La Consulta Popular

 Opinión 

La discusión sobre la reducción del número de asambleístas exige un análisis sereno, arraigado en la realidad política ecuatoriana y orientado por los principios de la doctrina social de la Iglesia, que insiste en la dignidad de la persona, el bien común, la subsidiariedad, la participación y la responsabilidad en el ejercicio del poder. Desde una perspectiva realista, que observa el funcionamiento efectivo del sistema político y no solo sus enunciados formales, es evidente que la calidad del Parlamento influye directamente en la vida de la población, pues una Asamblea desordenada, ineficiente o capturada por intereses de facción repercute en leyes deficientes, controles fallidos y una pérdida de confianza en las instituciones. El debate sobre cuántos asambleístas debe tener el país no puede plantearse solo como una cuestión aritmética, sino como un problema de arquitectura institucional orientada al servicio público.

La propuesta de reducir el número de legisladores nace en un contexto de profunda desconfianza ciudadana hacia la Asamblea, producto de escándalos, pugnas políticas y un bajo rendimiento legislativo. En ese clima, la ciudadanía percibe la multiplicidad de curules como un espacio saturado para cuotas partidistas, favores internos y clientelismo. Esta percepción, aunque muchas veces reduccionista, refleja un malestar genuino sobre el modo en que el poder legislativo ha sido ejercido. Desde la doctrina social de la Iglesia, que recuerda que toda autoridad existe para servir y no para beneficiarse a sí misma, es legítimo cuestionar si la estructura actual facilita o entorpece ese servicio. El realismo obliga a reconocer que el número elevado de asambleístas ha permitido que lleguen al Parlamento personas sin preparación suficiente, sostenidas por redes internas más que por méritos o vocación de servicio. En ese sentido, una reducción podría comprimir la oferta política y presionar a partidos y movimientos a seleccionar candidatos más capaces o más vinculados a las necesidades reales de la ciudadanía.

Sin embargo, no basta reducir para mejorar. La representación política exige un equilibrio entre eficiencia y pluralismo. La doctrina social recuerda que la participación ciudadana no es un adorno de la democracia sino su cimiento, y que un sistema que cierra excesivamente el acceso al poder termina favoreciendo a élites reducidas y sofocando la voz de grupos minoritarios. Ecuador es un país con enormes diferencias territoriales, culturales, económicas y poblacionales; reducir el número de asambleístas puede generar riesgos de subrepresentación para provincias pequeñas, zonas rurales o sectores sociales menos articulados. Un Parlamento demasiado comprimido puede volverse más controlable por el Ejecutivo o por las cúpulas partidistas, debilitando la deliberación y empobreciendo el debate legislativo. La doctrina social, centrada en la subsidiariedad, advierte contra estructuras que concentran poder a costa de la participación de las comunidades locales.

Desde un enfoque realista, la reducción del número de curules tiene efectos ambivalentes. Puede disminuir el gasto público, lo cual es razonable en un Estado con limitaciones fiscales; sin embargo, el costo no debe ser el criterio decisivo cuando se trata de la estructura del poder legislativo. El ahorro económico solo está moralmente justificado si el cambio contribuye al bien común y a la mejora institucional. También es cierto que una Asamblea más pequeña puede ser más manejable, más rápida en deliberar y menos expuesta a la fragmentación partidaria. Pero esa eficiencia puede tornarse en precariedad si el volumen de trabajo supera la capacidad real de los pocos legisladores, o si las comisiones pierden diversidad técnica. El realismo exige reconocer que el Ecuador enfrenta desafíos complejos —seguridad, economía, reforma institucional, deuda pública, desarrollo territorial— que requieren un Parlamento con masa crítica suficiente, capaz de procesar políticas públicas de alto impacto.

Es igualmente necesario considerar que el debate sobre la reducción de asambleístas no puede desligarse de la calidad de los propios candidatos. La doctrina social insiste en la virtud, la prudencia y el servicio como cualidades propias de quien ejerce autoridad. Una reducción sin mecanismos de formación, proveeduría técnica, selección meritocrática o evaluación del desempeño simplemente reproduce los mismos vicios en un espacio más pequeño. La ciudadanía puede creer que está corrigiendo un exceso cuantitativo, cuando el verdadero problema ha sido siempre cualitativo. Por ello, cualquier reforma seria debería ir acompañada de reglas claras para la selección interna de candidatos, procesos de capacitación política y una estructura legislativa capaz de sostener técnicamente a sus miembros. De lo contrario, la reducción corre el riesgo de convertirse en una respuesta simbólica, más emocional que institucional.

