El mito de las izquierdas y el futuro del Ecuador

 Opinión

La política contemporánea vive de mitos. Uno de ellos, quizá el más persistente, es el mito de la polarización entre izquierda y derecha. En Ecuador, como en buena parte de las democracias modernas, se ha repetido hasta el cansancio que nuestra vida pública está marcada por un enfrentamiento entre dos polos opuestos: los autodenominados progresistas y los que, en teoría, encarnarían una derecha defensora del orden, de la tradición y de los valores previos a la modernidad política. Sin embargo, si observamos con cuidado la estructura de nuestra realidad política, pronto descubrimos que ese enfrentamiento no es más que una ficción. El filósofo español Gustavo Bueno, fundador de la llamada Escuela de Oviedo, lo explicó con claridad: en las democracias homologadas ya no existe una derecha como tal; lo que existen son diferentes izquierdas, con matices que van desde la moderación reformista hasta la radicalidad revolucionaria.

Este diagnóstico se aplica de manera casi quirúrgica a nuestra situación nacional. En Ecuador no hay partidos políticos ni movimientos que se presenten como una derecha auténtica, es decir, una fuerza que quiera restaurar un orden cultural y social fundamentado en los valores tradicionales de la cristiandad. Lo que hay son facciones de izquierda, algunas más pragmáticas y otras más maximalistas, que disputan entre sí los espacios de poder mientras comparten un mismo horizonte ideológico: la convicción de que el Estado debe expandirse sin cesar, que las promesas sociales pueden multiplicarse sin límites y que los ciudadanos, al final, siempre deberán financiar con sus impuestos los programas de turno. El mito de la polarización es, en realidad, un mito de la izquierda contra sí misma.

Ecuador, de hecho, es un país de izquierdas. No en el sentido caricaturesco de un país “rojo”, sino en cuanto a que la mayoría de la población, con razón, espera y exige beneficios sociales: salud universal, educación pública, seguridad social, subsidios en áreas básicas. El pueblo tiene derecho a esas exigencias porque contribuye con impuestos y cotizaciones que deben regresar en forma de servicios. La injusticia no está en reclamar educación de calidad o un sistema de salud digno, sino en que esas demandas legítimas se vuelven inalcanzables cuando se administran con populismo, corrupción o radicalismo ideológico.

Un ejemplo basta para ilustrar la paradoja. Una familia ecuatoriana puede arruinarse económicamente por el costo de una cirugía básica como una apendicectomía o una colecistectomía, que en un sistema público eficiente debería estar plenamente cubierta. La promesa constitucional de un derecho a la salud se queda en letra muerta cuando la persona, en lugar de ser atendida como ciudadano con derechos, se ve obligado a vender sus bienes para salvar la vida de un hijo o de un hermano. El Estado social se desfigura, y lo que era un instrumento de justicia se convierte en una trampa que consume recursos sin devolverlos en servicios.

El mismo fenómeno ocurre en la educación. Si bien hemos logrado consolidar una red de instituciones públicas, el deterioro de su calidad y la falta de visión estratégica las transforman en un escenario donde el acceso es cada vez más formal que real. Muchos jóvenes logran llegar a la universidad, pero salen de ella sin herramientas para el trabajo, y se enfrentan a un mercado laboral incapaz de absorberlos. El resultado es una masa de profesionales que buscan empleo donde no hay plazas, mientras el país desatiende la formación técnica y los caminos alternativos de progreso que no dependen del título universitario. En un contexto así, la universidad se convierte en fábrica de frustraciones y la política en fábrica de promesas.

La raíz de este problema está en la falsa idea de que basta con promulgar más derechos para construir una sociedad justa. Los discursos sobre la gratuidad total, sobre la multiplicación de derechos de minorías infinitas o sobre la eliminación de impuestos esenciales como el IVA, suenan atractivos en campaña, pero esconden una realidad ineludible: todo tiene un costo, y ese costo recae en el contribuyente común. Gobernar no consiste en prometer sin límite, sino en administrar lo que hay con justicia, orden y previsión. Por eso las demagogias fracasan y los Estados colapsan: porque pretenden sostener lo insostenible.

Cuando la izquierda extrema se impone sobre la moderada, lo que surge no es un gobierno legítimo sino una tiranía. No hablamos de dictadura en el sentido clásico de la palabra —una dictadura era en la Roma republicana un poder extraordinario, temporal y orientado a restaurar el orden en tiempos de crisis—, sino de tiranía en su acepción filosófica: el abuso del poder para perpetuarse en él sin límites ni controles. Ese es el camino de regímenes como el venezolano, donde las instituciones se vacían de contenido y la población queda atrapada entre la propaganda y la miseria.

