El Ocaso de la Ciudad Terrena
Opinión
La Democracia Homologada como Apostasía del Orden Natural y Catalizador de la Disolución Civilizatoria
La crisis de las democracias occidentales contemporáneas no puede ser comprendida como una mera disfunción administrativa ni como el desgaste natural de un modelo político envejecido. Lo que se manifiesta ante nuestros ojos es una quiebra metafísica profunda. Desde el realismo agustiniano-tomista, la democracia liberal homologada representa el estadio terminal de una rebelión contra la estructura misma del ser, al haber sustituido la referencia objetiva a la Verdad y al Bien Común por un consenso procedimental vacío. El Estado moderno, al renunciar a su función de custodio del orden natural, ha dejado de ser tutor de la ciudad para convertirse en un gestor de apetitos, generando un vacío ontológico que hoy es ocupado por cosmovisiones teocráticas y colectivistas dotadas de una metafísica coherente y finalista, singularmente el Islam político.
Mientras la tradición cristiana, siguiendo a san Agustín, entendía la paz como la tranquilidad del orden, la democracia homologada ha reducido la paz a la mera ausencia de conflicto visible. Esta neutralidad axiológica, presentada como virtud suprema, es en realidad una renuncia suicida a la identidad que dio origen a Occidente. Al negar toda jerarquía objetiva de fines y toda distinción sustantiva entre verdad y error, el Estado se vuelve incapaz de defender su propia continuidad histórica frente a una fe expansiva que no reconoce la separación entre el orden temporal y el espiritual. El resultado no es convivencia, sino vulnerabilidad estructural: no se pone en riesgo solo la arquitectura constitucional, sino la supervivencia misma de la civilización occidental.
El realismo tomista enseña que la ley humana solo es verdadera ley en la medida en que participa de la Ley Natural y se ordena al Bien Común. Sin embargo, la democracia liberal ha operado una inversión ontológica al convertir la voluntad de la mayoría —o, más precisamente, de élites tecnocráticas ideológicamente homogéneas— en la fuente última de legitimidad. La verdad deja de ser descubierta y pasa a ser fabricada; la ley deja de ser una ordinatio rationis y se convierte en un producto del consenso. Este voluntarismo político ha transformado al Estado en una maquinaria agnóstica que, en nombre de la inclusión, ha perdido la capacidad de discernir entre lo que edifica la ciudad y lo que la destruye.
Las potestades políticas de Occidente están viciadas desde su raíz por un sesgo ideológico liberal que no es simplemente anticristiano en abstracto, sino específicamente anticatólico. No se combate al protestantismo; por el contrario, se lo fomenta como contrapeso funcional para fragmentar la idea misma de cristiandad y disolver toda unidad doctrinal capaz de sostener una auctoritas real. Este liberalismo no busca pluralismo auténtico, sino neutralizar a la única tradición que históricamente ha logrado articular fe, razón, derecho y poder sin disolverlos en subjetivismo. El Estado presume neutralidad mientras legisla contra su propio fundamento espiritual, confundiendo deliberadamente tolerar un mal con consagrarlo como derecho.
Al igualar todas las identidades y credos bajo un formalismo jurídico vacío, la democracia homologada ha desmantelado la inmunidad espiritual de los pueblos occidentales. Esta renuncia impide establecer límites claros frente a sistemas que rechazan la distinción clásica entre ley civil y ley religiosa, conduciendo a una fragmentación progresiva donde el poder constitucional queda subordinado a la presión demográfica y a la imposición cultural externa. San Agustín ya advirtió que un Estado que olvida su subordinación al orden divino degenera en una gran banda de ladrones: una estructura de poder sin alma, orientada únicamente a la supervivencia material.
Al expulsar el Logos del espacio público, la democracia contemporánea se ha quedado sin argumentos racionales para justificar su propia existencia frente a cosmovisiones que operan con certezas absolutas. La virtud de la fortaleza ha sido sustituida por un sentimentalismo humanitarista que confunde la caridad con la abdicación de la identidad. En este contexto, Occidente deja de presentarse como una civilización y pasa a ser un agregado de individuos atomizados, fácilmente colonizable sin necesidad de violencia inmediata. Basta ocupar el espacio simbólico y moral que el nihilismo liberal ha dejado vacío.
El núcleo del error moderno reside en la transmutación de la soberanía. Para santo Tomás de Aquino, la legitimidad de la multitudo no emana de una voluntad autónoma, sino de su ordenación a un fin que la trasciende. La democracia homologada ha sustituido la soberanía del Bien Común por una soberanía popular voluntarista, en la que la verdad queda sometida a la estadística y el derecho se reduce a la fuerza legalizada del número. Esta quiebra priva al Estado de su telos y reduce la res publica a un mercado de derechos subjetivos sin deberes trascendentes.
De esta ruptura nace la disolución entre potestas y auctoritas. El Estado conserva el monopolio de la coacción, pero pierde la capacidad de generar obediencia interior y lealtad sustantiva. Al expulsar la autoridad moral del espacio público por considerarla “imposición dogmática”, el ciudadano queda huérfano de sentido frente a una maquinaria tecnocrática que solo administra procedimientos. El hombre no puede vivir sin autoridad; allí donde el Estado se presenta como agnóstico y frío, una fe dotada de certeza metafísica no encuentra resistencia. El poder constitucional se convierte así en rehén de la demografía y de la presión cultural externa.
