Meritocracia
Reflexión
Desde el realismo filosófico y la tradición viva de la Iglesia, toda reflexión sobre la meritocracia debe comenzar por una adecuada comprensión de la naturaleza de la sociedad, de la autoridad y del bien común, pues solo desde una antropología verdadera y una metafísica del ser es posible evitar los errores conceptuales que hoy distorsionan el debate público. La Iglesia ha afirmado constantemente, desde los Padres hasta la escolástica clásica, que es una societas perfecta, no en el sentido moderno de autosuficiencia cerrada o de poder totalizante, sino en cuanto posee en sí misma todos los medios necesarios para alcanzar su fin propio, que es la salvación de las almas. Esta noción, que suele ser caricaturizada o rechazada desde categorías políticas modernas, no se opone a la legítima autonomía del orden temporal, sino que lo ilumina y lo ordena, recordando que toda sociedad humana, incluida la política, tiene una finalidad objetiva y no meramente procedimental o consensual. Cuando se pierde esta referencia finalista, el mérito se vacía de contenido y se convierte o bien en un instrumento de dominación técnica o bien en una coartada ideológica para justificar desigualdades sin justicia.
Desde esta perspectiva, es imprescindible distinguir cuidadosamente entre las formas políticas históricas y las categorías ideológicas surgidas de la modernidad. La contraposición simplista entre monarquía y república, tal como suele presentarse en el discurso contemporáneo, es profundamente anacrónica y falaz. La república, en su sentido clásico, no designa una forma de gobierno opuesta a la monarquía, sino la res publica, la cosa común, el orden político orientado al bien común. Una monarquía puede ser plenamente republicana en este sentido, como lo fue la Monarquía Católica Hispana, mientras que una república moderna puede ser radicalmente antirrepublicana si se orienta a intereses de facción, a la pura voluntad de la mayoría o al poder de élites económicas y tecnocráticas desvinculadas del bien común real. Caer en la falacia de identificar república con democracia liberal y monarquía con absolutismo es un error conceptual grave que impide comprender la génesis histórica de las instituciones políticas y administrativas que hoy, paradójicamente, se reivindican como logros exclusivos de la modernidad.
La Monarquía Católica Hispana, entendida correctamente, no fue un Estado-nación moderno ni una monarquía centralizada de tipo absolutista, sino una república de reinos, jurídicamente articulada, plural en sus fueros, costumbres e instituciones, y unida por la fe, la ley natural y la referencia común al bien cristiano de la sociedad. En este marco, el ejercicio de la autoridad no se concebía como una emanación de la voluntad popular abstracta ni como un derecho ilimitado del soberano, sino como un ministerio ordenado al bien común, sujeto a la ley divina, natural y positiva. Es precisamente en este contexto donde puede hablarse, con propiedad, de una forma histórica de meritocracia, muy distinta tanto del igualitarismo moderno como del elitismo oligárquico contemporáneo. El acceso a cargos administrativos, militares, judiciales y universitarios estaba mediado, al menos en principio normativo y en amplios sectores de la práctica, por criterios de idoneidad, virtud, formación y servicio, no por la mera pertenencia estamental ni por la acumulación de capital económico.
Resulta fundamental desmontar aquí una falacia recurrente: la idea de que toda sociedad premoderna era necesariamente rígida, inmóvil y cerrada al mérito personal. Si bien existieron abusos, corrupciones y desviaciones —como en toda sociedad humana marcada por el pecado—, la estructura orgánica de la sociedad cristiana permitía una movilidad real basada en el mérito, especialmente a través de instituciones como la Iglesia, las universidades, los cuerpos administrativos y las órdenes militares y religiosas. La noción de mérito estaba inseparablemente ligada a la virtud, al servicio y a la responsabilidad, no al éxito cuantificable ni al rendimiento económico. Confundir esta concepción con una justificación teológica de privilegios hereditarios es desconocer tanto la doctrina social de la Iglesia como la realidad histórica concreta.
Otra falacia que debe ser explícitamente rechazada es la identificación del mérito social o político con la soteriología. Desde la tradición católica, es absolutamente claro que la salvación es don gratuito de Dios, fruto de la gracia, y que ningún mérito humano, en el orden natural o civil, puede causarla. La confusión entre mérito civil y mérito sobrenatural ha sido explotada tanto por críticos del cristianismo como por corrientes heréticas que han pretendido reducir la gracia a una recompensa del esfuerzo humano. Pero del hecho de que la salvación no sea merecida en sentido estricto no se sigue, en absoluto, que el orden temporal deba prescindir del mérito como criterio de justicia. Al contrario, precisamente porque el orden de la gracia y el orden de la naturaleza son distintos aunque no separados, el mérito humano tiene pleno sentido en la vida social, laboral y política, como expresión de justicia distributiva y de orden racional de la comunidad.
