El sistema electoral cuasi perfecto

Ensayo 

Etimologías Clásicas y Actuales de Términos Relacionados con el Poder Político

1. Democracia

• Etimología clásica: Del griego dēmokratía, formado por dēmos (pueblo) y kratos (poder o gobierno). Significa literalmente "gobierno del pueblo".
• Definición clásica: En la Antigua Grecia, democracia se refería a un sistema de gobierno en el que los ciudadanos libres ejercían directamente el poder político. Su forma más conocida fue en Atenas.
• Definición actual: Hoy, la democracia es comúnmente entendida como un sistema de gobierno representativo, en el que los ciudadanos eligen a sus representantes mediante elecciones periódicas. Se fundamenta en la igualdad política, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

2. Monarquía

• Etimología clásica: Del griego monos (uno, solo) y arkhía (gobierno), significa "gobierno de uno solo".
• Definición clásica: La monarquía clásica es un sistema en el que una sola persona, generalmente un rey o emperador, ejerce el poder soberano. En su concepción ideal, el monarca actúa como protector y guía del pueblo.
• Definición actual: Las monarquías actuales pueden ser absolutas (con poder total del monarca) o constitucionales (donde el monarca tiene un rol simbólico, y el poder real reside en un parlamento).

3. Tiranía

• Etimología clásica: Del griego tyrannos, que originalmente designaba a un gobernante que había tomado el poder de forma no legítima, sin necesariamente ser cruel.
• Definición clásica: En la Grecia clásica, un tirano era aquel que gobernaba sin derecho legal o hereditario. No implicaba inicialmente un juicio moral negativo, aunque con el tiempo el término adquirió connotaciones negativas, asociándose con la crueldad y el abuso de poder.
• Definición actual: Hoy se entiende como un gobierno autoritario o dictatorial donde el líder actúa de manera despótica, restringiendo las libertades y derechos de los ciudadanos.

4. Elección

• Etimología clásica: Del latín electio, derivado del verbo eligere (escoger, seleccionar).
• Definición clásica: Proceso en el que se selecciona a una persona o grupo para un cargo o función, generalmente en el contexto de la participación ciudadana en decisiones políticas.
• Definición actual: Las elecciones son el pilar de la democracia representativa, un proceso en el que los ciudadanos eligen a sus gobernantes o representantes, usualmente mediante voto secreto y universal.

5. Respublica / República

• Etimología clásica: Del latín res (cosa) y publica (pública), significa literalmente "la cosa pública" o "asunto del pueblo".
• Definición clásica: En Roma, respublica describía un sistema de gobierno donde el poder residía en el pueblo y sus representantes, en contraste con la monarquía.
• Definición actual: Una república es un sistema de gobierno donde el poder está en manos de representantes electos y un presidente, en lugar de un monarca. La participación ciudadana es clave, y la soberanía reside en el pueblo.

6. Constitución como Dictadura

• Etimología de dictadura: Del latín dictatura, de dictator, que en Roma designaba a un magistrado con poderes extraordinarios otorgados temporalmente durante situaciones de emergencia.
• Interpretación en el pensamiento clásico: En Roma, la dictadura no tenía la connotación negativa que hoy posee; se consideraba una solución temporal para crisis. El dictador recibía poderes excepcionales para restaurar el orden, pero debía cesar cuando la emergencia terminaba.
• Debate moderno: La idea de que una constitución puede transformarse en una "dictadura" refiere a la posibilidad de que, en situaciones de crisis, se suspendan las garantías democráticas bajo el amparo legal, en un proceso que puede derivar en autoritarismo, como se ha visto en regímenes de emergencia.

7. Dictaduras

• Etimología clásica: Del latín dictatura, como se mencionó anteriormente, donde el dictador tenía poderes absolutos durante situaciones excepcionales.
• Definición clásica: En Roma, la dictadura era temporal y tenía como fin restaurar el orden sin desmantelar el sistema republicano.
• Definición actual: En el contexto contemporáneo, la dictadura refiere a un régimen autoritario donde el poder se concentra en un líder o grupo, sin garantías de derechos fundamentales ni mecanismos de control democrático.

La Escuela de Salamanca y el Pensamiento Jesuita sobre el Poder y la Tiranía

La Escuela de Salamanca fue un grupo de pensadores en el siglo XVI, centrado en la Universidad de Salamanca, que abordó cuestiones de teología, derecho y política. Sus aportaciones sobre el poder y la tiranía fueron fundamentales en la configuración de la teoría política moderna. Los principales representantes, como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, consideraron el poder como algo que emanaba del pueblo, una idea que influiría en las teorías modernas de soberanía y democracia.