La infantilización de la Sociedad
La pérdida de auctoritas desemboca inevitablemente en una degradación antropológica. Al negar la Ley Natural, el Estado deja de creer en la capacidad del hombre para conocerla y vivir conforme a ella, transformando al ciudadano en un menor perpetuo gestionado por la tecnocracia. La democracia homologada ha institucionalizado una adolescencia obsolescente mediante la postergación sistemática de la responsabilidad moral, jurídica y existencial. Se combate el embarazo adolescente no para formar en la virtud, sino como parte de una ingeniería antinatalista que empuja la paternidad y la maternidad hacia los treinta años o más, convirtiendo a adultos biológicos en niños sociales crónicos. No se protege la infancia: se abolió la adultez.
La infantilización de la sociedad occidental constituye uno de los signos más evidentes de su decadencia política y espiritual. No se trata de una metáfora retórica, sino de un fenómeno real y estructural: la prolongación artificial de la adolescencia como modelo antropológico promovido desde el Estado, el derecho y la cultura. El ciudadano es tratado como un menor perpetuo, incapaz de asumir responsabilidades morales, familiares y cívicas, y al mismo tiempo se le concede una falsa soberanía basada en deseos, emociones y “derechos” desligados de todo deber. Esta infantilización se manifiesta en la política del sentimentalismo, donde la razón es sustituida por la emoción, la prudencia por la reacción visceral y la verdad por la narrativa. El resultado es una sociedad sin carácter, sin anticuerpos y sin capacidad de juicio, fácilmente manipulable por discursos victimistas y moralmente chantajeables.
Este proceso no es neutral ni inocente. Está impulsado por élites políticas e ideológicas que han hecho del feminismo radical hegemónico y del wokismo una verdadera pedagogía de la irresponsabilidad. Bajo la retórica de la protección, la inclusión y la sensibilidad, se fomenta una cultura de la queja permanente, donde todo límite es percibido como opresión y toda exigencia como violencia. Esta es la auténtica subnormalidad política de nuestro tiempo: no en el sentido clínico ni como insulto gratuito, sino como incapacidad profunda para comprender las consecuencias elementales de los propios actos. Se legisla desde la emoción, se gobierna desde el miedo y se decide desde la ignorancia voluntaria. El político contemporáneo, formado en esta lógica, carece de báculo intelectual y moral; de ahí su imbecilidad etimológica, su imposibilidad de sostener un orden racional y de prever los efectos de las políticas que promueve.
El contraste con el islam, por breve que sea, resulta brutal. El islam no infantiliza: disciplina. No diluye la autoridad: la concentra. No relativiza el orden: lo impone. Precisamente por eso resulta tan peligroso para una sociedad infantilizada. Mientras Occidente educa en la irresponsabilidad y en la negación del conflicto, el islam forma sujetos que saben perfectamente cuál es su lugar, su deber y su objetivo, aunque ese objetivo sea erróneo o moralmente inaceptable. No hay sentimentalismo en el islam político, no hay victimismo autocomplaciente: hay estrategia, paciencia histórica y voluntad de dominio. Por eso utiliza, sin ningún escrúpulo, los instrumentos que Occidente le ofrece en su fase de decadencia: derechos, subvenciones, protección legal y retórica inclusiva. Pero esta utilización no implica reconocimiento ni gratitud; es puramente instrumental.
Aquí se revela con toda claridad el suicidio ideológico del feminismo radical y del wokismo hegemónico. Estos movimientos, que se presentan como emancipadores, promueven activamente —por acción u omisión— un sistema que los desprecia en su raíz. Defienden al islam en nombre de la diversidad, aun cuando el islam, allí donde se impone, reduce a la mujer a la tutela legal, persigue la disidencia sexual y castiga la apostasía con la muerte o la esclavitud. No estamos ante una contradicción accidental, sino ante una ceguera ideológica total. El feminismo hegemónico, al haber roto con toda antropología realista y con toda noción de naturaleza humana, ya no es capaz de distinguir entre un enemigo civilizatorio y un aliado táctico. Confunde al verdugo con la víctima y convierte su propia autodestrucción en bandera moral.
La Cristiandad, en cambio, ofrece un contraste radical tanto con la infantilización occidental como con el autoritarismo islámico. La civilización cristiana no se fundó ni en la perpetua minoría de edad ni en la sumisión ciega, sino en la formación moral del hombre libre. El cristianismo nunca negó el pecado ni idealizó al ser humano, pero tampoco lo redujo a un súbdito sin razón. Reconoció la fragilidad del hombre y, precisamente por ello, lo llamó a la responsabilidad, al dominio de sí y a la vida virtuosa. La autoridad, en la Cristiandad, no era capricho ni mera imposición, sino servicio al orden y al bien común. La ley no era una prolongación de la emoción colectiva, sino una expresión racional de la ley natural iluminada por la fe.
