El deber del católico y el voto
Reflexión
El deber del católico y el voto: la polis, la sociedad y el bien común bajo el reinado social de Cristo
La vida política no es un ámbito ajeno a la fe, sino una dimensión concreta de la responsabilidad moral del cristiano en el mundo. La polis, desde su origen, representa la comunidad ordenada en la que el hombre, como ser social por naturaleza, busca alcanzar el bien común mediante la virtud y la justicia. En ella no se agota la vocación del hombre, pero sí se realiza parcialmente su deber de contribuir al orden querido por Dios. Por tanto, participar en la vida política —ya sea mediante el voto, el ejercicio del gobierno o la opinión pública— no es una concesión de la modernidad, sino una exigencia moral derivada del mandato divino de instaurar todas las cosas en Cristo.
La doctrina católica sobre el reinado social de Cristo enseña que toda autoridad proviene de Dios y tiene como fin último conducir a los hombres hacia el bien, no hacia la perdición. Cristo no reina solo en las conciencias, sino también en las instituciones, las leyes y las costumbres de los pueblos. Su soberanía no es meramente espiritual o simbólica, sino objetiva, porque Él es el Creador y Redentor del género humano. Negar el señorío de Cristo sobre la sociedad equivale a disociar lo natural de lo sobrenatural, el orden temporal del eterno, y dejar el campo libre a los falsos principios del liberalismo que absolutizan la voluntad humana y disuelven toda noción de verdad objetiva.
Desde esta visión, el voto no es un acto trivial ni una opción puramente subjetiva. Es un ejercicio de la prudencia moral en la que el católico, consciente de su deber, debe elegir aquello que más se aproxima al bien común y menos contradice el orden natural y divino. No votar, bajo el pretexto de que todos los candidatos son imperfectos, puede transformarse en pecado de omisión si de ese acto se deriva un daño mayor al bien común o el ascenso de una ideología contraria a Dios y a su ley. El católico no puede refugiarse en una falsa neutralidad, porque el silencio frente al mal favorece su expansión. La omisión, cuando es deliberada y se sabe que de ella puede seguirse la victoria del error o de la injusticia, se convierte en una forma de cooperación pasiva con el mal.
La prudencia cristiana no exige la elección del candidato “perfecto”, que rara vez existe en la historia política, sino del que permita conservar el mayor espacio posible para el ejercicio del bien y la defensa de los principios no negociables: la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de educar en la verdad, y el reconocimiento público de Dios como fundamento del orden moral. Cuando un católico vota, debe hacerlo con conciencia recta, es decir, con conocimiento suficiente del valor moral de su acción y con la intención de promover el bien. Pero cuando, por desidia, relativismo o indiferencia, renuncia a participar, deja el campo libre a los enemigos del Evangelio.
El orden político, por tanto, no puede ser reducido a un juego de intereses o a una pugna ideológica. En su sentido más alto, es una prolongación de la ley natural en la vida social. La polis es el espacio en el que la justicia se hace visible, en el que los hombres cooperan para que la comunidad refleje la armonía del orden creado. Si el cristiano abandona la vida pública, esta cae inevitablemente bajo el dominio del error y del desorden moral. No se trata de imponer la fe por la fuerza, sino de impregnar las estructuras humanas con la verdad que libera y ordena. Un pueblo que reniega del señorío de Cristo se encamina a la anarquía moral y a la esclavitud de las pasiones; un pueblo que reconoce su soberanía se orienta hacia la paz fundada en la verdad y la justicia.
El reinado social de Cristo no consiste en un sistema político determinado, sino en el reconocimiento efectivo de su autoridad sobre la ley, la cultura y las costumbres. No hay verdadera democracia sin verdad, ni libertad sin ley moral. El voto católico, entonces, es un instrumento concreto para mantener abierta la posibilidad del bien en medio de un mundo que tiende a la apostasía. No es idolatría política ni confianza ciega en los hombres, sino ejercicio de una virtud ciudadana que colabora con la Providencia. Rehusarse a actuar por temor a la imperfección del sistema o a la corrupción de los actores políticos equivale a renunciar al deber de ser sal y luz del mundo.