• Tiranía según la Escuela de Salamanca: Para estos pensadores, la tiranía se definía como el abuso del poder legítimo. Defendían que el pueblo tenía derecho a resistir y derrocar a un tirano, legitimando así la resistencia a la opresión. Este pensamiento fue un precursor importante de la teoría del contrato social y el derecho natural.

Los jesuitas, especialmente Francisco Suárez, también realizaron importantes contribuciones al pensamiento político. Suárez argumentaba que el poder político no provenía de la naturaleza o de Dios, sino de la comunidad política. Este concepto fue clave para el desarrollo de ideas modernas sobre la soberanía popular y la limitación del poder.

• Suárez sobre la tiranía: Afirmaba que la autoridad de un gobernante tiránico era ilegítima y, por tanto, el pueblo tenía el derecho y el deber de oponerse a dicho gobierno. Este enfoque se alinea con la idea de que el poder debe estar subordinado al bien común.

Importancia de Estas Definiciones para el Ensayo

Entender las etimologías y las definiciones clásicas y modernas de estos términos proporciona una base sólida para explorar más profundamente las estructuras de poder y los sistemas de gobierno. A través del análisis de los conceptos de democracia, monarquía, tiranía, y república, es posible trazar un marco conceptual que permita evaluar cómo el poder es ejercido, limitado y legitimado a lo largo de la historia.

El pensamiento de la Escuela de Salamanca y los jesuitas sobre la tiranía y la resistencia al poder también ofrece una perspectiva crítica que desafía la pasividad frente al abuso de autoridad, un tema de vital importancia para cualquier discusión seria sobre el poder y la política.

Este marco histórico y filosófico es crucial para el desarrollo de un ensayo en el que se analicen las formas de gobierno, la tiranía, y la legitimidad del poder.

Desarrollo

Un sistema electoral cuasi perfecto debe estar fundamentado en principios que garanticen la representatividad, la participación ciudadana y el equilibrio de poder, evitando así la concentración excesiva en manos de una sola persona o grupo. La tiranía o dictadura, como formas de gobierno autoritarias en las que el poder se ejerce sin representación adecuada ni rendición de cuentas, son el opuesto a un sistema democrático funcional. Este ensayo propone un modelo electoral que prioriza la libertad, la responsabilidad de los candidatos y la transparencia, con reformas que aseguren mayor eficiencia y representatividad.

La tiranía y la magistratura: Diferencias esenciales

Para comprender cómo evitar la tiranía en un sistema electoral, primero es necesario definirla. Una dictadura es un régimen en el que una persona o un grupo restringido asume el control absoluto, reprimiendo la participación ciudadana y, con frecuencia, restringiendo las libertades civiles. La tiranía, en su sentido clásico, implica el abuso de poder para beneficio propio, en contraste con el bien común.

Este concepto contrasta con la magistratura, que en la tradición republicana representa el poder temporal, limitado y responsable ante la ley y el pueblo. En este contexto, un sistema electoral debe garantizar que las autoridades actúen dentro de los límites legales y de su mandato, evitando abusos. Una democracia sólida establece mecanismos claros para distinguir entre autoridad legítima y el ejercicio abusivo o autoritario del poder.

Democracia: El poder del pueblo

La democracia, etimológicamente derivada del griego dēmokratía (dēmos = pueblo y kratos = poder), implica el poder directo del pueblo en la toma de decisiones. En una democracia genuina, los ciudadanos eligen libremente a sus representantes, sin restricciones impuestas por el poder.

El sistema electoral cuasi perfecto debe asegurar la celebración de elecciones libres, abiertas y justas, donde la voluntad del pueblo se exprese sin distorsiones. Para lograr este objetivo, es crucial regular los partidos políticos de manera que no concentren el poder. Un modelo en el que los partidos solo operen a nivel local puede disminuir la influencia de las estructuras partidistas nacionales, que suelen convertirse en oligarquías políticas y reducir la diversidad de voces.

Reforma del código democrático: Mayor representatividad y eficiencia

Uno de los grandes problemas de las democracias modernas es el alto costo de las elecciones, tanto en términos económicos como organizativos. El financiamiento público de partidos políticos genera dependencia y corrupción. Un sistema electoral cuasi perfecto debe priorizar la autonomía de los candidatos, quienes deben financiar sus propias campañas. Esto reduciría la carga económica sobre el Estado y promovería la rendición de cuentas y transparencia.

Al no depender de fondos estatales, los candidatos estarían más alineados con los intereses de los ciudadanos y sus financiadores directos, promoviendo una conexión más directa entre electores y elegidos. Además, este cambio reduciría la corrupción sistémica al eliminar la competencia desleal de grandes partidos que monopolizan el acceso a fondos públicos.

Un sistema de votación unificado

El proceso de votación debe ser claro y sencillo. Muchos sistemas electorales contemporáneos son complejos, con múltiples rondas o procesos de representación proporcional que distorsionan la voluntad popular. El modelo cuasi perfecto debe garantizar un proceso de votación directo, en el que cada voto cuente de manera inequívoca y transparente.