Desde el realismo tomista, el mérito en el orden civil se funda en la adecuación objetiva entre la persona, su capacidad, su virtud operativa y el fin propio de la función que se le encomienda. No es una construcción subjetiva ni una convención arbitraria, sino una relación real entre el ser y el obrar. Cuando esta relación se rompe, ya sea por igualitarismo ideológico o por tecnocracia deshumanizada, la sociedad se desordena. El igualitarismo niega las diferencias reales entre las personas y termina produciendo injusticias al tratar como idénticos a quienes no lo son en capacidad y responsabilidad. La tecnocracia, por su parte, reduce el mérito a indicadores técnicos, cuantificables y funcionales, prescindiendo de la dimensión moral, comunitaria y finalista de la acción humana. Ambas posturas comparten una misma raíz moderna: la negación del orden objetivo del ser y del bien.
En este punto es necesario señalar otra falacia habitual: creer que la meritocracia es un invento moderno vinculado al liberalismo o al capitalismo. Esta idea ignora que la noción de mérito es anterior a la modernidad y que, de hecho, la modernidad ha tendido a vaciarla de su contenido moral y teleológico. La meritocracia liberal suele medir el mérito en términos de éxito individual, acumulación de riqueza o ascenso social, sin referencia necesaria al bien común. En cambio, en la tradición cristiana, el mérito civil está siempre subordinado al servicio de la comunidad y al orden justo de la sociedad. No se trata de premiar al más fuerte, al más competitivo o al más eficiente en términos productivos, sino al más apto para cumplir una función en orden al bien de todos.
La crisis contemporánea de la meritocracia no se debe, como a veces se afirma, a un exceso de mérito, sino a su deformación. Cuando el mérito se separa de la verdad sobre el hombre y sobre la sociedad, se convierte en una ideología que legitima desigualdades injustas o que genera frustración y resentimiento. Desde la perspectiva cristiana, el mérito no confiere dignidad ontológica —que es igual en todos por la creación y la redención—, sino responsabilidad y deber. A mayor mérito, mayor obligación de servicio. Este principio, profundamente evangélico y a la vez racional, ha sido prácticamente olvidado en los sistemas políticos modernos, donde el ascenso suele implicar mayor poder y privilegio, pero no necesariamente mayor carga moral.
La Monarquía Católica Hispana, con todas sus limitaciones históricas, encarnó de modo significativo este principio al concebir los cargos públicos como oficios, es decir, servicios. El lenguaje mismo revela una concepción ontológica distinta de la función pública. El oficio no es propiedad del que lo ejerce, ni un derecho adquirido por mera elección o contrato, sino una tarea confiada en vista de un fin superior. Esta concepción, hoy casi desaparecida, es inseparable de una verdadera meritocracia, pues solo allí donde el cargo se entiende como servicio puede el mérito evaluarse en términos de idoneidad moral y racional, y no solo de eficiencia técnica o respaldo político.
Una cuestión decisiva que aún debe ser afinada es la distinción entre la inevitabilidad sociológica de las relaciones humanas y su posible corrupción política. Que los hombres se relacionen, recomienden, confíen en quienes conocen y favorezcan a quienes han probado lealtad no constituye en sí mismo una injusticia; al contrario, pertenece a la estructura misma de la vida social. La falacia aparece cuando se identifica toda relación personal con nepotismo, o cuando se absolutiza la relación personal como criterio suficiente para el acceso al poder o al trabajo. El realismo obliga a admitir que ninguna comunidad humana funciona en el vacío relacional, pero también exige afirmar que dichas relaciones deben estar subordinadas a un orden objetivo que las juzgue. El problema no es que existan padrinos, sino que no exista un orden que obligue al padrino a responder por el recomendado y que permita excluirlo cuando se demuestra su ineptitud o daño al bien común.
