador.
Cuando la normativa resulta incómoda, se apela al Código de Trabajo como norma supletoria, pero solo de manera selectiva. Aquello que podría favorecer al trabajador se omite; aquello que permite exigir más horas, más presencia, más disponibilidad, se invoca sin reparo. El derecho laboral deja de ser un marco de protección y se transforma en un instrumento flexible al servicio de la administración. La pregunta inevitable es dónde queda, en este esquema, el derecho efectivo del trabajador, si cada reclamo es absorbido por una maquinaria que responde siempre con la misma fórmula: “no procede”.
Esta lógica se traduce en una precarización cotidiana que no siempre es visible para el ciudadano común, pero que determina de manera directa la calidad de la atención. La sobrecarga asistencial no es una percepción subjetiva ni una queja generacional: es una realidad estructural. Servicios hospitalarios con un solo médico para decenas de pacientes hospitalizados, enfermeras responsables de treinta o más camas por turno, auxiliares que cubren pisos completos, especialistas que deben simultáneamente atender emergencia, hospitalización, auditoría y gestión administrativa. Pretender que en esas condiciones se garantice una atención segura, personalizada y de calidad no es solo ingenuo: es irresponsable.
A esta sobrecarga se suma una exigencia administrativa creciente que no guarda relación con el tiempo real disponible para la atención clínica. La historia clínica electrónica, los formularios de auditoría, los ítems obligatorios para evitar glosas, las notas que deben constar para que el especialista pueda “cobrar”, imponen una carga documental que, en la práctica, resulta incompatible con tiempos de atención de cinco, diez o quince minutos por paciente. El propio arte médico, la buena práctica clínica y la literatura científica señalan que una valoración adecuada requiere entre treinta minutos y una hora, dependiendo de la complejidad del caso. Sin embargo, el sistema exige rapidez asistencial y exhaustividad documental al mismo tiempo, una combinación imposible que termina castigando siempre al profesional.
El resultado es perverso: si el médico se toma el tiempo necesario para atender bien, incumple metas de productividad; si prioriza el flujo de pacientes, arriesga errores clínicos o sanciones administrativas. En ambos casos, la responsabilidad recae sobre el trabajador, nunca sobre la planificación deficiente ni sobre la falta de personal. La glosa, la observación, la llamada de atención o el informe negativo se convierten en mecanismos de disciplinamiento, no de mejora de la calidad.
La organización del trabajo tampoco responde a una lógica sanitaria, sino a una improvisación permanente. La ausencia de especialistas de guardia en múltiples servicios obliga a que médicos generales asuman funciones para las que no tienen respaldo jerárquico ni legal suficiente. El médico general hospitalario no puede modificar prescripciones de un especialista, aun cuando la realidad clínica lo exija, y sin embargo es quien permanece frente al paciente durante horas o días. Esta fragmentación de responsabilidades no solo expone al profesional, sino que compromete directamente la seguridad del paciente.
El problema se agrava cuando se analiza la distribución real del tiempo de trabajo. En algunos establecimientos, el inicio de la atención a las seis de la mañana implica que el personal debe estar presente antes de esa hora, sin que ese tiempo sea reconocido como jornada laboral. El especialista, además de atender pacientes, debe recorrer servicios, gestionar camas, coordinar altas, responder auditorías y completar registros, todo dentro de un horario que no fue diseñado para esa multiplicidad de funciones. No hay manera humana de “dar abasto”, pero el sistema actúa como si la fatiga no existiera.
Cuando el cuerpo finalmente pasa factura, la respuesta institucional es aún más reveladora. Enfermarse es mal visto. Solicitar reposo médico genera sospecha. Utilizar un derecho reconocido se interpreta como falta de compromiso. La paradoja es brutal: un sistema de salud que no cuida la salud de quienes lo sostienen. Y cuando el trabajador enferma gravemente o incluso muere, la lógica es descarnada: si no hay familia que reclame, no hay costo institucional. El reemplazo llega y el sistema continúa, intacto, sin aprendizaje alguno.
Todo esto ocurre en un contexto donde reclamar derechos es materialmente inviable para la mayoría del personal. Exigir implica dinero, tiempo, asesoría legal, desgaste emocional y riesgo laboral. Con salarios estancados desde hace más de una década, sin escalafón real, sin reclasificación por experiencia, sin incentivos por formación, el trabajador de salud carece de los recursos mínimos para sostener una disputa administrativa o judicial prolongada. La precariedad económica se convierte así en una herramienta de control: quien no puede pagar, no puede reclamar.
Lo más grave es la ausencia total de actuación de oficio por parte de las autoridades. Los problemas son conocidos, documentados, reiterados. No hay sorpresa. Sin embargo, mandos medios y altos se limitan a administrar el conflicto, a responder formalmente que “no procede”, a cerrar expedientes sin corregir causas. No hay sanción institucional a la mala planificación, no hay revisión seria de cargas laborales, no hay reforma estructural de la carrera sanitaria. El sistema se sostiene sobre el agotamiento y la resignación.
En este contexto, los gritos adquieren un significado distinto. No son una herramienta de corrección, sino una expresión de poder asimétrico. Gritar a una funcionaria frente a una cámara no resuelve la falta de personal, no crea concursos de méritos, no mejora la planificación, no protege derechos. Pero sí refuerza un mensaje: la responsabilidad siempre es del que está abajo. El poder se exhibe, el conflicto se personaliza y la estructura queda intacta.
Existe, además, un riesgo político que no puede ignorarse. Cuando el espectáculo reemplaza al diagnóstico, cuando la escena viral sustituye a la política pública, se reeditan prácticas que el país ya conoce demasiado bien. El Estado de propaganda no necesita necesariamente autoritarismo formal; le basta con confundir acción con imagen y liderazgo con escarnio. Resolver a gritos puede generar aplauso momentáneo, pero no construye instituciones.
La conclusión es incómoda, pero inevitable. La realidad de la medicina pública en el Ecuador es el resultado de una combinación de continuidad inercial, negligencia estructural y uso instrumental del poder. No es culpa de una generación ni de un grupo específico de trabajadores. Es un sistema que no ha cambiado en cuarenta años y que hoy muestra signos evidentes de agotamiento. Si no se reforma de manera profunda —empezando por la carrera sanitaria, la planificación del talento humano y la tutela efectiva de derechos— el colapso no será una amenaza futura, sino una consecuencia lógica.
Un sistema de salud que exige sacrificio permanente sin protección legal no es sostenible. Y un Estado que tolera esa situación no solo vulnera derechos laborales: compromete el derecho mismo a la salud de toda la población.