La situación ecuatoriana exige pensar no solo en cuánto se reduce, sino en cómo se protege la representatividad. El país tiene provincias densamente pobladas como Guayas y Pichincha, y otras con poblaciones dispersas y realidades muy distintas. La fórmula que asigna un legislador por provincia y uno adicional por población puede corregir algunas distorsiones, pero también puede dejar a ciertas provincias con una voz parlamentaria demasiado débil. La doctrina social advierte sobre los “despojos silenciosos”: aquellos cambios que no parecen agresivos pero terminan marginando a regiones enteras. Un realismo honesto reconoce que la unidad nacional no se construye debilitando las periferias, sino integrándolas mediante una representación política capaz y proporcional.

El debate debe extenderse hacia el rol del legislador. En un país sin segunda cámara, cada asambleísta tiene un mandato estrictamente nacional. No legisla para su provincia, sino para todo el país. Esa es una responsabilidad que exige autonomía frente a presiones locales y fortaleza moral frente a intereses corporativos. Bajo ese marco, la doctrina social subraya la importancia de la responsabilidad personal y del ejercicio del poder como servicio. La reducción de curules solo tendrá sentido si permite que quienes lleguen al Parlamento puedan cumplir con mayor dedicación, competencia y libertad moral su función. Si la reducción simplemente convierte a cada asambleísta en un agente con una carga de trabajo imposible, o si los comportamientos clientelistas se repliegan hacia estructuras más densas dentro de los partidos, entonces la medida fallará en su propósito.

El bien común exige evaluar si la consulta popular está bien orientada. Un país no se transforma solo modificando números, sino fortaleciendo la cultura política y la ética del servicio. La reducción puede ser un paso razonable si facilita la profesionalización del Parlamento, mejora la eficiencia y corrige desigualdades en la representación. Pero solo será verdaderamente justa si está guiada por principios de prudencia, participación y subsidiariedad, de modo que no debilite la voz de quienes ya tienen poca fuerza política. Desde un realismo práctico y una ética orientada al bien común, la reforma debería buscar un Parlamento más pequeño, sí, pero también más competente, más transparente y más humano en su servicio a la nación. Sin ese acompañamiento, la reducción corre el riesgo de ser solo una cirugía superficial en un organismo que necesita una reforma más profunda.

En el Ecuador actual, marcado por una profunda crisis de seguridad, por la debilidad de instituciones y por una ciudadanía desilusionada con compromisos políticos que a menudo sólo prometen y no rinden, las propuestas de la consulta popular de noviembre de 2025 no pueden verse como simples cambios técnicos o simbólicos: son intentos de reconfigurar la arquitectura del Estado, de redefinir la relación entre poder, autoridad y bien común. Al evaluar las preguntas sobre bases militares, financiamiento de partidos y nueva Constitución, debemos mirar con realismo las motivaciones, los riesgos y las posibles ganancias éticas y políticas, siempre a la luz de los principios de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad humana, la subsidiariedad, la participación responsable y la primacía del bien común.

La idea de permitir bases militares extranjeras en Ecuador, reformando el artículo 5 constitucional para que aparezca simplemente “El Ecuador es un territorio de paz”, es sin duda una de las más sensibles. Desde un punto de vista realista, este planteamiento parte de una urgencia evidente: el crimen organizado y el narcotráfico atraviesan fronteras, y la cooperación internacional puede ser crucial para afrontarlos. El presidente argumenta que sin apoyo externo, la capacidad de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad para contener estas redes es limitada. En la doctrina social, la paz no es sólo ausencia de guerra, sino un bien activo: la cooperación con otros países no es moralmente reprobable si se hace para proteger vidas inocentes, para restaurar la seguridad y para servir al bien común. Es legítimo buscar alianzas que fortalezcan la capacidad estatal, siempre que no signifiquen subordinación ni sometimiento servil: la dignidad de la nación debe preservarse, y la soberanía no puede convertirse en fachada si no hay un contrapeso institucional real.

Pero también el realismo nos advierte de los peligros. Permitir bases extranjeras trae el riesgo de dependencia, de que la cooperación se transforme en presencia permanente, y de que las decisiones militares o estratégicas dejen de estar completamente bajo control ecuatoriano. Desde la doctrina social, la subsidiariedad exige que el Estado soberano mantenga el mando, que no ceda sin salvaguardas su capacidad de decisión soberana en asuntos tan sensibles como la seguridad nacional. Además, la memoria histórica pesa: muchos ciudadanos recuerdan con recelo la base militar de Manta, y temen que la nueva fórmula no sea simplemente colaboración, sino un reingreso a dinámicas que podrían socavar la autonomía nacional. A la luz del bien común, el país debe exigir acuerdos claros, públicos, con límites precisos (tiempos, funciones, jurisdicción) para que la ayuda externa no degrade la dignidad institucional del Estado y no vulnere la primacía de las necesidades nacionales.