En la tradición cristiana clásica —canónica y civil— no existía una mayoría de edad única, abstracta y uniformemente fijada, como en los Estados modernos. Existía, en cambio, una graduación realista de la capacidad según los actos. Desde el derecho romano cristianizado y el derecho canónico medieval se distinguía entre uso de razón, imputabilidad moral, capacidad para contraer obligaciones y plenitud de derechos civiles. El uso de razón se reconocía ordinariamente desde los siete años; la responsabilidad moral y penal podía existir antes de la adultez plena; y la capacidad para contraer matrimonio se fijaba tradicionalmente en torno a la pubertad: aproximadamente 14 años para la mujer y 16 para el varón, no por sentimentalismo, sino por una observación objetiva de la madurez biológica y racional mínima necesaria para un acto de voluntad estable.
Esto no significaba —y aquí es crucial insistir— abandono del menor ni desprotección de la infancia, sino lo contrario: reconocimiento temprano de la responsabilidad acompañado de una exigencia moral alta. El joven era considerado capaz de responder por sus actos, pero también era formado en la virtud, en el deber y en la pertenencia a un orden objetivo. La Cristiandad no prolongaba artificialmente la infancia, pero tampoco la explotaba; la orientaba hacia la adultez. La ley no negaba la madurez, la convocaba.
La modernidad liberal rompe este equilibrio por el lado opuesto: retrasa artificialmente la adultez, disocia biología y ley, y crea una adolescencia hipertrofiada que puede extenderse hasta los treinta años. Se excusa la irresponsabilidad penal, se diluye la imputabilidad moral y se sustituye la formación del carácter por tutela permanente. El resultado es un ciudadano biológicamente adulto, jurídicamente infantilizado y políticamente manipulable. Esta infantilización estructural es uno de los pilares de la democracia homologada: sujetos sin firmeza moral, dependientes del Estado y guiados por el sentimentalismo y el victimismo.
El contraste con el islam es aún más revelador. Allí no hay graduación realista ni protección personalista: hay subordinación absoluta a la norma religiosa. La edad no se ordena a la madurez de la persona, sino a la licitud jurídica del dominio. De ahí que puedan coexistir, sin contradicción interna, la criminalización de la homosexualidad, la subordinación radical de la mujer y prácticas matrimoniales que el cristianismo superó precisamente elevando el criterio racional y moral del consentimiento. El islam no reconoce la infancia como ámbito sagrado a proteger ni la adultez como vocación moral: reconoce la obediencia.
El escándalo contemporáneo frente a esta idea revela hasta qué punto Occidente ha perdido el sentido de la adultez. Una sociedad que considera “niños” a individuos de veinte años, pero incapaz de defender la infancia real frente a sistemas que la destruyen, no es más compasiva: es intelectualmente desarmada. Y esa desorientación —no la edad en sí— es uno de los síntomas más claros del ocaso de la ciudad terrena.
¿Civilización Occidental?
La diferencia es decisiva: la Cristiandad forma adultos morales; el Occidente contemporáneo produce adolescentes perpetuos; el islam exige obedientes. En este triple contraste se juega el destino de las sociedades. Una sociedad infantilizada no puede resistir a un sistema disciplinado; solo puede rendirse o ser absorbida. Y eso es exactamente lo que los políticos del wokismo y del feminismo radical no quieren —o no pueden— comprender. Su subnormalidad política consiste en creer que pueden domesticar un sistema que los aborrece, que pueden integrar una cosmovisión incompatible y que pueden sobrevivir a un proyecto que, una vez consolidado, no dudará en eliminarlos o someterlos. No es ignorancia simple: es una forma avanzada de estupidez ideológica que, en nombre de la sensibilidad, conduce al suicidio civilizatorio.
Hay, además, un aspecto decisivo que no puede quedar sin desarrollar, porque es precisamente el que desmonta muchas de las narrativas contemporáneas y permite comprender por qué la Cristiandad representó históricamente una auténtica mayoría de edad civilizatoria: la adultez cristiana, entendida como mayoría de edad moral, civil y penal, fundada en la responsabilidad personal y en la veritas procesal frente al mito y la leyenda negra. El cristianismo no construyó una sociedad de inimputables perpetuos, sino una comunidad de hombres y mujeres responsables ante Dios, ante la ley y ante la comunidad política. La noción cristiana de persona implica libertad real, y la libertad real solo existe allí donde hay imputabilidad, es decir, donde el sujeto puede responder por sus actos. Por eso, en la Cristiandad clásica, la responsabilidad civil y penal no era una crueldad institucional, sino el reconocimiento de la dignidad racional del ser humano: solo quien es capaz de conocer el bien y el mal puede ser juzgado, corregido o sancionado.
Este punto resulta escandaloso para el pensamiento contemporáneo, profundamente infantilizado, que interpreta toda sanción como violencia y toda exigencia como opresión. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, eliminar la responsabilidad no libera al hombre, sino que lo degrada. Tratar al ciudadano como un menor eterno, como hace el Estado moderno sentimentalizado, equivale a negarle su condición de sujeto moral pleno. De ahí que el derecho contemporáneo oscile entre la impunidad emocional y el castigo arbitrario, sin un criterio objetivo de justicia. La Cristiandad, por el contrario, desarrolló un orden jurídico en el que la culpa debía probarse, los hechos debían establecerse y la intención debía evaluarse. Esta es la auténtica veritas procesal: la búsqueda de la verdad de los hechos como presupuesto de la justicia. No se juzgaban emociones, identidades ni narrativas, sino actos concretos, enmarcados en un orden moral inteligible.