Este enfoque simplificado no solo mejoraría la confianza en el sistema, sino que también fomentaría una mayor participación ciudadana. La accesibilidad y la transparencia son esenciales para asegurar que los ciudadanos comprendan y confíen en el proceso electoral.

Reformar la constitución: Mandatos de ocho años sin reelección

Para evitar la concentración de poder, se debe reformar la constitución estableciendo mandatos presidenciales de ocho años, sin posibilidad de reelección. Si bien algunos argumentan que la reelección permite la continuidad de políticas exitosas, también facilita la perpetuación en el poder, lo que a menudo degenera en autoritarismo. Limitar el mandato garantiza la rotación de líderes y la renovación de ideas.

Además, la eliminación de la reelección reduce las tentaciones de manipulación del sistema electoral para beneficio propio, como ha ocurrido en numerosas dictaduras disfrazadas de democracias. Un mandato único de ocho años ofrece tiempo suficiente para implementar proyectos políticos de largo plazo, al tiempo que minimiza los riesgos de abuso de poder.

Por otra parte, se debe incluir en la constitución la posibilidad de destituir al presidente mediante un proceso claro y eficiente de juicio político en casos de corrupción o incompetencia. Esto fortalece la rendición de cuentas y asegura que los líderes sean responsables de sus acciones durante todo el mandato.

La realidad del Ecuador y el problema de la representatividad

El Ecuador enfrenta una crisis de representatividad política que se evidencia en la forma en que los gobernantes asumen el poder con un porcentaje de apoyo muy bajo, a menudo oscilando entre el 11% y el 30% del electorado, debido a la gran cantidad de candidatos que se presentan en las elecciones. Esta situación genera un gobierno que se sostiene sobre una mayoría simple, pero carece de verdadera legitimidad política y representatividad.

Representatividad: Etimología y contexto político

• Etimología: La palabra representatividad proviene del latín repraesentare, que significa "mostrar de nuevo" o "hacer presente", y el sufijo -tivus indica una cualidad. En su sentido político, la representatividad implica que una persona o grupo actúa en nombre de otros, reflejando sus intereses, valores y deseos. La legitimidad de un gobierno, por tanto, se basa en su capacidad para representar efectivamente a la mayoría de los ciudadanos.

El problema de la mayoría simple en Ecuador

La fragmentación del panorama político ecuatoriano, con una gran cantidad de candidatos en las elecciones, permite que un candidato gane con solo un pequeño porcentaje del total de votos. Esto genera un vacío de representatividad porque, aunque el candidato vencedor cumpla con los requisitos legales para asumir el cargo, no refleja el consenso de una mayoría significativa de la población. De esta manera, la "mayoría simple" en términos numéricos no se traduce en una verdadera mayoría política o social.

Este fenómeno genera varios problemas clave:

1. Falta de consenso: Un presidente elegido con solo un 20% del voto carece del apoyo mayoritario necesario para impulsar un mandato con legitimidad.
2. Fragmentación política: La atomización del electorado refleja una falta de cohesión en torno a proyectos o ideas políticas, lo que complica la gobernabilidad y el diálogo político.
3. Inestabilidad democrática: La falta de apoyo popular amplía la distancia entre la ciudadanía y el gobierno, lo que puede desembocar en desconfianza hacia las instituciones y en crisis políticas recurrentes.

Consecuencias para la gobernabilidad

Cuando un gobernante asume el poder con una fracción mínima de apoyo, se enfrenta a dificultades para implementar políticas de manera efectiva, ya que su mandato no goza del respaldo social suficiente. Además, la falta de representatividad tiende a generar un ciclo de inestabilidad política, ya que la sociedad se siente desconectada del gobierno y propensa a la movilización social o a la demanda de reformas estructurales.

Este problema también afecta la calidad de la democracia. Si bien el sistema electoral ecuatoriano permite la elección mediante mayoría simple, en la práctica, se traduce en un déficit democrático, donde un pequeño porcentaje de la población determina el destino político de todo el país. Esto contrasta con el ideal democrático de "gobierno del pueblo", donde la autoridad debe emanar de una mayoría legítima y sustancial.

Reformas posibles

Para abordar esta problemática, algunas propuestas que podrían mejorar la representatividad en el Ecuador incluyen:

1. Segundas vueltas electorales: Implementar o fortalecer el sistema de segunda vuelta electoral, de modo que el ganador siempre tenga que obtener al menos el 50% de los votos, lo que garantizaría un respaldo mayoritario.
2. Reforma de los partidos políticos: Promover reformas que reduzcan la fragmentación de partidos, incentivando la formación de coaliciones y alianzas que unifiquen propuestas políticas y reflejen una mayor coherencia ideológica.
3. Límites al número de candidatos: Considerar la posibilidad de introducir mecanismos que limiten el número de candidatos presidenciales o que exijan un umbral mínimo de apoyo popular para la postulación, asegurando que los contendientes reflejen una base electoral más sólida.

