Otra incursión estadounidense

 Opinión

La reciente incursión de los Estados Unidos en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro constituyen un acontecimiento político de notable relevancia histórica, que exige un análisis riguroso, ordenado y metodológicamente correcto si se pretende formular un juicio serio desde la filosofía política, el derecho y la moral. En particular, desde una perspectiva católica clásica, el error más frecuente en este tipo de debates consiste en emitir valoraciones morales inmediatas sin un previo esclarecimiento de los hechos, del marco jurídico aplicable y de los distintos niveles normativos involucrados. Para evitar esta confusión, resulta indispensable distinguir con precisión tres planos de análisis: el fáctico–histórico, el jurídico humano y, finalmente, el moral propiamente dicho, fundado en la ley natural y en la ley divina.

En primer lugar, es necesario examinar la situación desde el punto de vista histórico y político. El régimen venezolano ha dejado de ser, desde hace años, una mera anomalía democrática para convertirse en una estructura de poder cerrada, autorreferencial y coercitiva, caracterizada por la supresión sistemática del orden constitucional, la persecución de la oposición política, la instrumentalización del sistema judicial, la destrucción progresiva de la economía nacional, la generación de una crisis humanitaria de gran escala y la anulación efectiva de toda vía real de alternancia política. Estos elementos no constituyen simples juicios ideológicos, sino hechos ampliamente documentados y verificables, que permiten calificar razonablemente al régimen como una forma de tiranía en sentido clásico, es decir, como un ejercicio del poder orientado no al bien común, sino al beneficio de una élite gobernante sostenida fundamentalmente por la fuerza.

Este diagnóstico resulta decisivo, pues en la tradición filosófico–política occidental, y de modo particular en la tradición tomista, la legitimidad del poder no se identifica ni con su mera posesión fáctica ni con su origen formal, sino con su ordenación efectiva al bien común. Cuando el poder se desvía de manera estructural y persistente de ese fin, pierde su legitimidad moral, aun cuando conserve formas jurídicas externas o procedimientos aparentemente legales. Este punto es esencial para evitar el equívoco según el cual toda autoridad de facto debe ser obedecida mientras conserve una fachada de legalidad institucional.

Establecido este marco, corresponde pasar al análisis del plano jurídico humano, es decir, al juicio formulado desde el derecho positivo y el derecho internacional. En este nivel, la intervención de una potencia extranjera en el territorio soberano de un Estado plantea serios problemas de licitud jurídica en relación con los principios de soberanía, autodeterminación y no intervención que estructuran el orden internacional contemporáneo. Desde una perspectiva estrictamente positivista, la acción de los Estados Unidos puede ser calificada como ilícita si se la evalúa exclusivamente a la luz del derecho internacional vigente. Sin embargo, el derecho humano positivo no agota el juicio sobre la justicia de un acto político ni constituye el criterio último de legitimidad moral. El propio derecho internacional presupone una concepción mínima del bien común y de la dignidad humana, cuya negación sistemática por parte de un régimen genera una tensión real y profunda entre legalidad y justicia.

Es precisamente en este punto donde se hace necesario elevar el análisis al plano moral propiamente dicho. La moral cristiana no se fundamenta en el derecho positivo, sino en la ley natural y en la ley divina. La ley natural, entendida como la participación de la criatura racional en la ley eterna, constituye el criterio objetivo mediante el cual se juzga la justicia o injusticia de las leyes humanas. Ninguna norma positiva es moralmente válida si contradice la ley natural, la cual actúa como límite y medida de toda legislación humana. Por encima de ella se sitúa la ley divina, manifestación suprema de la voluntad de Dios, que en el orden temporal se expresa tanto a través de la ley natural como de la Revelación.

Desde esta perspectiva, la pregunta decisiva no es simplemente si la acción fue legal conforme al derecho internacional, sino si fue moralmente lícita a la luz de la ley natural y del bien común. La tradición tomista, desarrollada de manera particularmente fecunda por la Escuela de Salamanca, ofrece criterios precisos para este discernimiento. Santo Tomás de Aquino distingue claramente entre el gobernante legítimo y el tirano, y sostiene que la obediencia a la autoridad no es absoluta cuando el poder se ejerce de modo injusto. Los teólogos salmantinos, como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Francisco Suárez, profundizaron esta doctrina al afirmar que, cuando un régimen se torna gravemente injusto, oprime de manera sistemática a la población y se han agotado los medios pacíficos reales, puede considerarse moralmente lícita su remoción, incluso mediante el uso de la fuerza, no como un bien en sí mismo, sino como último recurso orientado a evitar un mal mayor.