Aquí se vuelve central el tema del evaluador del mérito, que no puede reducirse ni al mercado, ni al voto, ni al simple rendimiento económico. Toda evaluación auténtica del mérito presupone un criterio previo de finalidad: ¿para qué existe ese cargo, ese oficio, esa función? Sin esta pregunta, toda medición se vuelve arbitraria. En la tradición clásica, la función precede al individuo, y el individuo es juzgado en función de su adecuación a esa finalidad. Por ello, el mérito no es autorreferencial ni autorproclamado, sino reconocido por una instancia que representa el bien común. La modernidad, al destruir las mediaciones orgánicas y sustituirlas por procedimientos impersonales, ha generado la ilusión de objetividad, cuando en realidad ha desplazado la evaluación hacia poderes menos visibles y menos responsables.
Este desplazamiento explica por qué en los Estados nación modernos la meritocracia suele convertirse en una ficción retórica. Formalmente se proclaman concursos, méritos y evaluaciones, pero materialmente el acceso sigue mediado por capital social, económico o ideológico. La diferencia respecto del orden tradicional no es la existencia de mediaciones, sino su opacidad y su desvinculación del bien común. Allí donde nadie responde por nadie y donde el fracaso institucional no tiene consecuencias personales, el sistema favorece al mediocre adaptado y penaliza al competente incómodo. Esto genera una paradoja profunda: sociedades que hablan obsesivamente de mérito, pero que estructuralmente expulsan al verdaderamente meritorio cuando no encaja en las redes de poder existentes.
En este punto conviene introducir una precisión clave: no todo mérito es inmediatamente visible ni cuantificable. La obsesión moderna por indicadores, métricas y resultados a corto plazo responde más a una lógica tecnocrática que a una comprensión realista del trabajo humano. Existen labores cuyo impacto es indirecto, acumulativo o formativo, y cuya evaluación exige tiempo, prudencia y conocimiento sustantivo del campo. Reducir el mérito a productividad inmediata o a indicadores numéricos es otra falacia que termina favoreciendo al oportunista sobre el virtuoso. El realismo, por el contrario, reconoce que el valor del trabajo se mide también por su contribución al orden, a la estabilidad y a la transmisión de bienes sociales que no siempre son traducibles en cifras.
Esta reflexión permite abordar con mayor profundidad la cuestión de la desigualdad. La meritocracia, entendida correctamente, no solo no elimina la desigualdad, sino que la ordena. Pretender que todos los hombres tengan idénticos resultados es desconocer la diversidad real de capacidades, vocaciones y responsabilidades. La desigualdad se vuelve injusta únicamente cuando no guarda proporción con la función o cuando se funda en privilegios desvinculados del servicio. Por ello, el intento moderno de corregir desigualdades mediante igualaciones artificiales termina produciendo nuevas formas de injusticia, pues desconoce tanto la naturaleza humana como las exigencias del bien común. La tradición cristiana, en cambio, afirma simultáneamente la igualdad ontológica de la dignidad y la legítima desigualdad funcional.
Desde esta perspectiva, la comparación entre la Monarquía Católica y los regímenes contemporáneos adquiere un sentido más preciso. No se trata de idealizar una forma histórica concreta, sino de reconocer que allí donde el poder se entendía como ministerio y no como propiedad, existía al menos la posibilidad real de remover al incompetente, aun cuando estuviera bien relacionado. Cuando el poder se absolutiza —ya sea en forma de soberanía popular ilimitada, de burocracia estatal o de dominio económico—, dicha posibilidad se reduce drásticamente. La plutocracia moderna, en particular, consolida una desigualdad sin función, donde el poder no responde a la excelencia ni al servicio, sino a la acumulación y reproducción del capital.
Finalmente, es necesario subrayar que toda reflexión sobre meritocracia fracasa si no se inscribe en una antropología realista. El hombre no es ni pura voluntad autónoma ni simple producto de estructuras. Está condicionado, pero no determinado; es desigual en capacidades, pero igual en dignidad; es social por naturaleza, pero responsable de sus actos. La meritocracia auténtica solo puede existir como un equilibrio siempre imperfecto entre estas dimensiones. Cuando se la absolutiza como ideología, se vuelve cruel; cuando se la niega en nombre de la igualdad, se vuelve injusta; cuando se la ordena al bien común, se convierte en un principio razonable de organización social.
En este sentido, la crítica no debe dirigirse al mérito como tal, sino a los sistemas que lo vacían de contenido mientras lo utilizan como legitimación simbólica. Recuperar una noción sana de mérito implica aceptar límites, reconocer fracasos, corregir privilegios indebidos y, sobre todo, reintroducir la responsabilidad moral en la vida pública. Sin esta restauración ética, cualquier discusión sobre meritocracia seguirá oscilando entre la utopía y el cinismo, sin ofrecer una vía realista para el ordenamiento justo de la sociedad.