El católico, en cuanto ciudadano del cielo y de la tierra, debe trabajar para que la sociedad temporal se oriente hacia su fin sobrenatural. Esto implica que sus decisiones políticas no pueden separarse de la fe ni someterse al pragmatismo. Cristo reina allí donde se le reconoce como la Verdad y la Ley viviente; por tanto, cada acto político debe reflejar esa fidelidad. La historia enseña que los pueblos que han olvidado a Dios terminan esclavizados por ideologías o poderes que suplantan la autoridad divina. La verdadera libertad política no consiste en elegir cualquier cosa, sino en elegir el bien.
El voto del católico es un acto moral y religioso, expresión de su amor a Dios y al prójimo en la búsqueda del bien común. Es una forma de afirmar, en medio de la confusión del mundo moderno, que Cristo es Rey no sólo de las almas, sino también de las naciones. Quien vota con conciencia recta coopera con el orden querido por Dios; quien se abstiene por comodidad o escepticismo deja que el mal gobierne sin resistencia. La polis cristiana no es una utopía, sino la realización posible de un orden justo cuando los hombres actúan conforme a la verdad. Sólo reconociendo a Cristo como centro de la vida pública, la sociedad puede aspirar a la paz y a la verdadera justicia.
La soberanía de Cristo sobre la sociedad y la obligación política del católico.
El cristiano no puede concebir la vida política como un terreno neutral, separado del orden de la gracia. Toda autoridad legítima tiene su raíz en Dios, y la obediencia a ella está condicionada al cumplimiento del bien común conforme a la ley natural y divina. En el momento en que la autoridad se desvía de esa ley, deja de ser justa y se transforma en tiranía. Así lo entendieron los Padres y Doctores de la Iglesia: la ley humana es justa solo en la medida en que participa de la ley eterna; si se aparta de ella, ya no obliga en conciencia. De ahí que la participación política del católico no sea una mera opción, sino una forma concreta de resistir al desorden moral que se disfraza de legalidad.
El error moderno consiste en haber reducido la política a un espacio puramente humano, desligado del orden sobrenatural. El liberalismo político —hijo del nominalismo y del naturalismo— pretendió fundar la sociedad sobre la voluntad del pueblo, como si el hombre fuese su propio legislador y medida del bien y del mal. Pero un orden que no reconoce a Dios como fuente de autoridad se destruye desde su raíz, porque carece de fundamento ontológico y moral. La soberanía absoluta del pueblo es una ilusión metafísica: sólo Dios es soberano, y los gobernantes participan de su autoridad como ministros del orden. Por eso, toda política que niega el reinado de Cristo termina por negar también la dignidad del hombre, reduciéndolo a instrumento del poder.
El católico, consciente de esta verdad, debe obrar en la polis como cooperador de la Providencia. Su voto, su opinión y su acción social deben estar dirigidos a restablecer el orden natural en las estructuras públicas. No se trata de imponer la fe, sino de impedir que la impiedad reine. La Iglesia ha enseñado siempre que la libertad religiosa no significa indiferentismo religioso; significa que nadie debe ser coaccionado a creer, pero sí que la sociedad, como conjunto, tiene el deber de reconocer y honrar a Dios. En este sentido, la neutralidad del Estado frente a la verdad es una ficción peligrosa. Ningún Estado puede ser realmente neutral: o se somete a la verdad objetiva, o se entrega a la arbitrariedad de la mentira.
El reinado social de Cristo no se limita a las conciencias; abarca las leyes, las instituciones, la educación y las costumbres. Negar esta realidad equivale a secularizar el Evangelio, relegando a Cristo al ámbito privado y sentimental. Pero la Encarnación del Verbo no fue un acto simbólico, sino el acontecimiento por el cual la Verdad eterna penetró la historia humana. Desde entonces, todo lo humano puede y debe ser ordenado a Él. Por eso, el católico que se desentiende de la política por desilusión o escepticismo comete un error semejante al del fariseo que lavaba los vasos por fuera y dejaba impura el alma: pretende conservar la fe mientras abandona la sociedad al dominio del pecado estructural.