Este punto exige una aclaración fundamental. La moral católica no justifica la violencia ni la erige en principio normativo, pero tampoco sostiene un pacifismo absoluto. La violencia es siempre un mal, aunque no siempre el mayor de los males. En situaciones históricas trágicas puede darse un conflicto real de bienes, en el que tolerar un mal menor resulte moralmente preferible a permitir la perpetuación de un mal mayor, grave, prolongado y estructural.

Aplicado al caso venezolano, el análisis moral exige distinguir cuidadosamente entre el juicio sobre el régimen y el juicio sobre el agente que interviene. Es posible sostener coherentemente que el régimen constituía una tiranía objetivamente injusta, cuya permanencia implicaba un daño mayor para millones de personas, y al mismo tiempo reconocer que los Estados Unidos actuaron movidos por intereses geopolíticos y económicos, y no por caridad cristiana. La defectuosidad de la intención del agente no invalida automáticamente el juicio sobre la ilegitimidad del régimen ni convierte en injusta toda consecuencia derivada de su remoción. Esta distinción es esencial para evitar tanto la ingenuidad moral como el cinismo político.

La cuestión no pertenece al ámbito del dogma ni del magisterio definitivo, sino al juicio prudencial moral y político, y por ello admite discusión racional y desacuerdo legítimo dentro de los márgenes de la doctrina católica. Reducir el debate a descalificaciones personales o a afirmaciones absolutas desconoce la complejidad real del problema y empobrece gravemente la reflexión.

De tal forma, la incursión de los Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro deben ser evaluadas mediante un análisis escalonado que distinga cuidadosamente entre hechos, derecho y moral. Solo desde esta perspectiva integral puede sostenerse con seriedad que la cuestión no es simple ni unívoca, y que la moral cristiana, lejos de ofrecer respuestas simplistas, exige un discernimiento prudente orientado siempre al bien común, a la justicia y a la dignidad de las personas, incluso —y especialmente— en contextos históricos profundamente imperfectos.

El punto de partida de estas consideraciones no es la formulación de una tesis cerrada ni la imposición de un juicio definitivo, sino el repaso razonado de los argumentos surgidos en un intercambio real de ideas entre personas que reflexionan de buena fe sobre un acontecimiento político y moralmente complejo. Lo que sigue debe leerse, por tanto, como una articulación ensayística y ordenada de esas posiciones, asumidas críticamente, depuradas conceptualmente y confrontadas con la tradición filosófica y moral clásica. No se trata de una opinión improvisada, sino de un ejercicio deliberado de reflexión que intenta dar forma intelectual a un debate previo, reconociendo el valor de las objeciones planteadas y la necesidad de pensarlas con mayor rigor.

Uno de los ejes centrales del debate es la afirmación —correcta en sí misma— de que el fin no justifica los medios, principio fundamental de la moral católica. Conviene, sin embargo, precisar con cuidado su significado y su alcance, pues no pocas veces se lo invoca de manera imprecisa. La tesis según la cual el fin justifica los medios pertenece propiamente a una tradición filosófico–política distinta, de raíz maquiavélica. Aunque esta fórmula se asocia popularmente con "El Príncipe", es en realidad en los "Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio" donde Maquiavelo desarrolla con mayor profundidad su concepción del poder, del Estado y de la razón política. Allí se afirma, de modo explícito o implícito, que la conservación del Estado y del orden político puede legitimar acciones que, consideradas en sí mismas, serían moralmente reprobables. Esta ruptura entre moral y política constituye uno de los rasgos definitorios de la modernidad política y es frontalmente incompatible con la tradición cristiana.

Frente a esta concepción, la moral católica sostiene que ningún bien, por grande que sea, puede legitimar un medio intrínsecamente malo. Este principio no es una convención histórica ni una preferencia confesional, sino una consecuencia directa de la estructura objetiva del obrar humano. Sin embargo, afirmar esto no equivale a negar la complejidad trágica de ciertas situaciones históricas ni a sostener que toda acción que conlleva un efecto negativo sea necesariamente inmoral. Aquí es donde resulta imprescindible introducir las distinciones elaboradas por Santo Tomás de Aquino y desarrolladas por la tradición escolástica posterior.