Aquí es donde la llamada leyenda negra opera como un dispositivo ideológico de infantilización retrospectiva. Se presenta a la Cristiandad —y de modo particular a instituciones como la Inquisición— como un régimen de terror irracional, cuando en realidad fue uno de los primeros sistemas en institucionalizar procedimientos, garantías, registros y formas de debido proceso en un contexto histórico concreto. No se perseguían “defectos personales” ni inclinaciones íntimas, sino la ruptura pública y pertinaz del orden doctrinal que sostenía la cohesión social. La herejía no era tratada como una opinión privada, sino como un atentado contra el bien común, del mismo modo que hoy se persiguen delitos que ponen en peligro la estabilidad del Estado. Negar esto no es hacer historia, sino propaganda. La leyenda negra no busca comprender, sino deslegitimar retrospectivamente la adultez cristiana para justificar la minoría de edad permanente del presente.
El contraste con el islam y con el Occidente woke resulta aquí todavía más claro. El islam impone responsabilidad sin libertad: sanciona sin reconocer una racionalidad crítica capaz de examinar la ley. El Occidente contemporáneo proclama libertad sin responsabilidad: absuelve sin verdad, protege sin exigir y legisla desde la emoción. La Cristiandad, en cambio, sostuvo una síntesis superior: libertad ordenada por la verdad y responsabilidad fundada en la razón. Por eso podía distinguir entre tolerar y aprobar, entre pecado y delito, entre misericordia y permisividad. Y por eso podía exigir al hombre que creciera, que asumiera su condición adulta, que respondiera por sus actos sin refugiarse en el victimismo ni en la excusa estructural.
Islam y Wokismo-Feminismo
Esta adultez cristiana es precisamente lo que el feminismo radical y el wokismo hegemónico detestan, porque destruye su lógica de irresponsabilidad moral. Un orden que exige verdad procesal, imputabilidad penal y responsabilidad civil no puede sostener indefinidamente el relato de la víctima perpetua. Y es aquí donde se revela, una vez más, la imbecilidad etimológica de las élites actuales: al destruir el fundamento cristiano de la responsabilidad, creen estar emancipando al individuo, cuando en realidad lo están desarmando frente a sistemas que no dudan en imponer obediencia sin misericordia. El resultado es una sociedad incapaz de defenderse, que reniega de su mayoría de edad histórica y se arroja, en nombre de una falsa compasión, a una nueva forma de servidumbre.
La cuestión de fondo no es si entienden o no, en un sentido meramente psicológico, sino si quieren comprender racionalmente las implicaciones reales de aquello que, por sentimentalismo ideológico, terminan defendiendo. Y aquí conviene responder con precisión, no con descalificación gratuita, aunque el diagnóstico sea severo.
En términos estrictamente objetivos, sí: si se impusiera la sharía como orden jurídico efectivo, las consecuencias para las mujeres y para las personas con prácticas homosexuales serían claras, sistemáticas y doctrinalmente coherentes con el islam clásico. No hablamos de “interpretaciones extremistas”, sino de derecho islámico normativo, tal como está recogido en las principales escuelas jurídicas. La mujer queda jurídicamente subordinada al varón, con valor probatorio reducido, tutela masculina obligatoria en múltiples ámbitos, restricciones severas a su autonomía corporal y una concepción instrumental de su sexualidad orientada al control reproductivo y al honor masculino. Esto no es una opinión, ni una caricatura islamófoba, ni una exageración retórica: es un dato doctrinal e histórico verificable. Negarlo no es tolerancia; es ceguera ideológica.
A quienes, desde la política occidental, se identifican como defensores de la agenda LGBT y del progresismo identitario, es necesario exponerles esta cuestión con claridad intelectual y sin sentimentalismos, porque aquí no está en juego una disputa retórica, sino la coherencia mínima entre los principios que dicen defender y las realidades que están promoviendo o blanqueando.
El islam no es una “religión más” compatible por defecto con el pluralismo liberal, ni un simple interlocutor cultural al que se le puedan aplicar categorías occidentales como “derechos sexuales”, “identidad de género” u “orientación protegida”. Es un sistema jurídico-religioso integral, de naturaleza político-pseudoteocrática, que no distingue entre moral privada, ley civil y orden social. Allí donde el islam se instaura como norma efectiva —no como minoría folclórica— no existe espacio jurídico ni moral para el reconocimiento de identidades LGBT, porque el sistema no reconoce identidades, solo actos permitidos o prohibidos, y esos actos están tipificados como delitos graves contra el orden divino.
Conviene decirlo sin rodeos: no hay un “islam inclusivo” en términos estructurales. Puede haber individuos musulmanes que, por presión del contexto o por disociación personal, convivan pacíficamente con personas homosexuales en sociedades occidentales secularizadas; pero eso no es doctrina, no es sharía, no es islam político. En cuanto el marco jurídico cambia, la tolerancia desaparece. La homosexualidad pasa de ser “una diferencia” a ser un crimen, con sanciones que van desde la exclusión social y la persecución legal hasta la pena capital, según el grado de implantación del sistema. Esto no es propaganda: es derecho islámico clásico, ampliamente documentado.