   Cómo asegurar una destitución justa del presidente

   El proceso de destitución de un presidente es un mecanismo crítico en cualquier sistema democrático, ya que permite la rendición de cuentas y garantiza que el líder del país no abuse de su poder ni viole la ley. Para asegurar que la destitución sea justa y equilibrada, se deben establecer procedimientos claros, transparentes y alineados con los principios del debido proceso y el respeto a la voluntad popular. En el contexto del Ecuador, un enfoque efectivo para manejar la destitución podría incluir los siguientes elementos:

   Proceso de destitución: Vicepresidente interino y elecciones inmediatas

   Cuando el presidente es destituido del cargo, el vicepresidente debería asumir el mando de manera temporal, con el objetivo de garantizar la estabilidad gubernamental mientras se organizan elecciones inmediatas. Este proceso podría incluir las siguientes fases:

   1. Asunción temporal del vicepresidente: El vicepresidente asumiría el poder durante un periodo corto y determinado (por ejemplo, tres meses), tiempo suficiente para garantizar una transición ordenada y evitar vacíos de poder. Durante este tiempo, su mandato sería interino y limitado a la organización de las nuevas elecciones, sin capacidad para implementar cambios significativos en la política del país.

   2. Convocatoria a elecciones inmediatas: Durante el mandato temporal del vicepresidente, se convocarían elecciones inmediatas en las que la ciudadanía votaría sobre dos opciones:

      • Ratificación de la destitución: Confirmar la destitución y proceder a elegir un nuevo presidente para completar el periodo restante.
      • Restitución del presidente: En caso de que el pueblo considere que la destitución no fue justa, votar por que el presidente destituido complete su periodo.

   Este mecanismo permitiría que la voluntad popular determine el curso final, lo que fortalecería la legitimidad del proceso.

   Proceso de destitución justo

   Para garantizar que la destitución no se convierta en un arma política, el proceso debe estar sujeto a un conjunto claro de normas que impidan abusos. Los elementos clave incluyen:

   1. Causales claras y específicas: Las causas para la destitución deben estar claramente definidas en la Constitución o en la ley, y deben limitarse a actos de corrupción comprobada o violaciones graves a los deberes constitucionales. Esto garantiza que la destitución no se base en desacuerdos políticos o disputas partidarias, sino en violaciones objetivas.

   2. Debido proceso: Antes de proceder con la destitución, el presidente debe tener el derecho a defenderse ante el Congreso o un tribunal designado, en un proceso público y transparente. Solo tras la evaluación de las pruebas y una deliberación justa debería tomarse la decisión de destituir al presidente. Este proceso debe contar con observación nacional e internacional para asegurar su transparencia y legitimidad.

   3. Veredicto por mayoría calificada: Para evitar destituciones por motivaciones políticas, la decisión debe ser aprobada por una mayoría calificada del Congreso (por ejemplo, tres cuartos de los votos). Esto asegura que la destitución sea el resultado de un consenso amplio y no de una simple mayoría circunstancial.

   4. Restricción de poder del vicepresidente interino: Durante los tres meses de mandato del vicepresidente interino, debe existir un marco legal que limite sus funciones a garantizar la continuidad del gobierno y organizar las elecciones. No debe tener la capacidad de implementar reformas o cambios estructurales que alteren el curso de las políticas públicas, lo que evitaría el uso del poder interino para fines partidistas.

   Excepción: Sentencia condenatoria por actos de corrupción

   En caso de una sentencia condenatoria por actos de corrupción, especialmente en relación con la res publica (bienes o fondos públicos), no sería necesario convocar a elecciones para decidir sobre la destitución. Una condena firme por corrupción debe ser motivo suficiente para la destitución automática del presidente, ya que esta condena demuestra una violación directa de la confianza pública.

   En estos casos, la destitución debería ser inmediata, y el vicepresidente asumiría el poder temporalmente solo hasta que se organice una nueva elección, en la que el pueblo decidiría un nuevo mandatario.

   Importancia de las elecciones inmediatas

   Las elecciones inmediatas permiten que la ciudadanía ejerza su derecho a decidir el destino del país, ya sea confirmando la destitución o rechazándola y permitiendo al presidente continuar en el cargo. Este proceso es crucial para asegurar que el poder siga siendo legítimo y representativo. Además, previene que la destitución se convierta en un medio para alterar el equilibrio de poder de forma antidemocrática.

   Las elecciones, al ser organizadas bajo un mandato interino y con observación de organismos nacionales e internacionales, deben ser transparentes y rápidas, garantizando la continuidad democrática y evitando el vacío de poder.