En este contexto se inserta el principio del doble efecto, que no es una concesión pragmática ni un subterfugio moral, sino una herramienta racional para juzgar actos complejos en los que concurren efectos buenos y malos. Según esta doctrina, una acción puede ser moralmente lícita si el mal que se sigue de ella no es querido ni como fin ni como medio, si la acción considerada en sí misma no es mala, si existe una proporción grave entre el bien buscado y el mal tolerado, y si no hay alternativas razonables menos dañinas. Esto implica una diferencia fundamental entre hacer el mal y permitir un mal en orden a evitar uno mayor, diferencia que atraviesa toda la moral cristiana, (repito, desde la legítima defensa hasta la doctrina de la guerra justa).

Desde esta perspectiva, es correcto afirmar —como se señaló en el intercambio previo— que una acción violenta no se vuelve moralmente buena por el solo hecho de perseguir un fin justo. En la mayoría de los casos, la violencia sigue siendo un mal. Pero también es correcto afirmar que no todo uso de la fuerza es intrínsecamente inmoral, y que, bajo condiciones muy estrictas, puede ser moralmente tolerable e incluso objetivamente ordenado a la justicia. Esta lógica es la misma que subyace tanto a la legítima defensa como a la guerra justa, y no contradice el mandamiento “no matarás”, sino que lo presupone y lo delimita. El precepto no prohíbe toda muerte en sentido físico, sino el homicidio injusto; encuentra su límite precisamente allí donde la vida del inocente o el orden social justo deben ser defendidos frente a una agresión grave e injusta.

A la luz del Evangelio, esta doctrina no desaparece ni se diluye. Cristo no introduce un pacifismo absoluto que anule toda potestad coercitiva, sino que eleva el horizonte moral del creyente sin abolir el orden natural de la justicia. Por ello, la Iglesia ha reconocido históricamente la potestad de la autoridad civil para imponer penas graves, incluida la pena de muerte, cuando era considerada necesaria para la defensa del bien común. El hecho de que hoy la Iglesia afirme que dicha pena es prácticamente innecesaria en las condiciones actuales no invalida el principio de fondo: la autoridad legítima tiene el deber de proteger al inocente y de preservar el orden social, incluso mediante el uso proporcionado de la fuerza.

Este marco doctrinal permite abordar con mayor serenidad el juicio sobre la acción concreta que se discute. Calificarla sin más como inmoral exige demostrar que se recurrió a un medio intrínsecamente malo o que el mal causado fue directamente querido como fin o como instrumento. La mera ilicitud desde el punto de vista del derecho humano positivo no basta para establecer una condena moral absoluta. Aquí conviene recordar que el derecho positivo, incluido el derecho internacional, no es el criterio último de justicia, sino una formulación histórica y falible que presupone —y no siempre respeta— los principios de la ley natural.

Al mismo tiempo, debe reconocerse con honestidad intelectual que no es posible juzgar con certeza la intención última de los agentes que ejecutan una acción política de esta magnitud. Las intenciones pueden ser presumidas, analizadas o conjeturadas, pero no conocidas con evidencia moral plena. En este sentido, el juicio definitivo sobre la moralidad subjetiva del acto pertenece al fuero interno y, en última instancia, al juicio de Dios. Pretender condenar o absolver interiormente a los agentes excede los límites de un análisis moral serio y conduce fácilmente al moralismo o a la instrumentalización ideológica.

Por ello, resulta razonable adoptar una posición prudencial: afirmar que la acción puede ser jurídicamente ilícita, moralmente problemática y, sin embargo, no necesariamente contraria a la ley divina, siempre que se la considere desde el plano objetivo y bajo las condiciones estrictas que la tradición moral exige. Este enfoque no relativiza la moral, sino que la toma en serio, reconociendo tanto la gravedad del mal que se intenta remediar como la imperfección inevitable de los medios humanos.

Así, el propósito de esta reflexión no es clausurar el debate ni erigirse en árbitro moral absoluto, sino mostrar que la discusión es más profunda de lo que permiten los eslóganes o las condenas inmediatas. Repasar los argumentos, ordenarlos conceptualmente y someterlos al tamiz de la filosofía política y de la moral católica clásica no debilita la reflexión; al contrario, la fortalece. Solo desde este ejercicio de discernimiento serio y orgánico es posible evitar tanto el maquiavelismo encubierto como el pacifismo ingenuo, y aproximarse, con humildad intelectual, a un juicio verdaderamente orientado por la justicia, el bien común y la verdad.