Aquí aparece la contradicción que muchos políticos occidentales se niegan a afrontar. Mientras legislan en nombre de la diversidad, el victimismo y el sentimentalismo moral —propios de lo que puede llamarse con precisión la estupidez política contemporánea—, apoyan o justifican la expansión demográfica, cultural y jurídica de un sistema que considera ilegítima la existencia pública de las mismas personas que dicen proteger. No se trata de un error menor, sino de una ceguera estructural: creer que el islam hará excepciones por sensibilidad progresista es proyectar sobre él una antropología que le es radicalmente ajena.
Desde una perspectiva más profunda, este error no es solo ideológico, sino antropológico. La política occidental, atrapada en una democracia homologada vacía de verdad, ha infantilizado a la sociedad: ha sustituido la responsabilidad por el derecho subjetivo, la adultez moral por la tutela permanente, y la razón por la emoción. En ese marco, se piensa que todo conflicto puede resolverse con reconocimiento simbólico y lenguaje inclusivo. El islam, en cambio, opera con categorías duras: ley, obediencia, sanción, jerarquía. Cuando ambos mundos entran en contacto, no vence el más tolerante, sino el más coherente consigo mismo.
Por eso resulta legítimo —y necesario— hablar aquí de imbecilidad etimológica: no como insulto vulgar, sino como incapacidad de sostener el báculo del juicio racional frente a la realidad. Defender un sistema que, por definición, te niega, no es valentía moral ni apertura cultural; es renuncia a pensar las consecuencias. Y en política civilizatoria, las consecuencias no son metafóricas: se traducen en pérdida de libertades reales, en retrocesos jurídicos efectivos y, llegado el caso, en persecución abierta.
Si los políticos pro-LGBT de Occidente quieren actuar con honestidad intelectual, deben responder una pregunta simple: ¿cómo puede conciliarse la defensa de las minorías sexuales con la promoción —directa o indirecta— de un orden jurídico que las criminaliza? Si no pueden responderla sin recurrir a evasivas emocionales, entonces no están defendiendo derechos, sino administrando una ficción moral que terminará volviéndose contra aquellos a quienes dicen representar.
La advertencia no nace del odio ni del miedo, sino del análisis racional de los sistemas. Y la historia demuestra que las civilizaciones no caen primero por invasión, sino por confusión intelectual y suicidio político. Ignorar esta incompatibilidad no hará al islam más tolerante; solo hará a Occidente más débil y a sus ciudadanos —incluidos los LGBT— más vulnerables.
Aquí es donde puede hablarse, con propiedad filosófica, de subnormalidad en sentido etimológico, no como insulto clínico, sino como deficiencia del juicio normativo. Sub-normal es aquello que se sitúa por debajo del umbral mínimo de comprensión de las consecuencias. Es la incapacidad de anticipar efectos necesarios a partir de principios asumidos. Defender un sistema jurídico-religioso que niega tu propia dignidad ontológica y tus derechos básicos, en nombre de una supuesta alianza táctica, no es lucidez política: es una forma de estupidez ideológica estructural.
Lo verdaderamente grave es que esta ceguera no es simétrica. El islam político no es ingenuo. Utiliza conscientemente a estos movimientos como fuerza desestabilizadora del orden cristiano-occidental, sabiendo que, una vez alcanzada una posición de hegemonía demográfica o normativa, no habrá reciprocidad. No habrá “derechos adquiridos”, ni excepciones, ni reconocimiento identitario. La historia reciente —Irán, Afganistán, zonas islamizadas de África y Asia— lo demuestra de manera inequívoca.
El contraste con la Cristiandad vuelve a ser decisivo. El cristianismo, incluso cuando condena moralmente determinados actos, no niega la dignidad ontológica de la persona, no reduce a la mujer a objeto ni elimina al pecador por el solo hecho de serlo. Puede tolerar sin aprobar, corregir sin aniquilar, juzgar sin deshumanizar. Precisamente por eso fue posible, históricamente, que personas con pecados graves o inclinaciones desordenadas vivieran dentro del orden cristiano sin ser exterminadas ni esclavizadas (Benedicto IX, Juan XII, Sixto IV, León X, Julio III). Esto no es leyenda rosa; es un hecho histórico que desmonta la leyenda negra.
Así pues, la pregunta no es si “entienden”. Muchos prefieren no entender, porque comprender implicaría reconocer que su discurso emancipador está aliado con un sistema que los considera descartables. Esa negativa a pensar es lo que define la imbecilidad etimológica contemporánea: la renuncia voluntaria al uso de la razón por fidelidad a una narrativa emocional. Y una civilización que renuncia a pensar, tarde o temprano, paga ese precio en términos de libertad, dignidad y vida real, no simbólica.
En conclusión, la infantilización deliberada deja a la sociedad completamente desarmada frente a una cosmovisión islámica que, con todas sus regresiones, no ha renunciado ni a la biología, ni a la jerarquía, ni a la demografía, ni a la voluntad de poder. El varón musulmán no se casa por sentimentalismo, sino cuando posee los recursos necesarios, y cuando los posee busca una mujer joven y fértil porque comprende que la civilización se perpetúa en los hijos. El que tiene más recursos puede tener más de una mujer, y aunque esta práctica no sea admitida por la legislación occidental, es precisamente una de las concesiones que se buscarán imponer cuando la correlación demográfica lo permita. No se trata de integración cultural, sino de avance civilizatorio.