Reforma de un sistema electoral presidencialista a uno parlamentario

La transformación de un sistema electoral presidencialista a uno parlamentario implica un cambio profundo en la estructura política y la distribución del poder dentro del Estado. Esta reforma no solo afecta la forma en que se eligen los líderes, sino también la dinámica entre el poder ejecutivo y el legislativo, así como el rol de la ciudadanía en la elección de sus representantes.

A continuación, se exploran los fundamentos, ventajas, desafíos y propuestas para implementar una reforma que transforme un sistema presidencialista, como el del Ecuador, en un sistema parlamentario.

Características principales del sistema presidencialista

En los sistemas presidencialistas, como el actual en Ecuador, el poder ejecutivo está encabezado por un presidente elegido directamente por el pueblo. Este presidente es tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno, lo que le otorga amplias facultades ejecutivas. Las características principales de este sistema son:

• Elección directa del presidente por los ciudadanos.
• Separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
• El presidente tiene un mandato fijo, generalmente no depende del Congreso para continuar en el cargo.
• Alta concentración de poder en la figura presidencial.
• Riesgos de inestabilidad si el Congreso y el presidente son de partidos opuestos.

Características principales del sistema parlamentario

En los sistemas parlamentarios, el poder ejecutivo está subordinado al legislativo, y el jefe de gobierno (generalmente un primer ministro) es elegido por el parlamento, no directamente por los ciudadanos. El jefe de Estado, en muchos casos, es un presidente o monarca con funciones ceremoniales. Las principales características del sistema parlamentario son:

• El parlamento (o asamblea legislativa) elige al jefe de gobierno, que suele ser el líder del partido o coalición con la mayoría de escaños.
• El poder ejecutivo depende de la confianza del parlamento; si la pierde, puede ser destituido mediante un voto de censura o moción de confianza.
• Menor separación entre el poder legislativo y ejecutivo, ya que el jefe de gobierno es un miembro del parlamento.
• Gobiernos de coalición son comunes, ya que la mayoría parlamentaria no siempre recae en un solo partido.
• Flexibilidad para cambiar de gobierno sin necesidad de elecciones generales inmediatas, mediante la destitución del primer ministro.

Ventajas de un sistema parlamentario

1. Mayor estabilidad y flexibilidad: En el sistema parlamentario, si el primer ministro pierde la confianza del parlamento, puede ser reemplazado sin necesidad de una crisis política prolongada ni de convocar a nuevas elecciones. Esto reduce la inestabilidad política causada por la coexistencia conflictiva entre el presidente y el congreso, algo común en sistemas presidencialistas.

2. Gobierno más representativo: Dado que el parlamento elige al primer ministro, es más probable que el jefe de gobierno sea representativo de la mayoría parlamentaria, que a menudo refleja mejor las diversas opiniones políticas del electorado. En sistemas presidencialistas, un presidente puede ganar con solo una pluralidad de votos, lo que lleva a una falta de representatividad.

3. Responsabilidad directa del gobierno: En un sistema parlamentario, el primer ministro y su gabinete están directamente sometidos al control del parlamento. Si no gobiernan de manera eficaz, pueden ser destituidos rápidamente mediante un voto de censura. Esto fortalece el sistema de rendición de cuentas.

4. Reducción del personalismo: El sistema presidencialista tiende a concentrar el poder y el protagonismo en la figura del presidente, mientras que el sistema parlamentario distribuye más equilibradamente el poder entre los líderes del parlamento y los miembros del gabinete.

Desafíos de la reforma hacia un sistema parlamentario

1. Transición institucional: El cambio de un sistema presidencialista a uno parlamentario requiere una transformación constitucional y legal profunda. Esto incluye la redacción de nuevas reglas electorales, redefinir las funciones del presidente (si se mantiene una figura presidencial ceremonial), y establecer mecanismos claros para la elección del primer ministro.

2. Cultura política: En un país acostumbrado al presidencialismo, el cambio hacia un sistema parlamentario puede encontrar resistencia, ya que la población está habituada a elegir directamente a su líder ejecutivo. Cambiar esta percepción y educar al público sobre los beneficios del parlamentarismo sería un proceso necesario y largo.

3. Gobiernos de coalición: Los sistemas parlamentarios tienden a generar coaliciones, especialmente en sistemas multipartidistas como el ecuatoriano. Si no se manejan adecuadamente, los gobiernos de coalición pueden ser frágiles y propensos a la parálisis legislativa. La negociación constante entre partidos puede debilitar la toma de decisiones, aunque también puede conducir a políticas más consensuadas.

4. Riesgo de inestabilidad en gobiernos fragmentados: Si el parlamento está muy dividido, puede ser difícil formar una coalición estable, lo que podría llevar a elecciones frecuentes. Aunque el parlamentarismo es flexible en la gestión de crisis, la fragmentación extrema puede llevar a ciclos de inestabilidad.

