La medicina como promesa rota
Análisis, Opinión
Un análisis estructural del sistema de salud pública ecuatoriano y el horizonte profesional de los médicos en formación
La crisis del sistema de salud pública ecuatoriano no es un fenómeno reciente ni atribuible a un solo gobierno, a una coyuntura política específica o a una mala racha económica pasajera. Se trata, más bien, de una crisis estructural, crónica y profundamente normalizada, que se arrastra desde hace más de dos décadas sin reformas sustantivas, y cuyos efectos se manifiestan hoy con particular crudeza en la vida profesional de los médicos generales, en las expectativas frustradas de los estudiantes de medicina y en el progresivo deterioro de la academia médica.
Este análisis no pretende centrarse en la escasez cíclica de insumos, en la falta de medicamentos a fin de año ni en los déficits presupuestarios que se repiten cada vez que el país atraviesa una contracción económica. Esos fenómenos, aunque graves, son síntomas visibles de un problema más profundo: un sistema que nunca fue rediseñado para sostenerse en el tiempo, que no evolucionó con las necesidades demográficas ni epidemiológicas del país y que continúa funcionando bajo lógicas administrativas, laborales y académicas obsoletas.
Desde la perspectiva de quien se graduó como médico en 2011 y ha ejercido durante quince años en el sistema público, el panorama que hoy enfrentan los profesionales de la salud es, en muchos aspectos, idéntico al de entonces. Los mismos cuellos de botella, las mismas promesas incumplidas, las mismas inequidades laborales y la misma desconexión entre formación, mercado laboral y reconocimiento profesional persisten intactas. La experiencia acumulada no se traduce en mejores condiciones, la capacitación continua no se refleja en ingresos dignos y la estabilidad laboral se convierte en un privilegio precario más que en un derecho garantizado.
Uno de los puntos más críticos de esta reflexión es el destino de los médicos generales. El mercado laboral para este grupo profesional se encuentra, en la práctica, saturado. Las plazas en el sistema público son limitadas, altamente disputadas y, en muchos casos, congeladas durante años sin concursos reales de méritos y oposición. El escalafón salarial, aunque formalmente existente, rara vez se aplica de manera efectiva, lo que condena a médicos con una década o más de experiencia a permanecer en categorías iniciales, con remuneraciones estancadas y sin incentivos reales para continuar formándose.
Paradójicamente, la respuesta institucional y cultural frente a esta saturación no ha sido una planificación racional del recurso humano en salud, sino una insistencia casi dogmática en la especialización como única vía de escape. Se transmite a los estudiantes y médicos jóvenes la idea de que “especializarse” es la solución natural a la precariedad del médico general. Sin embargo, el mercado de especialidades médicas se encuentra, si cabe, aún más saturado y distorsionado.
El acceso a una especialidad en Ecuador es extremadamente limitado. Las plazas son escasas, los procesos opacos y, en muchos casos, atravesados por relaciones de poder, favoritismos y criterios que poco tienen que ver con el mérito académico. Para muchos, la única alternativa es formarse en el extranjero, lo que exige un respaldo económico familiar significativo. Esto introduce una desigualdad estructural profunda: no accede a la especialidad quien tiene mayor vocación o capacidad, sino quien puede financiar años de estudio sin ingresos estables. El resultado es una medicina cada vez más elitizada, donde el origen socioeconómico pesa tanto o más que la competencia profesional.
Mientras tanto, la academia médica atraviesa un proceso evidente de deterioro. La docencia, lejos de concebirse como un espacio de formación rigurosa y compromiso ético con las nuevas generaciones, se ha transformado en muchos casos en un refugio laboral mal remunerado, sostenido por contratos temporales y cargas horarias fragmentadas. Se enseña no por vocación formativa, sino por necesidad económica. El énfasis se desplaza del aprendizaje profundo al cumplimiento mínimo de mallas curriculares, y la relación maestro–discípulo, históricamente central en la formación médica, se diluye en una lógica burocrática.