Occidente se niega a reconocer que está inmerso en un conflicto civilizatorio real.
El análisis del islam, cuando se aborda con un mínimo de rigor filosófico y sin concesiones al sentimentalismo contemporáneo, exige situarlo en su verdadera naturaleza histórica, doctrinal y política, pues solo así se comprende por qué no estamos ante una religión revelada en sentido estricto, sino ante un movimiento político-pseudoteocrático que se legitima religiosamente. El islam no nace como una fe que ilumina la razón y la eleva, sino como un sistema normativo cerrado que somete la razón a una voluntad absoluta, presentada como divina, pero desprovista de inteligibilidad metafísica. Su origen sincrético es evidente: incorpora elementos fragmentarios del judaísmo tardío, residuos de herejías cristianas —especialmente arrianas y nestorianas— y prácticas paganas propias de la Arabia preislámica, todo ello amalgamado sin un principio racional unificador. Basta una lectura atenta del Corán para advertir que la descripción de Alá no corresponde al Dios del Logos, al Dios que se revela como Verdad y Amor, sino a una divinidad voluntarista, que manda sin dar razón, que exige sumisión antes que comprensión. Esta reducción de la fe a obediencia ciega no es una simple diferencia teológica, sino una amputación de la racionalidad religiosa que incluso los pueblos bárbaros precristianos, con todas sus limitaciones, no llevaron tan lejos, pues al menos conservaban una cierta apertura simbólica y metafísica al misterio del ser.
Desde esta base fideísta se comprende que el islam sea, en su estructura profunda, un sistema político totalizante. No distingue entre el orden civil y el orden religioso, no porque los integre armónicamente, sino porque los confunde. La sharía no es una moral inspiradora ni una ley natural perfeccionada por la gracia, sino un código jurídico-religioso que regula exhaustivamente la vida social, política y personal. Aquí no hay espacio para el desarrollo orgánico de la razón práctica ni para la autonomía relativa del orden temporal, como sí ocurre en la tradición cristiana clásica. El cristianismo, desde sus orígenes, distingue sin separar: reconoce un orden natural, una ley moral accesible a la razón y una ley divina que no anula, sino que perfecciona. El islam, en cambio, absorbe todo en un único plano normativo y clausura la posibilidad de crítica interna. Por ello, más que generar filosofía, genera apologética cerrada, comentarios circulares y, cuando conviene, apropiaciones instrumentales de sistemas filosóficos ajenos, despojados de su núcleo racional.
Este carácter político originario del islam lo convierte en un proyecto civilizatorio que no necesita, para expandirse, de la persuasión racional, sino del control demográfico, jurídico y social. Aquí se revela el contraste con la estupidez política contemporánea de Occidente, incapaz de pensar en términos de civilización, de poder real y de conflicto histórico. Las democracias occidentales, atrapadas en un sentimentalismo infantil y en un victimismo estructural, han renunciado a pensar la política como defensa del bien común y del orden civilizatorio, sustituyéndola por una moral emotiva, líquida y culpabilizada. Este es el terreno fértil sobre el cual el islam avanza sin necesidad de ejércitos: basta con aprovechar la debilidad intelectual de unas élites que confunden tolerancia con rendición y pluralismo con suicidio cultural.
En este contexto, el concepto de democracia homologada, elaborado en el marco del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y desarrollado por la Escuela de Oviedo, resulta fundamental. La democracia homologada no es la democracia idealizada de los discursos mediáticos, sino una forma política concreta que se presenta como universal, pero que en realidad funciona como un mecanismo de neutralización de las diferencias sustantivas entre sistemas incompatibles. Bajo la ilusión de la homologación democrática, Occidente pretende integrar realidades que no comparten sus presupuestos antropológicos ni jurídicos, creyendo ingenuamente que todo puede resolverse mediante derechos formales y consensos emocionales. Esta ilusión es una forma refinada de imbecilidad política, entendida aquí no como insulto vulgar, sino en su sentido etimológico: imbécil es aquel que carece de báculo, de apoyo, de sostén intelectual. Es la incapacidad de sostener un juicio firme, de defender racionalmente los propios principios, de distinguir entre tolerar y aprobar, entre convivir y disolverse.
La imbecilidad etimológica de las élites occidentales se manifiesta de modo paradigmático en su relación con el islam. Se insiste en presentarlo como una religión de paz, se invisibiliza su dimensión política y se censura cualquier análisis crítico bajo la acusación automática de “islamofobia”. Este mecanismo no es casual: responde a un clima cultural dominado por el sentimentalismo, que ha sustituido la razón por la emoción como criterio de verdad. Todo análisis que incomode, que exija pensar en términos de orden, jerarquía y consecuencias históricas, es descartado por “duro”, “excluyente” o “no empático”. Así, el victimismo se convierte en una coartada moral permanente: el islam es siempre presentado como víctima del colonialismo, del racismo o de la incomprensión occidental, mientras se ignora deliberadamente su propia lógica expansiva y su incompatibilidad estructural con un orden civil basado en la distinción entre fe y razón.