Propuesta de implementación del sistema parlamentario

Para implementar una transición exitosa de un sistema presidencialista a un parlamentario, se podrían tomar los siguientes pasos:

1. Reforma constitucional: Redactar una nueva constitución que establezca un parlamento con la facultad de elegir al jefe de gobierno. El presidente podría mantenerse como jefe de Estado ceremonial, con funciones simbólicas y protocolares, como en muchos países europeos. Esto requeriría un proceso de reforma constitucional con amplio debate público y consenso.

2. Establecimiento de un sistema electoral proporcional: En un sistema parlamentario, es crucial que el parlamento refleje proporcionalmente las preferencias de la ciudadanía. Se debe implementar un sistema de representación proporcional que permita a los partidos políticos obtener escaños en función del porcentaje de votos que reciben, lo que favorecería la pluralidad y coaliciones más representativas.

3. Regulación clara de coaliciones: Para evitar la inestabilidad política, es esencial establecer mecanismos que favorezcan la formación de coaliciones de gobierno estables. Las reglas de gobernabilidad deben ser claras, incluyendo el manejo de mociones de censura, la disolución del parlamento y las elecciones anticipadas.

4. Educación cívica y reforma política: Para que el sistema parlamentario funcione adecuadamente, es necesario que los ciudadanos comprendan las diferencias entre ambos modelos. Campañas de educación cívica serían fundamentales para explicar cómo elegir al parlamento influirá en la elección del jefe de gobierno.

 Análisis de la situación de inestabilidad frecuente y falta de representatividad política

En muchos países con sistemas presidencialistas, como Ecuador, la inestabilidad política y la falta de representatividad se han convertido en problemas recurrentes. Los presidentes asumen el poder con mayorías simples y, a menudo, sin el respaldo de una verdadera mayoría ciudadana. Esto provoca que un mandatario pueda llegar al poder con apenas el 11-30% del apoyo popular, lo que debilita la legitimidad de su gobierno y genera una fragmentación política crónica.

Además, la multiplicidad de candidatos y partidos políticos tiende a dispersar los votos, y como resultado, los presidentes electos no representan adecuadamente a la totalidad de la población. Este escenario conduce a gobiernos débiles, con dificultades para gobernar y para mantener una relación de cooperación con el legislativo, lo que alimenta la inestabilidad.

La inestabilidad frecuente se manifiesta también en conflictos entre el poder ejecutivo y el legislativo, lo que lleva a situaciones de parálisis gubernamental, destituciones, o presidentes que gobiernan mediante decretos. La falta de representatividad y la fragmentación del poder reflejan la necesidad urgente de cambios estructurales para mejorar la gobernabilidad y asegurar que los representantes reflejen de manera justa la voluntad popular.

Propuesta de cambios estructurales: Sistema parlamentario con eliminación de la figura presidencial

Ante este escenario, se plantea una reforma estructural que no solo modifique la forma de gobernar, sino que elimine la figura del presidente como jefe de Estado y de gobierno, sustituyéndolo por una Cámara de Representantes y un Senado con un rol más representativo y participativo. Esta reforma busca fortalecer la estabilidad política y la representatividad, asegurando un gobierno más inclusivo y menos concentrado en una única figura de poder.

1. Cámara de Representantes con salario básico

• La Cámara de Representantes sería un órgano encargado de legislar y proponer leyes, compuesto por miembros electos por el pueblo.
• Los representantes recibirían un salario básico por sus servicios a la nación, en contraste con los elevados sueldos de los políticos actuales, lo que reduciría los incentivos económicos y promovería un servicio público más genuino.
• El objetivo es que la Cámara sea verdaderamente representativa y accesible a personas de todos los sectores sociales, asegurando que quienes sirvan en este órgano lo hagan por un sentido de deber cívico, y no por intereses económicos o políticos.

2. Senado representativo con participación de diferentes sectores

El Senado tendría un rol más elevado en la toma de decisiones y estaría compuesto por miembros electos por el pueblo y por otros sectores clave de la sociedad, lo que garantizaría un balance de poder más amplio:

• Dos tercios de los miembros del Senado serían elegidos por voto popular, asegurando la participación directa de la ciudadanía en la selección de los líderes que definirán las políticas nacionales.

• Un cuarto del Senado estaría compuesto por académicos destacados, elegidos por instituciones educativas y de investigación reconocidas. Su rol sería aportar un enfoque técnico y basado en el conocimiento a las decisiones políticas, asegurando que las políticas sean informadas por expertos en diversas áreas.