Para concluir, y retomando de manera ordenada el conjunto de argumentos examinados a lo largo de esta discusión, resulta necesario reafirmar una posición que, aunque pueda incomodar a quienes buscan respuestas simples, es intelectualmente más honesta y moralmente más coherente. Si el análisis se circunscribe estrictamente al derecho internacional vigente, es difícil sostener sin matices que la acción haya sido plenamente lícita. Desde una lectura positivista, apoyada en los principios de soberanía y no intervención, muchos concluirán —y con razones formales— que se trató de un acto ilícito. Ahora bien, reconocer esa posible ilicitud jurídica no equivale automáticamente a negar toda legitimidad moral de lo ocurrido, ni mucho menos a clausurar el juicio desde la filosofía política y la ética cristiana.

La pregunta decisiva no es si la acción encaja sin fricciones en una tabla normativa internacional diseñada para un orden global idealizado, sino si esa eventual ilicitud jurídica priva de toda legitimidad a la remoción de un sujeto que encarna —no de modo accidental, sino estructural— un sistema tiránico. En el caso de Nicolás Maduro, no se trata de un gobernante controvertido o de un adversario político incómodo, sino de una figura acusada de delitos gravísimos, entre ellos narcoterrorismo, desapariciones forzadas, corrupción sistemática y la dirección de un régimen que ha destruido deliberadamente el orden institucional, económico y social de su país. Él no es una pieza secundaria del engranaje, sino el rostro visible y funcional de un sistema de opresión consolidado.

En este punto, conviene introducir una distinción que, aunque coloquial, resulta filosóficamente significativa. En el ámbito hispano solemos hablar del "tonto útil": aquel que cumple un rol dentro de una estructura de poder que lo excede, pero del cual no puede salir sin poner en riesgo su propia supervivencia. Aplicado a este caso, incluso si se admitiera que Maduro no actuaba con plena libertad —hipótesis que no puede descartarse— ello no lo exime de responsabilidad objetiva por el sistema que sostuvo y dirigió. Si fue entregado, si se entregó, si hubo negociación, montaje o presión externa, son cuestiones fácticas que desconocemos y que, con toda probabilidad, no conoceremos nunca con certeza completa.

Precisamente por ello, resulta intelectualmente impropio afirmar con seguridad absoluta que el acto fue moralmente inmoral. El juicio moral pleno requiere conocimiento suficiente de la intención del agente, y esa intención pertenece al fuero interno. Puede ser presumida, inferida o sospechada, pero no demostrada con evidencia moral concluyente. En este sentido, el juicio último sobre la moralidad subjetiva del acto pertenece a Dios, no al analista político ni al comentarista moral. Lo que sí puede afirmarse es que existen vicios objetivos en la forma de actuar de la potencia estadounidense, y negarlo sería ingenuo. Pero esos vicios no sorprenden: forman parte del funcionamiento real de la geopolítica mundial, no de una anomalía excepcional.

Desde una perspectiva personal, esta constatación no debería convertirse en un punto de ruptura o de escándalo permanente. Al contrario, puede ser una ocasión para comprender mejor que la fe no está diseñada para operar en un mundo ideal, sino en un mundo herido, atravesado por conflictos de poder, intereses contrapuestos y decisiones trágicas. La doctrina moral de la Iglesia no nos ofrece refugio para la ingenuidad, sino criterios para el discernimiento prudencial. No estamos llamados a justificarlo todo, pero tampoco a condenarlo todo desde una supuesta superioridad moral abstracta.

Aquí resulta imposible eludir una consideración personal y concreta. Hablo como ecuatoriano, no como venezolano. Sin embargo, conozco a muchos venezolanos que llegaron a este país tras perderlo todo. Personas formadas, ingenieros titulados, profesionales cualificados, que hoy trabajan como guardias de seguridad, asistentes de servicios básicos o repartidores. No lo menciono como argumento emotivo barato, sino como dato humano real. Cuando esas personas expresan alivio, incluso esperanza, no porque haya violencia —que siempre duele— sino porque perciben el fin de una estructura que les robó el futuro, ese testimonio no puede ser despreciado con ligereza desde un escritorio moralmente cómodo.

Por supuesto, no todo conflicto es equiparable. Existe una diferencia profunda, abismal y estructural entre lo ocurrido en Venezuela, lo que sucede en Ucrania y otros escenarios de confrontación global. Cada caso tiene su propia lógica histórica, política y moral. Pretender analizarlos con un único esquema simplista es un error grave. Del mismo modo, pensar que estos conflictos se resolverán “por las buenas” es desconocer la realidad. No se trata de cinismo, sino de realismo moral. Ser católico no implica ser ingenuo ni desentenderse de las condiciones concretas del mundo en que vivimos.