Este sentimentalismo político se proyecta también en otros ámbitos, como el feminismo hegemónico y los movimientos identitarios, que son instrumentalizados —no por error, sino por coherencia interna— por el islam político. Estos movimientos, al carecer de una antropología sólida y de una noción objetiva del bien, creen poder utilizar al islam como aliado táctico frente al “patriarcado occidental”, sin advertir que, una vez alcanzada la mayoría demográfica y el control normativo, el islam no tendrá ningún reparo en prescindir de ellos. La historia y la doctrina lo confirman: allí donde el islam se instaura plenamente, no hay espacio para disidencias sexuales, ideológicas o religiosas. El cristianismo, con todos los pecados personales de sus miembros y con las sombras históricas que puedan señalarse, siempre distinguió entre el pecado y el pecador, entre la tolerancia prudencial y la aprobación moral. El islam, en cambio, no tolera en sentido propio: solo pospone, por conveniencia estratégica, aquello que luego elimina cuando las condiciones lo permiten.
Frente a este panorama, resulta evidente que la crisis de Occidente no es primariamente económica ni tecnológica, sino intelectual y espiritual. Occidente ha renunciado a pensar su propia tradición, ha cortado sus raíces cristianas y ha reducido la fe a una experiencia privada, sentimental y subjetiva. Esta deriva hacia el ateísmo práctico —aunque aún no siempre teórico, especialmente en Hispanoamérica— deja a la civilización occidental sin defensas conceptuales frente a sistemas cerrados y coherentes, aunque sean falsos. El islam, precisamente porque es un sistema total, aunque erróneo, se enfrenta a un Occidente fragmentado, culpabilizado y autocensurado. De ahí que el conflicto no sea meramente cultural, sino civilizatorio, y que no se resuelva con diálogos vacíos ni con declaraciones de buena voluntad.
La aportación de pensadores como Paloma Hernández, desde la Escuela de Oviedo, o de polemistas rigurosas como Mónica Ramudo, resulta valiosa precisamente porque devuelven al debate su dimensión racional, histórica y lingüística, desmontando el relato edulcorado del islam y exponiendo sus falencias internas sin recurrir al insulto fácil ni a la caricatura. Del mismo modo, la orientación filosófica y teológica de autores como el padre Gabriel Calvo Zarraute permite articular una crítica sólida desde el cristianismo, sin complejos ni concesiones al relativismo. Esta convergencia no es accidental: responde a la necesidad urgente de recuperar una razón fuerte, capaz de juzgar, distinguir y defender un orden civilizatorio fundado en la verdad.
En definitiva, mientras Occidente persista en su estupidez política contemporánea, alimentada por el sentimentalismo y el victimismo, seguirá desarmándose frente a proyectos que sí saben lo que quieren y cómo conseguirlo. Solo una recuperación de la racionalidad, de la fe pensada y del sentido del bien común permitirá salir de esta adolescencia prolongada en la que se ha instalado la civilización occidental. No se trata de nostalgia ni de imposiciones, sino de lucidez: entender qué somos, qué creemos y por qué vale la pena defenderlo. Sin esa lucidez, la democracia homologada se convierte en una farsa, la tolerancia en rendición y la convivencia en desaparición.
El Islam no es un socio en la diversidad, sino una fuerza que utiliza las libertades liberales como instrumento táctico mientras se encuentra en minoría. Los movimientos feministas hegemónicos, las agendas LGBT y la izquierda atea son funcionales en esta fase, pues sirven como escudos jurídicos y morales frente al Estado liberal. Pero una vez alcanzada la mayoría, esas mismas corrientes serán descartadas, perseguidas o eliminadas si no se someten. El homosexual en un régimen islámico no es tolerado ni acompañado pastoralmente como en el cristianismo: vive oculto o muere si desafía el orden. Y, sin embargo, el Occidente liberal carece de autoridad moral para denunciarlo porque previamente ha destruido toda noción objetiva de naturaleza.
Aquí se hace imprescindible una precisión que la propaganda moderna oculta. El cristianismo jamás persiguió a las personas por sus pecados personales, como sostiene la leyenda negra. Incluso hombres con inclinaciones homosexuales han ocupado altas dignidades eclesiales. Lo que la Iglesia defendió —y cuando fue necesario, con el brazo secular— fue la recta doctrina, porque la herejía no era una opinión privada, sino un crimen contra el orden que protegía la salvación de los más débiles. La ley suprema fue siempre la salus animarum. La distinción entre tolerar el pecado y combatir el error es precisamente la que el liberalismo ha destruido.
Occidente, al confundir tolerancia con aprobación y caridad con abdicación, ha perdido toda capacidad de mando real. Una democracia que no cree en nada está condenada a someterse a quien sí cree, sí afirma y sí manda. La fe cristiana no es sentimentalismo: es esencialmente racional, aunque no racionalista, y por eso fue capaz de fundar civilización. El ateísmo práctico hacia el que tiende Occidente es el verdadero motor de su disolución. La hispanidad, por no haber roto del todo con la fe, conserva aún la posibilidad histórica de reconectar al hemisferio occidental con la verdad que lo fundó.
Todo lo anterior converge en una afirmación ineludible: la democracia homologada no es un marco neutral de convivencia, sino el resultado histórico de una apostasía del orden natural. Al sustituir la soberanía del Bien Común por el consenso desligado de la verdad, el Estado ha perdido su telos, su auctoritas y su capacidad de formar hombres adultos. La consecuencia no es libertad, sino infantilización; no es pluralismo, sino indefensión. El conflicto que se despliega no es ideológico ni meramente político, sino ontológico y civilizatorio.
