Vox Populi
Sobre la consulta de DNA
La presidencia de Rafael Correa marcó un período significativo en la historia de Ecuador, especialmente en su enfoque hacia el narcotráfico. Correa implementó políticas centradas en la soberanía nacional y una postura menos dependiente de la influencia estadounidense en asuntos de seguridad y narcotráfico. Las relaciones internacionales durante su gobierno mostraron un giro hacia la alianza con países de la Alianza Bolivariana, lo que redefinió el enfoque de seguridad del país. A pesar del crecimiento económico, la problemática del narcotráfico empezó a tomar un perfil más prominente, afectando la estructura social y económica de Ecuador.
Con la llegada de Lenín Moreno, se esperaba un cambio en la política de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, Moreno enfrentó enormes desafíos, incluyendo una creciente influencia de los carteles y un aumento en la violencia relacionada con el narcotráfico. Su gobierno intentó implementar medidas más efectivas, pero se encontró con limitaciones tanto estructurales como de recursos.
Guillermo Lasso heredó un escenario complejo. Su gobierno ha intentado adoptar un enfoque más agresivo para combatir el narcotráfico, aunque todavía es temprano para evaluar el impacto total de estas políticas. La situación del narcotráfico sigue siendo una de las principales preocupaciones de seguridad nacional en Ecuador.
El narcotráfico ha tenido un impacto profundo en las instituciones ecuatorianas, permeando diferentes niveles del gobierno y socavando la confianza en el sistema judicial. La sociedad ecuatoriana ha sido testigo de un aumento en la violencia y una alteración en las dinámicas comunitarias, especialmente en áreas más vulnerables a la influencia del narcotráfico.
En el contexto latinoamericano, Ecuador ha enfrentado desafíos similares a otros países de la región en términos de lucha contra el narcotráfico. La posición geográfica de Ecuador, entre Colombia y Perú, dos grandes productores de cocaína, lo convierte en un país clave en la ruta del narcotráfico. La propuesta de consulta popular del presidente Daniel Noboa, centrada en medidas de seguridad y reformas penales, no solo despierta interrogantes sobre su necesidad y eficiencia, sino que también pone en juego la percepción de su liderazgo y manejo de prioridades nacionales.
La situación económica de Ecuador, marcada por la escasez de recursos financieros que el presidente Daniel Noboa y su ministro de economía han denunciado desde el comienzo de su gestión, añade una capa adicional de complejidad a la propuesta de consulta popular. Esta escasez financiera, subrayada por declaraciones gubernamentales sobre la limitada disponibilidad de fondos para programas esenciales, contrasta marcadamente con la decisión de avanzar en una consulta que implicaría un gasto considerable. Este contraste no solo es fiscalmente incongruente, sino que también podría percibirse como una desconexión entre las prioridades del gobierno y las necesidades inmediatas de la población.
La crítica situación financiera del país, exacerbada por la pandemia y sus consecuencias económicas, hace que el gasto en una consulta popular parezca aún más cuestionable. El gobierno ya enfrenta críticas por su solicitud de fondos a la Asamblea Nacional para certificaciones como las normas ISO, un gasto que, aunque potencialmente beneficioso, es visto por muchos ciudadanos como no prioritario y de dudosa relevancia inmediata. Esta percepción de priorización de gastos no esenciales sobre necesidades más urgentes podría intensificarse con la realización de la consulta, alimentando el descontento y la desconfianza hacia la administración de Noboa.
En este contexto, la consulta popular propuesta no solo se enfrenta a cuestionamientos sobre su relevancia y necesidad, sino que también podría impactar negativamente en la credibilidad y legitimidad del gobierno. En un momento en que el país requiere una gestión fiscal prudente y enfocada en la recuperación económica y el fortalecimiento de servicios básicos, la decisión de invertir en un proceso costoso y potencialmente redundante puede percibirse como una desconexión con las realidades y prioridades del pueblo ecuatoriano. Este escenario coloca al gobierno de Noboa en una posición vulnerable, donde incluso un resultado favorable en la consulta podría ser eclipsado por el creciente escrutinio y crítica de sus decisiones fiscales y de gestión.
Al profundizar en el análisis de las consultas populares anteriores en Ecuador, se destaca que, aunque reflejan un ejercicio democrático, suelen incurrir en costos elevados, con presupuestos que oscilan en decenas de millones de dólares, una suma considerable para un país enfrentando serios retos económicos. Esta realidad económica agudiza la crítica hacia la decisión de destinar recursos significativos a un proceso cuestionable, cuando sectores como la salud y la educación claman por inversión y fortalecimiento.
Mirando más allá del aspecto fiscal, la consulta de Noboa puede interpretarse como una táctica política riesgosa. Si bien buscar la opinión del pueblo sobre temas de seguridad puede parecer una estrategia para reforzar su imagen como un líder alineado con las preocupaciones ciudadanas, también puede percibirse como una falta de decisión o claridad en su administración.
En caso de un resultado positivo en la consulta, esto no necesariamente se traducirá en un fortalecimiento de su figura política. Por el contrario, podría interpretarse como un presidente que, en lugar de tomar decisiones firmes y directas mediante los canales legislativos establecidos, opta por delegar estas decisiones cruciales al pueblo, posiblemente diluyendo su liderazgo.
Esta percepción se ve agravada por el hecho de que las medidas propuestas en la consulta podrían ser efectuadas a través de la Asamblea Nacional, lo que sugiere una posible subutilización de los mecanismos legislativos existentes. En este contexto, incluso un resultado favorable en la consulta podría dejar a Noboa en una posición debilitada, enfrentando críticas por incurrir en gastos innecesarios y por no ejercer el liderazgo decisivo que se espera de un jefe de Estado.
Además, la consulta se presenta en un momento en que Ecuador, al igual que muchos países, enfrenta desafíos post-pandémicos significativos, incluyendo la recuperación económica y la gestión de una sociedad cada vez más polarizada. En este entorno, la decisión de priorizar una consulta popular en temas de seguridad, que bien podrían abordarse a través de vías legislativas, plantea dudas sobre la capacidad del presidente para identificar y actuar sobre las prioridades más apremiantes de la nación.
Definitivamente la propuesta de consulta popular de Noboa, si bien busca abordar temas de relevancia nacional, corre el riesgo de ser vista no solo como una gestión imprudente de recursos, sino también como una estrategia que podría debilitar su posición política, poniendo en entredicho su capacidad para liderar con eficacia y tomar decisiones estratégicas en un momento crítico para el país.
