Una nueva constituyente
Opinión
La consulta popular que propone el presidente Daniel Noboa, para decidir si se debe aprobar o no una convocatoria a Asamblea Constituyente, constituye una oportunidad histórica que Ecuador no puede desaprovechar. Esta no es una cuestión meramente política ni formal; se trata de un momento para corregir la orientación de nuestra legislación y reordenar el país desde principios superiores que han sido, lamentablemente, descuidados en décadas recientes. Se han promovido excesos en materia de derechos individuales, interpretados de manera aislada, desligados de la ley natural, de la tradición del derecho romano que sustenta nuestro sistema jurídico y de la ley divina, que es la fuente última de todo orden verdadero.
El exceso en la regulación de los llamados “derechos individuales” ha generado un marco legal que muchas veces carece de coherencia y justicia. La ley, cuando se aparta de la verdad objetiva, se convierte en un instrumento de arbitrariedad, y en ocasiones en un vehículo de imposición de ideologías ajenas a la identidad de la nación. La consulta popular brinda la oportunidad de rectificar este rumbo y de establecer límites claros que preserven los derechos auténticos —la vida, la familia, la libertad de expresión y la libertad religiosa— mientras se elimina la confusión legal y el desorden social generado por interpretaciones extremas de derechos que, descontextualizados, dejan de servir al bien común.
Es fundamental entender que reconocer a Dios uno y trino como soberano real no es un acto de mera devoción personal, sino la afirmación de un principio organizador que da coherencia a la vida política y social del país. La experiencia histórica muestra que las sociedades que rechazan o minimizan el papel de la trascendencia divina en la organización legal y ética tienden a sufrir fragmentación social, relativismo moral y debilidad institucional. En este sentido, la consulta popular es una oportunidad para que Ecuador vuelva a situar la ley y la autoridad política dentro de un marco que reconoce los límites impuestos por Dios y por la razón, asegurando que las libertades humanas no degeneren en libertinaje ni arbitrariedad.
La autonomía de la familia en la educación de los hijos es un ejemplo claro de la relevancia de esta oportunidad. Las leyes deben garantizar que los padres puedan transmitir valores esenciales y proteger a sus hijos de imposiciones externas que contradigan la visión de la mayoría de la sociedad. La educación, la moral y la formación de la conciencia deben ser espacios protegidos de la injerencia ideológica, en consonancia con los principios de libertad y justicia. Al mismo tiempo, la libertad de expresión debe entenderse como un derecho que posibilita el debate público responsable, la defensa de la verdad y la promoción del bien común, y no como un pretexto para la imposición de opiniones que fragmenten o confundan a la sociedad.
Asimismo, la interpretación de los fueros y privilegios, entendidos como leyes privadas que regulan sectores específicos, debe preservarse en su sentido original: proteger actividades especializadas y regular instituciones de manera coherente, evitando que se conviertan en instrumentos de favoritismo o abuso de poder. Estos mecanismos permiten que la sociedad funcione con orden y eficiencia, asegurando que la acción de ciertos sectores especializados no interfiera de manera arbitraria en la vida de la comunidad.
Una Constitución orientada al bien común requiere también una estructura institucional equilibrada y representativa. La propuesta de una bicameralidad —con un Congreso de representantes elegidos directamente por el pueblo y un Senado integrado por los más capacitados y representantes de las Iglesias y confesiones cristianas— es un diseño que combina la legitimidad democrática con la prudencia ética. Esto asegura que los proyectos de ley y la acción política se sustenten no solo en la voluntad popular inmediata, sino también en criterios de sabiduría y coherencia que protejan la identidad cultural, espiritual y moral de Ecuador.
La libertad religiosa es otro eje central. No se trata solo de un derecho individual, sino de un principio que preserva la cohesión social y protege a la nación frente a la imposición de valores externos que podrían desnaturalizar su historia y cultura. Garantizar la libertad de confesar la fe cristiana permite que la sociedad mantenga un marco moral coherente, donde las leyes se alinean con los principios superiores y no con modas culturales o ideológicas pasajeras.
Esta consulta también debe entenderse como un llamado a reconocer los límites de toda autoridad humana frente al soberano real, que es Dios. La legitimidad de la votación y la creación de leyes no dependen únicamente de la mayoría numérica, sino de la conformidad de las decisiones con principios objetivos y superiores. Solo reconociendo estos límites se puede garantizar que el voto exprese de manera real la voluntad de la mayoría y que las leyes protejan efectivamente la justicia y la libertad, evitando que se conviertan en instrumentos de arbitrariedad o de imposición de ideologías contrarias al bien común.
La consulta representa, además, una oportunidad para revalorizar la herencia jurídica del derecho romano y su relación con la ley natural. Esta tradición ha sostenido por siglos la estructura de los sistemas jurídicos modernos, asegurando que las leyes sean coherentes, universales y justas. Ignorar este legado ha llevado a interpretaciones legales fragmentadas y contradictorias, que dificultan la gobernabilidad y debilitan la confianza ciudadana en las instituciones.
Una Asamblea Constituyente, guiada por principios claros, debe establecer límites a las leyes inferiores y garantizar que los derechos y libertades se ejerzan dentro de un marco que proteja el bien común, la familia, la educación y la religión. La bicameralidad permite que los proyectos de ley surjan de la participación popular, mientras el Senado garantiza que la sabiduría, la prudencia y la representación espiritual actúen como filtros de coherencia. Este diseño asegura un equilibrio entre democracia y responsabilidad ética, promoviendo un marco legal que respete la identidad del país y la dignidad de sus ciudadanos.
El Ecuador avanzará de manera sólida si esta oportunidad se utiliza para construir un país que reconozca sus límites frente al soberano divino, respete la jerarquía de los principios y garantice que la voluntad popular se exprese de manera legítima. Solo así se consolidará una sociedad basada en justicia, libertad responsable y respeto a la identidad cultural y religiosa, evitando que los excesos de derechos individuales, interpretados sin criterio, degeneren en libertinaje o fragmentación social.
En resumen, la consulta popular no es un trámite electoral más: es una oportunidad para reorientar la vida política del Ecuador hacia principios de justicia, libertad auténtica y reconocimiento de Dios como soberano. Permite que la Constitución proteja los derechos verdaderos, asegure la autonomía de la familia y la libertad de expresión responsable, y construya un sistema institucional equilibrado que combine la voz del pueblo con la prudencia y el discernimiento ético. Solo con estas condiciones será posible garantizar un Ecuador estable, justo y libre, capaz de enfrentar los desafíos del futuro sin perder su identidad y coherencia como nación.
