Ecuador en la Oscuridad

 Opinión

Reflexión Sobre una Crisis Energética, Económica y Política

La crisis energética en Ecuador es sólo la punta del iceberg de una problemática que evidencia las fallas estructurales de nuestro sistema político y el arraigado interés de la clase dirigente por mantener parcelas de poder y privilegio. La discusión en la Asamblea Nacional sobre la ley energética, llevada a cabo en un contexto de crisis generalizada, muestra la verdadera cara de nuestros representantes: en lugar de buscar soluciones concretas, el debate se reduce a una constante evasión de responsabilidades, donde cada bando intenta culpar a otro, mientras el país continúa sumido en la precariedad. La falta de un proyecto integral de país, en el que se prioricen las necesidades de la ciudadanía sobre el interés personal o de grupo, resulta evidente en cada decisión que toman quienes ostentan el poder.

Como médico de clase media y único sostén de mi hogar, no puedo evitar sentir indignación ante el desdén de nuestros líderes hacia el bienestar nacional. La energía eléctrica es vital para el desarrollo económico, social e individual de una nación, pero, en tiempos de emergencia, bien podríamos adaptarnos a un consumo racional en los hogares, incluso con cortes moderados, siempre que las instituciones del país funcionen adecuadamente. Sin embargo, el problema se agrava al no contar con un acceso estable a internet, lo cual afecta el teletrabajo, la educación a distancia y el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos para miles de ecuatorianos que se han visto empujados a trabajar desde sus hogares.

Además, el discurso oficialista ahora plantea la eliminación de subsidios tanto para la luz como para el agua, exponiendo a la población a precios que, en muchos casos, resultan prohibitivos. Es irónico enterarnos recién ahora de que estos servicios han sido subsidiados, como si fuera una noticia diseñada para justificar un alza en los precios que, en última instancia, perjudicará a los más vulnerables. Y aunque no me identifico con posturas de izquierda, hay ciertos derechos básicos que deben ser defendidos. El acceso al agua, por ejemplo, es un derecho humano fundamental que no debería estar condicionado a la capacidad económica de cada ciudadano. La administración de los recursos hídricos debe ser una prioridad, invirtiendo en la creación de embalses y sistemas de almacenamiento que garanticen agua potable durante las épocas de sequía. No es justo que el ecuatoriano promedio pague las consecuencias de décadas de mala administración.

Desde la "década ganada" de Rafael Correa, cuyo apelativo irónico resuena aún hoy, se vislumbraba ya una crisis económica que se ha profundizado con el tiempo. Como médico con 13 años de experiencia, he sido testigo de cómo la falta de oportunidades y los bajos salarios han afectado a mi entorno familiar. Mis padres y hermanos han dependido de mi único ingreso, una situación que no es aislada, sino común entre los ecuatorianos. Si bien es justo que los ciudadanos contribuyan con impuestos para sostener al Estado, es igualmente necesario que los recursos se orienten hacia las verdaderas prioridades: educación, seguridad y salud. Son estos los pilares sobre los cuales debería estructurarse el gasto estatal, sin que los intereses personales o partidistas interfieran en la construcción de un país más justo y próspero.

La educación, en particular, es un área que ha sido gravemente descuidada. Nuestros jóvenes enfrentan un sistema que, lejos de prepararlos adecuadamente para la educación superior, los expone a una competencia desleal con aquellos que han tenido acceso a una mejor formación. No se trata simplemente de una diferencia entre educación pública y privada, sino de una brecha que afecta incluso la preparación psicológica y académica de nuestros estudiantes para asumir las responsabilidades de la vida adulta. Además, el acceso a la educación superior de calidad, como las maestrías, resulta inaccesible para muchos, con costos exorbitantes y trabas burocráticas que limitan las oportunidades de crecimiento.

En el ámbito de la seguridad, la situación no es menos alarmante. Es ineludible la necesidad de desarticular la corrupción en instituciones como la Comisión de Tránsito, que bien podría ser asumida por la Policía Nacional, y de agilizar la atención al ciudadano en todos los niveles. La Policía y el sistema judicial también requieren un fortalecimiento en sus salarios y condiciones de trabajo para evitar que los oficiales caigan en la corrupción. Proteger a los jueces y fiscales es un paso esencial para garantizar la imparcialidad y efectividad de la justicia en un país donde el crimen parece ganar terreno cada día.

El sistema de salud pública, por su parte, debe contar con fuentes de financiamiento estables, aunque esto implique, en el corto plazo, impuestos sobre productos perjudiciales para la salud, como los alimentos procesados y los plásticos de uso común que se sabe tienen efectos cancerígenos. También es esencial una reestructuración del Ministerio de Salud Pública, que debería dedicarse exclusivamente a la política de salud, mientras que la atención directa se centralizaría en el sistema de seguridad social. Un modelo que unifique los seguros de salud para civiles, policías y militares bajo una sola entidad, con sus respectivos consejos, permitiría una gestión más eficaz y menos burocrática de los recursos.

El acceso a una vivienda digna es otro derecho que se ve vulnerado en Ecuador. Es inadmisible que el costo de un arriendo básico represente la mayor parte del salario mensual de un trabajador. Las políticas de vivienda deberían enfocarse en crear opciones accesibles que respondan a las necesidades reales de una familia promedio, no sólo en términos de espacio, sino también en términos de costo, estableciendo una ley de inquilinato que permita controlar los precios en función de los ingresos de los ecuatorianos.

Finalmente, en el ámbito económico, es fundamental que el Estado ejerza un rol activo en la gestión de recursos naturales como los minerales, el petróleo y la energía. Pero esta administración debe ser transparente, y cualquier perjuicio causado por la mala gestión de los recursos debería ser compensado con justicia para el pueblo ecuatoriano, que ha sido el más afectado por la corrupción y la ineficiencia.

Es evidente que Ecuador necesita un cambio profundo. La Asamblea Nacional y los políticos en general deben dejar de legislar únicamente para sus intereses y enfocarse en crear leyes que realmente respondan a las necesidades del país, con un seguimiento adecuado para garantizar su cumplimiento. Basta ya de discusiones estériles y de leyes que quedan en letra muerta. Los ciudadanos merecemos un sistema que funcione, donde el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y la seguridad no dependa de la suerte, sino de una estructura sólida y comprometida con el bien común.

Este es un llamado a todos los sectores de la sociedad para que nos unamos en la construcción de un Ecuador más justo, donde el bienestar de la ciudadanía esté por encima de los intereses de quienes han transformado la política en un negocio.