Participar en el orden temporal no significa aceptar sus deformaciones, sino santificarlo desde dentro. El voto, la deliberación pública, la creación de leyes justas o la resistencia a las injustas son modos concretos de instaurar el Reino de Cristo en la tierra. La política no es un fin en sí misma, sino un medio para orientar la sociedad hacia su fin último: el bien de las almas. Cuando los católicos se retiran de la vida pública, dejan que otros —sin fe, sin ley, sin esperanza— dicten el rumbo del mundo. Esta renuncia no es humildad, sino cobardía disfrazada de espiritualidad. El Señor no llamó a sus discípulos a huir del mundo, sino a ser su sal y su luz.
Sin embargo, el católico no debe confundir el compromiso político con la idolatría del poder. El poder, cuando se busca por sí mismo, corrompe; cuando se ejerce como servicio ordenado al bien, santifica. No hay contradicción entre la vida espiritual y la acción política, porque ambas provienen de la misma verdad: el hombre ha sido creado para amar a Dios y al prójimo. La política, en su sentido más alto, es la organización racional de ese amor en el orden temporal. Por eso, quien gobierna con justicia participa, aunque sea imperfectamente, del mismo acto de la Providencia divina que rige el universo.
El católico que vota debe hacerlo con discernimiento sobrenatural. No puede apoyar programas, leyes o candidatos que promuevan el aborto, la eutanasia, la ideología de género o cualquier forma de disolución moral. En tales casos, el principio del “mal menor” no se aplica como excusa para cooperar formalmente con el mal, sino como acto prudencial que busca evitar un daño mayor cuando no hay opción buena disponible. Votar por el “mal menor” sólo puede ser lícito cuando se intenta evitar un mal más grave y se mantiene la oposición pública y moral al error. Pero la elección de abstenerse, si con ello se favorece la victoria del mal mayor, no es virtud, sino omisión culpable.
La Iglesia ha recordado que el bien común no se reduce a bienestar material o a estabilidad económica, sino que incluye la virtud, la justicia y la verdad. Una sociedad que niega a Dios, aunque prospere externamente, se descompone desde dentro. El orden civil necesita ser sostenido por un principio espiritual: donde Cristo no reina, reinará el pecado. Por eso, el católico que participa en política debe hacerlo no por ambición, sino por caridad; no por poder, sino por servicio. En la medida en que el cristiano viva su fe en el espacio público, la sociedad será transformada. La verdadera revolución es la de los santos: la de quienes, con la fuerza de la verdad, vencen el error sin violencia.
La polis cristiana, por tanto, no es un ideal abstracto, sino una tarea permanente. Se construye cada vez que un hombre justo defiende la verdad, que una ley protege la vida, que una familia educa en la fe, que un ciudadano vota conforme a su conciencia recta. Cristo no ha abdicado de su reino; son los hombres los que han desertado de su fidelidad. Pero mientras haya almas dispuestas a proclamar su soberanía, el orden natural no estará perdido. El deber del católico es mantener encendida esa luz, aunque el mundo entero la combata. No hay voto pequeño cuando se ofrece por amor a la verdad.El reinado social de Cristo no implica una teocracia, sino el reconocimiento público de que toda justicia y toda autoridad proceden de Él. En ese sentido, el voto del católico es una forma moderna de confesión de fe. En la urna, como en el altar, el cristiano afirma que Cristo es Rey, y que sólo bajo su cetro la humanidad encontrará paz. Rechazar ese deber en nombre de un espiritualismo mal entendido es negar que la Encarnación redimió no sólo las almas, sino también las realidades temporales. Dios no creó al hombre para el aislamiento, sino para la comunión, y la política, en su dimensión más alta, es la comunión ordenada al bien común bajo la ley divina.
En la medida en que los católicos vuelvan a comprender el sentido sobrenatural de su participación política, el mundo podrá reencontrar la dirección perdida. Pero mientras el cristianismo se reduzca a un asunto de conciencia privada, los poderes del mundo continuarán imponiendo su falsa libertad. La historia no será redimida por el desinterés ni por la abstención, sino por la acción virtuosa iluminada por la fe. Allí donde un católico vota con amor a la verdad, Cristo reina; donde calla por temor o indiferencia, el mundo se oscurece. La victoria de Cristo sobre la historia comienza en cada acto libre que se somete a su voluntad.