Fin de Occidente
Occidente no está siendo derrotado por una superioridad moral externa, sino por su propia negación interna de la verdad, de la naturaleza y de Dios. Allí donde no hay verdad que defender, solo queda la fuerza del número; y donde no hay autoridad moral, la ley termina sirviendo al más decidido. La única salida no reside en reformas técnicas ni en nostalgias estériles, sino en la recuperación explícita del realismo: del reconocimiento de la Ley Natural, de la jerarquía de los fines y de la primacía de la verdad sobre el consenso. Si esta restauración no se produce, el ocaso no será una metáfora, sino un hecho consumado: no el fin de una etapa política, sino el colapso de una civilización que, habiendo heredado la síntesis de Atenas, Roma y Jerusalén, decidió renunciar a ella por miedo a ser llamada intolerante.
El hilo completo de la argumentación conduce, con coherencia interna, a una tesis única: el llamado ocaso de la ciudad terrena no es el resultado de una agresión externa fortuita, sino la consecuencia necesaria de una autodemolición metafísica, antropológica y política de Occidente. La crisis no comienza con el islam ni con ningún otro agente externo; comienza cuando la civilización occidental renuncia a la verdad como principio ordenador de la vida común y sustituye la soberanía del Bien Común por una soberanía procedimental vacía, propia de la democracia homologada. En ese tránsito, el Estado deja de ser custodio del orden para convertirse en un administrador neutral de deseos, incapaz de discernir entre lo que edifica la ciudad y lo que la disuelve.
Esta neutralidad no es inocente: es el rostro político de un nominalismo tardío que disuelve la realidad en consensos fluctuantes y que, al hacerlo, infantiliza deliberadamente a la sociedad. La prolongación artificial de la adolescencia, la postergación de la responsabilidad civil y penal, la confusión entre tolerar y aprobar, y la sustitución de la virtud por el derecho subjetivo constituyen un mismo fenómeno: la renuncia del Estado a formar adultos morales. Una comunidad así organizada no produce ciudadanos, sino tutelados; no exige madurez, sino adhesión emocional; no gobierna conciencias, sino administra sensibilidades. Este régimen sentimental —sostenido por el victimismo y por la estupidez política contemporánea— incapacita a Occidente para reconocer amenazas que no se presentan en clave psicológica, sino en clave jurídica y civilizatoria.
El contraste con el islam político ilumina esta impotencia. El islam no es, en su estructura normativa, una religión espiritual separable del orden civil, sino un sistema político-pseudoteocrático que integra ley, moral y poder en una unidad cerrada. Allí donde se instaura de forma coherente, no reconoce la distinción cristiana entre pecado y delito, ni la autonomía relativa del orden temporal, ni la noción de persona como sujeto de derechos inviolables. Por eso resulta una contradicción insalvable que sectores feministas, progresistas o pro-LGBT occidentales lo promuevan o lo blanqueen como aliado cultural: el sistema que defienden niega estructuralmente su propia existencia pública. Pensar lo contrario no es pluralismo; es imbecilidad etimológica, incapacidad de sostener un juicio firme apoyado en la realidad doctrinal e histórica.
La Cristiandad, con todos sus pecados y defectos humanos, había resuelto esta tensión de otro modo. Reconocía la adultez moral temprana, exigía responsabilidad real, distinguía entre el fuero interno y el orden penal, y afirmaba una veritas procesal orientada al bien de las almas y de la comunidad. La ley no era mera fuerza ni mero procedimiento, sino razón ordenada al Bien Común. De ahí que la autoridad —auctoritas— precediera y legitimara a la potestas. Al romper ese equilibrio, la modernidad liberal dejó al Estado con poder coercitivo, pero sin alma; con policía y tribunales, pero sin capacidad de mandar interiormente. Una ciudad así queda expuesta a cualquier cosmovisión que conserve cohesión, jerarquía y voluntad de mando.
El ocaso de la ciudad terrena, por tanto, no es apocalíptico ni metafórico: es político en sentido fuerte. Se manifiesta cuando la ley ya no educa, cuando la libertad se confunde con licencia, cuando la caridad degenera en abdicación identitaria y cuando el miedo a afirmar la verdad paraliza toda defensa del orden. En ese punto, la ciudad no es conquistada; es ocupada. No cae por asalto, sino por vaciamiento. Y ningún sistema externo necesita imponerse por la fuerza cuando el interno ha renunciado a creer en sí mismo.
La única salida no pasa por nostalgias acríticas ni por regresiones sentimentales, sino por un retorno al realismo: reconocer la primacía de la Ley Natural, restaurar la distinción entre tolerancia y aprobación, exigir adultez moral y responsabilidad jurídica, y devolver a la política su fundamento en la verdad del hombre. Solo así la ciudad terrena puede volver a ser habitable y resistir, no desde el odio ni desde el miedo, sino desde la claridad intelectual y la firmeza moral. De lo contrario, el ocaso no será un episodio histórico más, sino la confirmación de que una civilización puede morir no por falta de medios, sino por haber perdido la razón para existir.