El peligro para Ecuador está en seguir esa senda bajo el espejismo de una polarización inexistente. Mientras discutimos si tal político es “de derecha” o si cual otro es “progresista”, todos participan de un mismo mito y conducen al país a una misma frustración: un Estado incapaz de garantizar los derechos básicos mientras consume el esfuerzo de los contribuyentes. La supuesta batalla ideológica es una cortina de humo que oculta el verdadero problema: la degradación del bien común.

Frente a este panorama, la Constituyente se presenta como una oportunidad decisiva. Pero no basta con abrir un proceso constituyente si lo que se busca es añadir nuevas promesas a la ya extensa lista de derechos no cumplidos. La pregunta de fondo es otra: ¿qué sociedad queremos construir? La respuesta no puede ser solo económica o administrativa, debe ser también cultural y espiritual. Porque una nación sin fundamentos termina convertida en un mercado de slogans, y un Estado sin principios se deshace en manos del populismo.

Queremos, en primer lugar, una sociedad donde la educación sea accesible y de calidad, pero también donde el trabajo y el emprendimiento tengan un espacio real. No todos están llamados a la universidad, y no por ello deben quedar excluidos del progreso. El país necesita tanto al profesional que busca empleo como al ciudadano que, con oficio y esfuerzo, crea riqueza independiente. La dignidad no está solo en el título universitario, sino en la capacidad de cada uno de contribuir al bien común desde su vocación.

Queremos también un sistema de salud que deje de fragmentarse. El Ministerio de Salud Pública debe normar y vigilar, pero la atención debe estar centralizada en un Seguro Social universal, con un aporte básico que permita a cada afiliado extender la cobertura a sus dependientes vulnerables. De este modo, la seguridad social dejaría de ser un privilegio de unos pocos para convertirse en un derecho garantizado a toda la población. Y con ello se fortalecería también el principio de solidaridad que sostiene a la nación.

Ahora bien, todas estas reformas solo serán posibles si recuperamos un fundamento que se ha ido perdiendo: la vida y los valores. La defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el respeto a la familia como núcleo básico de la sociedad y la preservación de nuestra identidad cultural cristiana no son opcionales: son el eje que da cohesión al país. Sin esos principios, el Estado se convierte en un árbitro sin rumbo que improvisa leyes según la presión del momento, incluso llegando a contradicciones tan graves como permitir la eutanasia en nombre de un supuesto derecho, mientras la Constitución proclama la defensa de la vida.

El cristianismo no es solo una fe privada, es la base histórica y cultural sobre la que se edificó nuestra civilización. No se trata de imponer creencias, sino de reconocer la identidad común que nos dio unidad durante siglos. Desconocer ese fundamento es abrir la puerta a imposiciones externas que buscan reemplazar nuestra cultura con agendas ajenas. Y una nación que renuncia a su identidad queda condenada a la fragmentación y al sometimiento.

Por eso la Constituyente debe ser un espacio para reorientarnos como país. No para multiplicar discursos, sino para recuperar la noción del bien común. No para inventar derechos infinitos imposibles de sostener, sino para garantizar con realismo los servicios básicos. No para abrir la puerta a tiranías disfrazadas de progresismo, sino para reafirmar los valores que nos dieron cohesión: la vida, la familia, la solidaridad, la fe que nos dio identidad.

Ecuador no necesita más mitos. Necesita verdad, orden y principios. Necesita una política que deje de vender espejismos y se atreva a reconocer la realidad: somos una nación que quiere justicia social, que tiene derecho a servicios básicos, pero que solo puede sostenerlos si se gobierna con responsabilidad y se preserva la raíz cultural que nos dio forma. Esa raíz, guste o no, es cristiana. No reconocerlo sería una mentira, y toda mentira en política tarde o temprano se paga con el sufrimiento del pueblo.

En definitiva, el reto de nuestro tiempo es superar el mito de las izquierdas y recuperar la sustancia de lo político: la búsqueda del bien común. La Constituyente será estéril si se limita a prometer más. Será fecunda si se atreve a restaurar el orden, fortalecer las instituciones y devolver al país la certeza de que la vida, la justicia y la verdad siguen siendo posibles.