La Medicina en Ecuador
Opinión
La cuestión de si la medicina en Ecuador debe ser pública o privada, así como la naturaleza de su sostenimiento, es un tema de gran relevancia que exige un análisis crítico en el contexto de los derechos establecidos en la Constitución de la República y las leyes conexas al derecho a la salud. La salud, como derecho humano fundamental, debe ser garantizada por el Estado, lo que plantea interrogantes sobre cómo un país sobreendeudado puede ofrecer un sistema que abarque todas las enfermedades y necesidades de su población.
En primer lugar, es esencial reconocer que la Constitución ecuatoriana establece la salud como un derecho fundamental de todas las personas, promoviendo la equidad en el acceso a servicios de salud. Sin embargo, la realidad de un sistema de salud pública que funcione adecuadamente se ve comprometida por limitaciones financieras y estructurales. La falta de recursos, la insuficiencia de infraestructura y la escasez de personal capacitado son solo algunos de los problemas que enfrentan tanto el sector público como el privado. Estas deficiencias han llevado a un deterioro en la calidad de la atención, lo que contrasta con las expectativas establecidas en la Constitución.
El ideal de un sistema de salud que pueda tratar todas las enfermedades es loable, pero en la práctica resulta insostenible. Ecuador, al estar sobreendeudado, enfrenta la dura realidad de que no puede financiar un sistema que asuma la responsabilidad de cada afección, desde las urgencias hasta las enfermedades crónicas. Esto plantea la necesidad de establecer un filtro sobre las enfermedades que el sistema de salud debe atender. El Estado debería priorizar la atención de aquellas condiciones que no solo son críticas, sino también las que tienen un impacto significativo en la salud pública y en la calidad de vida de sus ciudadanos.
Las enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión y los trastornos reumatológicos, son ejemplos claros de condiciones que requieren atención continua y pueden resultar costosas para el sistema de salud. Es esencial que la salud pública garantice la cobertura de estas enfermedades, asegurando que quienes más lo necesitan tengan acceso a un tratamiento adecuado y a un seguimiento oportuno. De no hacerlo, se corre el riesgo de perpetuar un ciclo de enfermedades mal atendidas que incrementarán los costos a largo plazo, además de afectar la calidad de vida de los pacientes.
En cuanto a la cobertura universal de emergencias y urgencias médicas, es crucial que el sistema de salud ecuatoriano garantice atención inmediata para situaciones críticas, como accidentes, infartos o enfermedades respiratorias agudas. Estas emergencias deben ser atendidas en su totalidad por el sector público, y se debe exigir que el sector privado también cumpla con esta responsabilidad sin que el paciente tenga que asumir costos adicionales. Este enfoque no solo es un imperativo ético, sino que también se alinea con el principio de solidaridad que debería regir en un sistema de salud inclusivo.
Sin embargo, la pregunta del financiamiento es fundamental. Aunque la Constitución establece el derecho a la salud, la viabilidad de su implementación dependerá de los recursos disponibles. Ecuador debe preguntarse de dónde provendrán los fondos para un sistema de salud que realmente garantice el acceso a todos. La creación de un modelo mixto, donde la salud pública y privada coexistan de manera complementaria, podría ser una solución viable. En este modelo, el sector privado podría contribuir a la atención de enfermedades menos urgentes, mientras que el sector público se encargaría de las condiciones críticas y crónicas que requieren atención constante.
La cuestión de cómo debe estructurarse el sistema de salud en Ecuador es un tema crucial que involucra tanto la legalidad como la ética médica. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 32, establece que "toda persona tiene derecho a la salud" y que el Estado garantizará la atención integral, equitativa y de calidad. Sin embargo, en un país con limitaciones económicas y sobreendeudado, es imperativo considerar un enfoque estratégico que asegure la viabilidad del sistema de salud y maximice la atención a la población.
Un modelo de atención que contemple la cobertura global de salud es esencial para garantizar una mayor supervivencia de la población. En este sentido, se propone que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) asuma la responsabilidad de brindar atención integral a la población, eliminando los subsidios tipo seguro campesino por un sistema voluntario de extensión. Esta medida no solo facilitaría una mejor gestión de los recursos, sino que también permitiría una atención más focalizada y eficaz en las condiciones de salud que afectan a la población ecuatoriana.
La relevancia de este enfoque radica en la capacidad del IESS para centralizar la atención médica y garantizar el acceso a servicios esenciales. Esto debe complementarse con el Ministerio de Salud Pública (MSP), que se dedicaría a la formulación y ejecución de políticas sanitarias, en lugar de la atención directa. Esta división de responsabilidades no solo optimiza la utilización de los recursos, sino que también asegura que el personal y la infraestructura del MSP estén enfocados en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
Un aspecto crítico que no debe ser pasado por alto es la atención a personas con VIH. La cobertura de tratamientos antirretrovirales y el acceso a atención médica oportuna son fundamentales para evitar la progresión al sida. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento eficaz del VIH no solo reduce la mortalidad entre personas jóvenes, que son esenciales para el desarrollo económico del país, sino que también previene la aparición de complicaciones graves que requieren largas estancias hospitalarias y generan costos elevados para el sistema de salud. Al mantener a estas personas saludables y productivas, se contribuye significativamente al bienestar social y económico del país.
Además, la salud dental debe considerarse parte integral del sistema de salud pública. La cobertura debe extenderse hasta los tratamientos de conducto, aunque no se incluyan procedimientos estéticos. Una pieza dental mal tratada puede llevar a complicaciones severas, como la angina de Ludwig, que puede resultar fatal. Así, garantizar que se realicen los tratamientos dentales necesarios es una inversión en la salud pública que puede prevenir emergencias y gastos extraordinarios para el sistema.
Asimismo, el acceso a fármacos de calidad para el control de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes es crucial. El artículo 364 de la Constitución establece que el Estado debe promover la salud y garantizar el acceso a medicamentos. La mejora en la disponibilidad de estos medicamentos no solo contribuye a un manejo efectivo de estas condiciones, sino que también previene la progresión a enfermedades más graves, como la enfermedad renal crónica, que implica altos costos en diálisis y tratamientos prolongados. La atención temprana y el manejo adecuado de estas enfermedades pueden disminuir significativamente la carga financiera sobre el sistema de salud.
En conclusión, la estructura del sistema de salud en Ecuador debe ser reevaluada y reformada para asegurar que se mantenga un enfoque integral y sostenible. La combinación de atención pública y privada, junto con una política clara de priorización de recursos, no solo garantizará el derecho a la salud de la población, sino que también contribuirá a la estabilidad económica del país. La atención a enfermedades críticas, la salud dental adecuada y el acceso a medicamentos esenciales son pilares fundamentales en este modelo. Solo a través de un enfoque cohesivo y bien fundamentado se podrá avanzar hacia un sistema de salud que garantice el bienestar y la dignidad de todos los ecuatorianos.
Este análisis revela que el debate sobre la medicina en Ecuador debe centrarse no solo en la estructura del sistema de salud, sino también en cómo garantizar que cada ciudadano tenga acceso a la atención médica necesaria. La salud debe ser considerada una inversión en el bienestar social y económico del país. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre las expectativas de cobertura universal y la realidad económica que enfrenta Ecuador. Solo a través de un enfoque estratégico y colaborativo se podrá avanzar hacia un sistema de salud que no solo respete el derecho a la salud, sino que también sea sostenible y eficiente, beneficiando a todos los ecuatorianos, independientemente de su situación económica.
