Repensando la Jubilación: Un Enfoque Integral para Mejorar la Calidad de Vida
Propuesta para fortalecer el sistema de pensiones sin prolongar la vida laboral de los trabajadores
La reciente propuesta del director general del seguro social de retrasar voluntariamente la jubilación hasta los 65 años o más, con el incentivo de un pequeño aumento en la pensión, resulta sumamente controvertida y carente de sensibilidad hacia la realidad de la mayoría de los trabajadores. Esta medida parece diseñada para beneficiar a cargos gerenciales que pueden permitirse una vida laboral prolongada, mientras ignora completamente las condiciones de la clase media y trabajadora, que a menudo enfrenta trabajos físicamente exigentes y tiene una esperanza de vida significativamente menor. Como médico, he observado que muchas personas en este grupo apenas llegan a los 70 años, con casos excepcionales superando los 80. Los estudios actuariales, fundamentales para decisiones de esta índole, no parecen haber sido considerados.
La propuesta también desatiende la posibilidad de mejorar la calidad de vida mediante una jubilación más temprana, a los 55 años, lo que permitiría a los trabajadores disfrutar más tiempo con sus familias y vivir una vida más plena y saludable. Este enfoque no es nuevo; países como Alemania han implementado medidas para reducir la edad de jubilación con el objetivo de mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, la propuesta actual sólo perpetúa una situación en la que las personas más pobres, que no pueden permitirse el lujo de retrasar su jubilación, continúan trabajando hasta la muerte.
El incremento del IVA y los impuestos a la salida de divisas también agravan la situación, disminuyendo el poder adquisitivo de la clase media sin un aumento correspondiente en los salarios. Este escenario resulta en un mayor costo de vida y menos capacidad para ahorrar, lo que debilita aún más la seguridad financiera de los trabajadores.
En lugar de promover el retraso de la jubilación, sería más beneficioso considerar un aumento en las aportaciones al sistema de pensiones y en los regímenes especiales. Proponer un aporte adicional del estado de entre el 3% y el 5% anual para las fuerzas armadas, la policía, el personal sanitario y los magisterios, así como la creación de un fondo de cesantía del 10% de la Rmu aparte del aporte al IESS, podría proporcionar una red de seguridad más robusta. Este fondo, al estar disponible para los trabajadores en caso de desempleo, les permitiría acceder a sus ahorros en momentos de necesidad, promoviendo una mayor estabilidad económica.
La solución no reside en pedir a los ciudadanos que trabajen más años, sino en desarrollar políticas que fortalezcan el sistema de pensiones y mejoren la calidad de vida de los trabajadores. Es fundamental que las autoridades reconsideren su enfoque y prioricen medidas que verdaderamente beneficien a la población, en lugar de propuestas que sólo aumentan la carga sobre aquellos que ya enfrentan las mayores dificultades.