En segundo lugar, la propuesta para eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos confronta a la democracia con una tensión clásica entre eficiencia y participación. En el Ecuador, muchos partidos han sido criticados por su debilidad organizativa, su dependencia de clientelismos y su baja rendición de cuentas. La doctrina social de la Iglesia reclama que la política sea un servicio auténtico, no un negocio ni una carga para el Estado. Exigir que los partidos dependan de afiliados y simpatizantes puede incentivar mayor responsabilidad, mayor compromiso real, y una democracia más orgánica, menos artificial. Desde el realismo político, esta medida puede conducir a una limpieza institucional: cerrar organizaciones “fantasmas” que sobreviven gracias al presupuesto público, obligar a los partidos a construir bases veraces, a cultivar conciencia política en lugar de pedir cuotas presupuestarias.

No obstante, los riesgos son significativos. Si los partidos sólo dependen de aportes privados, pueden volverse presa de intereses económicos poderosos: grandes financiadores externos o nacionales pueden condicionar agendas políticas. Desde la doctrina social, la justicia distributiva y el bien común exigen que la financiación no favorezca a quienes ya tienen recursos y puede desincentivar la pluralidad política, especialmente de movimientos emergentes o minoritarios que no tienen grandes donantes. Además, desde la perspectiva del realismo, la eliminación del financiamiento público podría marginar estructuras políticas que funcionan en comunidades más débiles o rurales, donde el recaudo es bajo, afectando la representatividad. Si el Estado deja de financiar, debe asegurar mecanismos de transparencia y control, para que las donaciones privadas no socaven la voluntad general ni la integridad del sistema político.

Finalmente, la convocación a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución aparece como la piedra angular de esta consulta. Desde el realismo, es una jugada ambiciosa: implica un rediseño institucional profundo, la posibilidad de corregir los males estructurales de la Constitución vigente y adaptar el Estado a los retos actuales —seguridad, corrupción, concentración del poder, desigualdades regionales—. La doctrina social enseña que la ley fundamental debe servir a la dignidad humana y al bien común, no a intereses particulares ni a agendas cortoplacistas. Una constituyente puede reordenar el Estado, fortalecer instituciones, mejorar mecanismos de participación y control, y abrir la posibilidad de un contrato social más justo.

Pero la convocatoria de una asamblea constituyente no está exenta de peligros, especialmente en el Ecuador de hoy. Existe el riesgo real de captura por parte del ejecutivo: si quienes redactan la nueva Constitución responden mayoritariamente al Presidente o a sus aliados, los cambios podrían consolidar un poder demasiado concentrado, debilitando los contrapesos. El realismo político advierte que no basta la buena voluntad: es necesario garantizar reglas estrictas para la elección de constituyentes, para su deliberación, para la ratificación del texto (el proyecto contempla que la Constitución nueva solo entraría en vigor tras un referéndum). Desde la doctrina social, ese proceso debe ser transparente, participativo y fiel al principio de subsidiariedad: las comunidades, las regiones, los grupos sociales deben tener voz real, para que la nueva Constitución no se convierta en un documento impuesto desde arriba, sino en una verdadera expresión del bien común. Además, el realismo también exige prever los costos: una constituyente es costosa, consume recursos públicos, energía institucional y tiempo, y podría generar inestabilidad si no se maneja con prudencia.

En el fondo, estas tres propuestas ofrecen una visión de Estado activa, más capacitada para cooperar internacionalmente, más austera en su gasto político, y dispuesta a reinventarse institucionalmente. Sin embargo, para que estas transformaciones sean coherentes con los principios de la doctrina social de la Iglesia y con un realismo político responsable, es crucial que se acompañen de salvaguardas firmes: acuerdos internacionales claros, transparencia en los financiamientos partidarios, controles democráticos en la constituyente, mecanismos de rendición de cuentas, y participación ciudadana efectiva.

El bien común no se logra solo con estrategias de poder: se requiere institucionalidad que respete la dignidad de los más vulnerables, que proteja la soberanía, que garantice participación y que evite que los cambios se conviertan en mero oportunismo. Si estas propuestas se integran con prudencia, podrían abrir un camino a un Ecuador más seguro, más justo y más democrático. Pero si se adoptan sin la debida reflexión moral y técnica, pueden debilitar la misma democracia que se pretende reforzar.