Esta degradación se refleja también en la investigación. En el contexto ecuatoriano, la investigación médica rara vez cuenta con financiamiento institucional suficiente. Los profesionales deben autofinanciar sus proyectos, asumir los costos de publicación y, con frecuencia, ceder autorías a jerarquías académicas que controlan los pocos recursos disponibles. La investigación deja de ser una herramienta de generación de conocimiento para convertirse en un requisito administrativo o un mecanismo de supervivencia académica.
En este escenario, resulta legítimo preguntarse: ¿a qué están apuntando hoy los estudiantes que desean estudiar medicina? Cada año, miles de jóvenes postulan a carreras de medicina para disputar un número ínfimo de cupos. No es infrecuente que más de tres mil aspirantes compitan por cincuenta plazas en una sola universidad. De esos cincuenta, incluso si todos logran graduarse con éxito, ¿cuántos conseguirán empleo estable como médicos generales? ¿Cuántos contarán con el apoyo económico necesario para especializarse? ¿Cuántos quedarán atrapados en contratos precarios, subempleo o migración forzada?
La narrativa social sigue presentando a la medicina como una carrera de prestigio, estabilidad y ascenso social. Sin embargo, esta narrativa está cada vez más desconectada de la realidad. El médico joven enfrenta largas jornadas, alta carga emocional, responsabilidad legal creciente y una remuneración que no guarda proporción con el nivel de exigencia ni con el costo de vida. La promesa de estabilidad se convierte, en muchos casos, en una carrera de resistencia al desgaste físico y mental.
A esto se suma un sistema normativo que, aunque prolijo en regulaciones, falla en su aplicación efectiva. Existen leyes que establecen límites claros a la jornada laboral, reconocen derechos adquiridos y definen escalas salariales. No obstante, estas normas se aplican de manera selectiva, favoreciendo casi siempre a la administración y dejando al profesional en una posición de indefensión. La ley se invoca con rigor cuando restringe derechos, pero se relativiza cuando debería garantizarlos.
El resultado es una sensación generalizada de frustración y desencanto. No se trata de una crisis vocacional individual, sino de una crisis sistémica. Médicos competentes, con experiencia hospitalaria y formación continua, descubren que su conocimiento no es monetizable, que su experticia no es reconocida y que su margen de maniobra profesional se reduce con el paso del tiempo. La medicina deja de ser un proyecto de vida para convertirse en una carga que se sostiene por inercia.
En este contexto, hablar de planificación de carrera, jubilación digna o independencia profesional antes de los cincuenta años parece casi una quimera. El sistema no está diseñado para premiar la eficiencia, la especialización inteligente ni la innovación. Está diseñado para reproducirse a sí mismo, manteniendo una estructura que sobrevive gracias al sacrificio silencioso de sus trabajadores.
Esta reflexión no busca desalentar a quienes sienten una vocación genuina por la medicina, sino advertir sobre la necesidad urgente de una mirada más realista y crítica. Estudiar medicina en el Ecuador de hoy implica asumir no solo el compromiso con los pacientes, sino también la carga de un sistema que no protege ni proyecta a sus profesionales. Implica, además, comprender que la excelencia académica, por sí sola, no garantiza estabilidad ni reconocimiento.
Si no se emprende una reforma profunda —que articule formación, mercado laboral, financiamiento, carrera profesional y dignidad del trabajo médico—, el país continuará formando generaciones de médicos destinados a la frustración, al subempleo o a la migración. La medicina, como promesa de movilidad social y servicio público, corre el riesgo de convertirse definitivamente en una promesa rota.
Pensar el futuro de la salud pública ecuatoriana exige, por tanto, dejar de romantizar la profesión y comenzar a analizarla con la misma rigurosidad crítica que se aplica al diagnóstico clínico. Solo así será posible imaginar un sistema que no se sostenga sobre la vocación sacrificada, sino sobre estructuras justas, sostenibles y verdaderamente orientadas al bien común.