• Un cuarto del Senado sería elegido por el clero u organizaciones religiosas, reconociendo el rol tradicional e histórico de estas instituciones en la vida pública y moral de la sociedad. Aunque su papel sería limitado, su inclusión garantizaría una perspectiva ética y cultural en la toma de decisiones políticas.

3. Distribución de poder más equitativa y balanceada

La propuesta de eliminar la figura presidencial busca evitar la concentración excesiva de poder en una única persona. En un sistema sin presidente, el poder se distribuye más equitativamente entre las cámaras legislativas y otros actores clave. Esto diluiría el poder y evitaría que un solo líder pueda concentrar decisiones fundamentales para el país.

4. Representatividad más inclusiva

La composición del Senado, con participación de la academia y el clero, junto con los representantes electos por el pueblo, asegura una mayor diversidad de opiniones e intereses en el proceso de toma de decisiones. Esto también puede reducir el sesgo hacia un solo grupo de poder, ya que los sectores clave de la sociedad estarían representados.

• La academia contribuiría con el conocimiento técnico y científico, garantizando que las decisiones se basen en evidencias y estudios.
• El clero y las instituciones religiosas, aunque con un rol reducido, aportarían un componente moral y ético, que podría ser esencial en temas sensibles para la sociedad.

5. Un sistema electoral más transparente y participativo

La nueva estructura legislativa garantizaría una mayor transparencia en la selección de representantes. El proceso electoral debe estar basado en la participación ciudadana directa y en un sistema proporcional que refleje la pluralidad de voces en la sociedad. El sistema electoral debe, además, garantizar la inclusión de minorías, reduciendo la fragmentación política mediante reglas claras sobre el acceso al poder, y promoviendo la formación de coaliciones amplias en el parlamento.

El hecho de que los representantes tengan un salario básico y que el Senado esté compuesto en parte por académicos y el clero promovería una mayor vinculación de la sociedad con el sistema político, asegurando que el gobierno esté en sintonía con las necesidades y expectativas de los diversos sectores.

La situación de inestabilidad política y falta de representatividad en Ecuador evidencia la necesidad urgente de cambios estructurales profundos. Eliminar la figura presidencial y transitar hacia un sistema parlamentario es una oportunidad clave para garantizar un gobierno más estable, inclusivo y equilibrado.

La propuesta de una Cámara de Representantes con salario básico y un Senado integrado por sectores electos por el pueblo, la academia y el clero, permitiría distribuir el poder de manera más equitativa, reduciendo la concentración en una sola figura. Esto promovería un sistema político más participativo, basado en la diversidad de voces y la rendición de cuentas.

La reforma busca una mayor representatividad y una reducción de los incentivos económicos en la política, favoreciendo así el servicio público genuino. Este es un momento oportuno para adoptar estas medidas y corregir los problemas de fragmentación y gobernabilidad, fortaleciendo la democracia en Ecuador.

Además, la propuesta de un sistema electoral más transparente y simplificado, junto con la eliminación de la figura presidencial, contribuiría a reducir la fragmentación política y a evitar la concentración de poder en una sola persona o grupo. Un Senado que combine miembros electos por el pueblo, la academia y el clero introduciría una pluralidad de perspectivas en el proceso de toma de decisiones, garantizando que se tomen en cuenta tanto las necesidades ciudadanas como el conocimiento técnico y las consideraciones éticas.

Asimismo, la introducción de mandatos sin posibilidad de reelección y un sistema de financiamiento de campañas más responsable reduciría la dependencia de los partidos hacia fondos estatales, promoviendo un clima político más transparente y orientado al servicio público.

Este cambio estructural fortalecería la gobernabilidad y aseguraría que las decisiones políticas respondan de manera más efectiva a los intereses del país, reduciendo la inestabilidad frecuente y mejorando la representación política. En resumen, la oportunidad de implementar estas reformas radica en la posibilidad de construir una democracia más sólida, con mayor equilibrio de poder, y enraizada en la participación genuina de los ciudadanos, alejándose de los riesgos de tiranía y autoritarismo que han debilitado al sistema actual.

SISTEMA ELECTORAL

Para implementar un nuevo sistema electoral que asegure que solo lleguen al poder aquellos partidos que obtengan al menos un 25% de apoyo de la votación del padrón nacional, se propone la siguiente estructura:

Propuesta de Sistema Electoral

1. División Territorial en Circunscripciones

   • El país se dividiría en circunscripciones electorales basadas en criterios geográficos y demográficos, asegurando que cada región esté representada de manera equitativa. Las circunscripciones se podrían definir como sigue:
     • Noroeste: Incluyendo Galápagos y las provincias de la Costa.
     • Austro-Centro: Abarcando la región andina y la Amazonía.
     • San Francisco de Quito: Distrito Federal, con la capital y áreas aledañas.
     • Guayaquil: Distrito Federal, incluyendo Guayaquil, Durán, Samborondón y Daule.
     • Cuenca: Distrito Federal de Cuenca, Azogues, Paute y Gualaceo con representación específica para esta región.