En última instancia, si uno se ve forzado a elegir —no porque lo desee, sino porque la historia lo empuja— entre bandos imperfectos, la elección no puede basarse en una pureza inexistente, sino en el mal menor y en la protección de bienes fundamentales. Y aquí la afirmación es clara, aunque incómoda: hay una diferencia radical entre un poder que desprecia a los cristianos y uno que los persigue y los elimina. Esta constatación no santifica a nadie, pero ayuda a comprender por qué ciertas decisiones, aun defectuosas, pueden ser toleradas moralmente en contextos extremos.

Así entendida, esta reflexión no pretende justificar sin reservas, ni condenar sin matices, sino ofrecer un cierre honesto: la acción puede ser jurídicamente ilícita, moralmente problemática y, aun así, no necesariamente contraria a la ley divina. La fe católica no nos exige respuestas fáciles, sino discernimiento serio; no nos pide aplausos ni consignas, sino verdad, justicia y prudencia en medio de un mundo que, por desgracia, rara vez nos ofrece opciones limpias.

Al analizar con detenimiento los postulados que emergen de este intercambio, se advierte que muchas de las tensiones no provienen tanto de una negación explícita de la doctrina católica, cuanto de una aplicación incompleta o desordenada de sus principios, a veces cargada de presupuestos no explicitados. Precisamente por eso es necesario examinarlos con calma, sin descalificaciones personales, y situarlos en su marco doctrinal correcto.

Cuando se afirma que la acción no se juzga por la intención, citando a san Bernardo y su conocida advertencia sobre las buenas intenciones, se dice algo verdadero, pero solo parcialmente. La tradición moral católica nunca ha sostenido que la intención sea irrelevante; lo que sostiene es que la buena intención no basta para hacer bueno un acto malo en sí mismo. El Catecismo es claro: la moralidad del acto humano se juzga por el objeto, el fin y las circunstancias. Reducir el juicio moral exclusivamente a la intención sería tan erróneo como reducirlo exclusivamente al resultado externo. San Bernardo no niega el papel de la intención; advierte contra la autojustificación subjetiva que pretende excusar cualquier medio apelando a una supuesta rectitud interior. En otras palabras, la intención no salva un acto intrínsecamente malo, pero sí es moralmente relevante cuando el objeto del acto es lícito o al menos moralmente indiferente.

En este mismo sentido debe entenderse correctamente la afirmación —plenamente católica— de que el fin no justifica los medios. Esta máxima, recogida explícitamente en el Catecismo, no puede interpretarse como una prohibición absoluta de toda acción que tenga efectos negativos, sino como la negación del principio maquiavélico que legitima medios intrínsecamente malos por la sola bondad del fin. La doctrina católica nunca ha enseñado que solo se puedan realizar acciones “puras” sin consecuencias trágicas; lo que enseña es que no se puede hacer el mal para que venga el bien. Pero esto es distinto de tolerar un mal no querido cuando se cumplen las condiciones tradicionales de proporcionalidad, necesidad y orden al bien común, como ocurre en la legítima defensa o en la guerra justa.

Aquí aparece uno de los núcleos más interesantes del debate: la cuestión de si los medios empleados estaban o no moralmente justificados. Señalar que el fin no justifica los medios no resuelve la cuestión; apenas la plantea. La pregunta decisiva es si los medios utilizados eran intrínsecamente malos o si, por el contrario, podían ser considerados moralmente tolerables —o incluso objetivamente ordenados— dentro de un contexto extremo de injusticia estructural. En este punto, la referencia al principio del doble efecto no es una evasión, sino una exigencia de rigor moral. La tradición católica no se limita a repetir máximas, sino que exige discernimiento prudencial aplicado a situaciones concretas, atendiendo a la proporcionalidad, al agotamiento de instancias pacíficas y a la probabilidad razonable de éxito en orden al bien común.