2. Umbral del 25% de Voto Nacional

   • Para que un partido político obtenga representación en la Cámara de Representantes, deberá alcanzar al menos el 25% del total de votos emitidos en el padrón nacional. Esto significa que, en las elecciones, un partido no podrá acceder a escaños a menos que obtenga esta proporción mínima de apoyo, lo que ayuda a evitar la fragmentación y asegura que solo aquellos con un respaldo significativo lleguen al poder.

3. Cálculo de Votos y Representación

   • Cada circunscripción tendrá asignada una cantidad de escaños proporcional a su población. Los votos se contabilizarán a nivel nacional, y los partidos que superen el umbral del 25% se distribuirán los escaños disponibles en función de su porcentaje de votos en cada circunscripción.
   • Se podrá aplicar un sistema de representación proporcional mixta, donde los escaños se dividan en parte entre candidatos elegidos directamente en cada circunscripción y en parte entre listas proporcionales que reflejen el apoyo nacional de los partidos.

4. Segunda Vuelta Electoral

   • Si ningún partido logra el 25% de apoyo en la primera ronda de votación, se llevará a cabo una segunda vuelta entre los partidos que obtuvieron el mayor número de votos, asegurando que el partido que acceda al poder tenga un respaldo mayoritario.

5. Incentivar Coaliciones

   • Se fomentará la formación de coaliciones entre partidos para alcanzar el umbral requerido. Esto promoverá el diálogo y la cooperación política, y alentará a los partidos a trabajar juntos en lugar de competir ferozmente en un entorno fragmentado.

6. Fiscalización y Transparencia

   • Se establecerán mecanismos de fiscalización y transparencia en el proceso electoral para garantizar que el conteo de votos y la distribución de escaños sean justos y equitativos. Esto incluye la participación de observadores independientes y el uso de tecnología adecuada para el monitoreo.

Este nuevo sistema electoral propuesto tiene como objetivo asegurar que solo aquellos partidos con un respaldo significativo y representativo de al menos el 25% del electorado nacional lleguen al poder. La división en circunscripciones y la implementación de un sistema de segunda vuelta fortalecerán la legitimidad del gobierno, promoviendo una política más estable y representativa. Al fomentar la colaboración entre partidos y asegurar una representación equitativa, se buscará construir un sistema político más robusto y conectado con la voluntad del pueblo.

Propuesta de Registro de Partidos Políticos

Para fortalecer el nuevo sistema electoral y asegurar que solo aquellos partidos con un respaldo significativo puedan participar, se implementarán las siguientes medidas para el registro y la permanencia de los partidos políticos:

1. Umbral de Registro para Nuevos Partidos

   • No se permitirá el registro de nuevos partidos políticos que no obtengan al menos un 25% de apoyo en la votación del padrón nacional en las elecciones anteriores. Esta medida asegura que solo los partidos con una base de apoyo sólida y representativa puedan competir en futuras elecciones.

2. Eliminación de Partidos con Bajo Rendimiento

   • Aquellos partidos que en dos elecciones consecutivas obtengan menos del 15% de los votos serán eliminados del registro de partidos políticos. Esto evitará la fragmentación del sistema político y la presencia de partidos que no cuentan con un apoyo popular significativo.

3. Registro de Movimientos Políticos Locales

   • Los movimientos políticos locales podrán registrarse, pero deberán hacerlo en los tribunales locales provinciales o federales. Para su registro, deberán obtener un mínimo del 20% de firmas del padrón electoral de su circunscripción correspondiente. Este requisito asegura que los movimientos locales tengan un respaldo genuino de la comunidad antes de participar en el proceso electoral.

4. Fiscalización de Firmas

   • Se establecerá un mecanismo de fiscalización para verificar la autenticidad de las firmas recolectadas por los movimientos políticos locales. Esto garantizará que el proceso de registro sea transparente y que los movimientos realmente representen a una porción significativa de la población.

5. Revisión Periódica de Registro

   • Habrá revisiones periódicas del registro de partidos para asegurar que se mantenga la calidad y la representatividad del sistema político. Esto incluirá la evaluación del desempeño electoral de los partidos y movimientos, así como la validación de su continuidad en el registro.

Estas medidas tienen como objetivo construir un sistema político más robusto y representativo, eliminando partidos y movimientos que no cuenten con un apoyo significativo de la ciudadanía. Al establecer umbrales claros y requisitos de registro, se promueve un entorno político más estable y cooperativo, donde solo aquellos con un respaldo real puedan participar en el proceso democrático. Esta estructura contribuirá a una representación más eficaz de los intereses del pueblo y a una gobernabilidad más sólida.

Galo Guillermo Farfan Cano