Buena parte de la fricción en el intercambio no parece deberse a una negación del Magisterio, sino al modo de interpretarlo y aplicarlo. Apelar a las palabras de los Papas es legítimo y necesario, pero hacerlo sin distinguir entre niveles magisteriales, contextos discursivos y finalidad pastoral puede conducir a lecturas rígidas o selectivas, aun sin mala intención. Reconocer que el Magisterio ordinario puede desarrollarse y precisar su enseñanza frente a nuevos problemas no equivale a relativizarlo ni a desobedecerlo; es, de hecho, una posición clásica en la teología católica. Al mismo tiempo, asumir que una interpretación personal concreta del Magisterio agota su sentido puede derivar —aunque no se lo pretenda— en una forma de superioridad moral o de racionalismo práctico, donde la complejidad de la realidad queda subordinada a un esquema previo.

En este contexto, las objeciones que señalan la centralidad del bien del pueblo venezolano no son irrelevantes ni sentimentales. Preguntar si el fin de una dictadura constituye un bien real para ese pueblo no es una desviación utilitarista, sino una cuestión propiamente moral, vinculada al bien común. El dato de que bajo el régimen chavista se hayan negado sistemáticamente los derechos humanos y civiles no es una opinión discutible, sino un hecho ampliamente constatado. Ignorar este dato en nombre de una pureza moral abstracta corre el riesgo de convertir la doctrina social de la Iglesia en un conjunto de principios desarraigados de la realidad.

Del mismo modo, recordar que el poder no se agota en una sola figura personal, sino que se articula en una oligarquía o en una estructura de dominación más amplia, introduce un matiz necesario: la remoción de un individuo no equivale automáticamente a la restauración del orden justo. Esta observación no invalida el análisis moral del acto concreto, pero sí impide simplificaciones triunfalistas. A la vez, resulta legítimo cuestionar cierta selectividad moral que se indigna únicamente ante la intervención estadounidense, mientras guarda silencio frente a la injerencia prolongada y menos visible de otras potencias que se beneficiaron del mismo sistema tiránico. Señalar esta asimetría no es justificar una intervención, sino denunciar una incoherencia frecuente en el juicio político contemporáneo.

Finalmente, es importante subrayar que buena parte del desacuerdo no parece provenir de una rebeldía consciente contra la doctrina católica, sino de una tensión no resuelta entre principios universales y juicios prudenciales concretos. La doctrina ofrece criterios; no sustituye el ejercicio de la prudencia ni elimina la responsabilidad personal en el discernimiento. Por ello, acusar apresuradamente de soberbia o ignorancia puede empobrecer el debate más que iluminarlo. La moral católica no se defiende mejor elevando el tono, sino afinando las distinciones.

Leído en conjunto, este debate muestra precisamente lo que debería ser un artículo de opinión honesto: un espacio donde se confrontan argumentos reales, donde se reconocen los límites del propio juicio y donde se intenta pensar la fe no como un refugio ideológico, sino como una luz exigente aplicada a una realidad política dura, compleja y trágica. No hay aquí una conclusión cerrada, y quizá no la deba haber. Hay, más bien, un esfuerzo por pensar sin ingenuidad y sin cinismo, evitando tanto el maquiavelismo encubierto como el moralismo abstracto, y dejando abierto un discernimiento que, en última instancia, pertenece a la conciencia rectamente formada y al juicio de Dios.

Tal como ya se ha mencionado en lo previamente comentado, el punto que a mí me resulta menos convincente del argumento no está en la constatación de que se trató de un acto unilateral ni siquiera en la afirmación de que hubo una violación del derecho internacional, sino en el modo en que se pretende fundamentar su inmoralidad. Lo que observo es que se apela de manera implícita a la licitud jurídica del acto como si de allí se siguiera, casi automáticamente, su calificación moral. Y ese es, a mi juicio, el desliz conceptual de fondo: identificar o al menos superponer legalidad con moralidad, cuando ambas cosas no coinciden necesariamente.

Cómo ya se ha dicho, que un acto sea legal —o que haya seguido determinados canales formales— no lo convierte por ese solo hecho en un acto moralmente bueno, ni siquiera en uno legítimo en sentido ético. Si aceptáramos ese razonamiento, tendríamos que admitir, por simple coherencia lógica, que todo lo que la ley permite es moralmente aceptable, lo cual es manifiestamente falso. El caso del aborto es el ejemplo más claro: su legalización en múltiples ordenamientos jurídicos no lo transforma en un bien moral ni en un acto conforme a la ley natural. Por tanto, cuando el argumento insiste en que Estados Unidos no agotó instancias multilaterales o no acudió a organismos internacionales, eso puede ser relevante en el plano jurídico o diplomático, pero no constituye todavía el núcleo del juicio moral.

El problema se vuelve más evidente cuando se afirma que el acto es inmoral sin precisar con claridad qué precepto moral concreto se ha violado. Aquí es donde, como ya se ha indicado, el razonamiento queda incompleto. La doctrina moral de la Iglesia no se mueve por intuiciones generales ni por impresiones políticas, sino por principios objetivos: el orden al bien común, la justicia, la autoridad legítima, la recta intención, la proporcionalidad de los medios. Decir que algo es inmoral exige mostrar en qué punto exacto se rompe ese orden moral, y no basta con señalar que se actuó “mal” porque no se siguieron ciertos procedimientos internacionales.

En lo previamente comentado también se ha señalado que la doctrina católica enseña el respeto a la autoridad constituida, pero ese respeto no es absoluto ni incondicional. La autoridad política está siempre subordinada al bien común, y cuando un gobierno se vuelve tiránico, corrupto y sistemáticamente contrario a ese bien común, pierde su legitimidad moral, aunque conserve una fachada legal. No es necesario esperar a una persecución religiosa abierta o a una prohibición formal del culto para reconocer que un régimen ha cruzado ese umbral. La destrucción deliberada del orden social, la corrupción estructural, los vínculos con el narcotráfico y la represión sostenida son signos suficientes de una autoridad desordenada en términos morales.

Por eso, cuando el argumento se limita a decir que Estados Unidos actuó como juez, jurado y verdugo, y que no hubo un debido proceso internacional, nuevamente se queda en el plano procedimental. Que haya habido arbitrariedad o unilateralidad puede agravar la situación, pero no agota la evaluación moral. La pregunta decisiva sigue siendo otra: si la acción estuvo realmente ordenada al bien común o si respondió principalmente a intereses propios, geopolíticos o económicos. Si lo segundo es lo predominante, entonces el acto es moralmente viciado, independientemente de que el régimen al que se enfrentaba fuera, a su vez, profundamente inmoral.

Aquí entra, como ya se ha señalado antes, el papel de la intención moral. La tradición de la Iglesia es clara al afirmar que la intención no convierte en bueno un acto objetivamente malo, pero sí puede agravar o atenuar la culpa moral. No todos los males son iguales ni todos los agentes actúan con el mismo grado de perversidad. Hay actos que, aun siendo malos, lo son en menor medida que otros, y hay intenciones que hacen un mal más grave ante Dios. Por eso, no basta con contraponer un bando “legal” a otro “ilegal”, ni un gobierno formalmente democrático a otro abiertamente corrupto.

En síntesis, lo que cuestiono del argumento no es que concluya que el acto fue inmoral, sino que no logra demostrarlo con el rigor que exige la doctrina moral católica. Falta precisión conceptual, falta identificar con claridad el principio moral vulnerado y sobra una confianza implícita en que la legalidad o la ilegalidad bastan para zanjar una cuestión que, en realidad, pertenece al orden moral objetivo. Y es ahí donde, a mi juicio, el argumento pierde fuerza y coherencia.

En lo personal, y siendo coherente con todo lo previamente comentado, mi conclusión es clara: el acto me parece inmoral. Lo que hizo Estados Unidos —la invasión, el bombardeo de Caracas, la destrucción de símbolos políticos como el mausoleo de Chávez, los ataques a bases militares, el uso de fuerza pesada con tanquetas, y las consecuencias humanas inevitables en forma de heridos y muertos— constituye un uso excesivo de la fuerza. No me resulta difícil conceder eso. Desde una lectura estricta, fue un acto ilegítimo, ilícito y desproporcionado.

Ahora bien, comprender que algo es inmoral no implica renunciar a entender la lógica interna con la que actúan los Estados. Si una potencia decide capturar un “objetivo de alto valor” y parte desde cero, asumiendo que ese individuo representa una amenaza directa a sus intereses estratégicos, políticos y hegemónicos, entonces su razonamiento es brutalmente simple: el problema debe ser eliminado, y el mensaje a los demás actores debe ser inequívoco. O se alinean, o afrontan un destino similar o peor. No justifico esa lógica; la describo. Así piensa el poder cuando se mueve en clave geopolítica desnuda, no en clave moral ni evangélica.

Precisamente por eso, el punto decisivo de mi argumento no está en si la acción fue excesiva, ilegal o incluso injusta —aspectos sobre los cuales se puede y se debe opinar—, sino en quién tiene autoridad para emitir un juicio definitivo de moralidad. Y aquí es donde introduzco una cautela que considero indispensable. No puede ser la misma sociedad posmoderna la que se erija como tribunal moral supremo, cuando esa misma sociedad es hipócrita y selectiva frente a males objetivamente gravísimos. Basta pensar en la masacre sistemática de cristianos en África, que ocurre ante el silencio cómodo de Occidente, incluido el silencio de muchos cristianos occidentales que vivimos inmersos en un relativo bienestar, en una paz frágil, y en una tolerancia todavía existente hacia la fe verdadera, aunque el entorno cultural tienda al ateísmo, especialmente en Europa. Hispanoamérica, con todos sus problemas, aún no ha llegado a ese punto de descristianización total.

Por eso insisto: que al fiel laico no le corresponde emitir un juicio definitivo sobre la moralidad plena de estos actos. Al laico le compete —y esto es legítimo— señalar que el acto fue excesivo, ilegítimo, ilegal; preguntarse si existían otras vías posibles; abrir dudas razonables; advertir los peligros de este precedente. Porque, en efecto, si una superpotencia puede actuar así dentro de lo que considera su esfera de influencia, ¿qué impide que cualquier otra haga lo mismo? ¿Dónde termina esa esfera? Estados Unidos habla de “Occidente”, pero ni siquiera considera a Ucrania plenamente parte de él, como lo demuestra su exclusión de la OTAN. Entonces, ¿por qué Rusia no habría de actuar del mismo modo en su entorno? ¿O China en el suyo? ¿O cualquier potencia regional que se arrogue el derecho de intervenir donde crea que sus intereses están en juego?

El resultado de esta lógica es conocido: conflictos fratricidas, guerras que no transforman realmente la historia, que no aportan nada sustancial ni a la economía mundial ni siquiera a la regional. En Hispanoamérica lo hemos vivido una y otra vez. Y cuando hablo de guerras fratricidas no me refiero únicamente al concepto moderno de nación-Estado, sino a algo más profundo: compartimos una base cultural, lingüística y civilizatoria común. Somos, con todas nuestras mezclas, una misma nación en sentido histórico y cultural. El mito de la “pureza” racial no resiste ni un análisis mínimo; la inmensa mayoría somos mestizos. El resto es racismo étnico de raíz protestante y luterana, ajeno a nuestra tradición.

Mientras nosotros nos desgastamos en conflictos internos, no somos capaces de imponer un límite claro a tiranías que destruyen países enteros, como Venezuela, arruinando no solo su economía sino la de toda la región. Los países vecinos colapsan en servicios sanitarios, sociales y laborales porque, al ser sociedades de raíz cristiana, tienden a la acogida y la solidaridad. Pero llega un punto en que esa solidaridad se ve desbordada. No siempre hay recursos ni siquiera para los propios ciudadanos. Y aun así, ese “extranjero” no es del todo extranjero: es nuestra misma sangre, nuestra misma cultura.

Aquí vuelve a aparecer la cuestión moral en toda su complejidad. Reitero: para mí, el acto fue ilegítimo e ilícito, y en ese punto doy la razón a quienes han señalado con rigor doctrinal sus falencias. Pero, al mismo tiempo, no me arrogo la potestad de juzgar en conciencia la moralidad última de las personas involucradas. No puedo juzgar el foro interno. No puedo conocer con certeza las intenciones. Y menos aún puedo hacerlo desde una supuesta superioridad moral, cuando yo mismo soy un pecador, con defectos grandes y pequeños. Mi pecado no convierte en malo lo que es bueno, ni la rectitud externa de otro convierte en bueno lo que es malo. Cada quien responderá ante Dios por aquello que pertenece al ámbito interior.

Por eso, aun afirmando que el acto fue inmoral en su objetividad, me resisto a caer en el juicio temerario sobre las conciencias. Ese juicio no me corresponde. Corresponde a Dios. Y es ahí donde cobra pleno sentido la advertencia evangélica: no mirar la paja en el ojo ajeno sin antes reconocer la viga en el propio. Esa, y no otra, es la única posición intelectualmente honesta, teológicamente fundada y moralmente prudente desde la cual sostengo esta opinión.

Agradecimientos:

R. P. José Antonio Fortea, R. P. Gabriel Calvo-Zarraute, Don Luca Rojas, Don Patricio Lons, Don Pablo Victoria (+), Don Marco A., Tibor Roshental, R. P. Intriago, David Sánchez.

Galo Guillermo Farfán Cano.